Luis Pérez, Alvise, el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), la lista electoral que dio la sorpresa en las pasadas elecciones europeas, intenta rebajar a una irregularidad fiscal el delito de financiación ilegal del que le acusa la Fiscalía por haber recibido 100.000 euros para su campaña. En su canal de Telegram, ha publicado un mensaje en el que asegura que se “enfrentaría [a] una multa por aceptar 100.000 euros como autónomo sin factura”. Y añade que “el pago de servicios en efectivo de CryptoSpain siendo autónomo no está permitido para cantidades superiores a los 1.000 euros”.
El ya eurodiputado, que cuenta con el asesoramiento de costosos despachos de abogados, asume implícitamente que percibió los 100.000 euros, tal como ha declarado Álvaro Romillo, dueño de un chiringuito financiero (Madeira Invest Club) que colaboró en su campaña de captación de fondos, pero trata de darle la vuelta y presentarlo como si fuera el pago de un servicio que él habría prestado al empresario y cobrado en negro. En la misma línea de defensa, sostiene que la Fiscalía le acusará de “haber usado el dinero para regalar 5.000 camisetas y gorras, pagar los vehículos de campaña, hoteles y vuelos, o imprimir los dos millones de papeletas que repartió por todo el país, entre otros gastos electorales”.
El mensaje se refiere a Alvise en tercera persona, de forma que podría alegar que lo ha escrito un colaborador suyo y que su contenido no supone una confesión de que efectivamente sea cierto que cobró los 100.000 euros. No obstante, es él quien controla su canal de Telegram, donde nada se publica sin su autorización.
Por el contrario, en el escrito remitido por la Fiscalía General del Estado al teniente fiscal del Tribunal Supremo, por ser este órgano el competente para enjuiciar a Alvise, dada su condición de eurodiputado, se apuntan indicios de la comisión de una falta mucho más grave: un delito de financiación ilegal de partidos políticos castigado por el artículo 304 ter del Código Penal. Este castiga con la pena de prisión de uno a cinco años al que participe en estructuras u organizaciones “cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley”.
El intercambio de mensajes entre el político y el experto en criptomonedas a través de la red de mensajería Signal, que el segundo ha aportado junto con su denuncia, revela que ambos montaron una estructura opaca para que Alvise recibiera dinero para financiar su campaña sin que quedara rastro alguno del mismo. “Necesito fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”, le pidió el líder de SALF al experto.
Alvise se revuelve contra su antiguo socio en otro mensaje de su canal de Telegram publicado este jueves. “El presunto estafador Álvaro Romillo (CryptoSpain) habría pactado que Fiscalía no solicite prisión preventiva por fraude a cambio de acusar a Alvise de darle 100.000€ para ‘ayudarle a financiar su campaña electoral’ bloqueada por los bancos”, escribe.
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El letrado de Romillo ha presentado este jueves un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que investiga el cierre de Madeira Invest Club, en el que pide que se incorporen a la causa el escrito que su cliente presentó ante la Fiscalía General del Estado el pasado 19 de septiembre, en el que daba cuenta de sus relaciones con Alvise, y la ampliación de la autodenuncia que realizó el pasado martes, en la que incluía los mensajes de voz que le envió el ya eurodiputado y un informe pericial que avalaba la autenticidad de las capturas de mensajes intercambiados con este. El empresario reitera su disposición a declarar ante el juez y facilitar la documentación que se le requiera.
Es probable, sin embargo, que esta declaración se posponga hasta que se determine si la causa sigue en manos de la Audiencia Nacional o pasa al Supremo. Además de la Fiscalía, la asociación de afectado por el cierre del chiringuito finaciero, a los que representa el despacho Aranguez, ha pedido que el caso pase al Supremo y que se impute a Alvise por “promocionar esta estafa en distintos actos públicos”.
El pasado 6 de abril, Avise participó en un acto en el Hipódromo de la Zarzuela que presentó en sus redes como un mitin preelectoral, pero en realidad se trataba de un evento de promoción de los productos de Madeira Invest Club, al que asistieron unos 3.500 poteciales inversores. Tanto esta sociedad como su matriz, Proelucyon LLC, domiciliada en Nuevo México (EE UU), ya había sido objeto el 23 de mayo de 2023 de una alerta de la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV), que avisó de que no tenían permiso para realizar actividades reservada a las instituciones de inversión colectiva.
