La apuesta por la convivencia y la desinflamación de los ánimos políticos excitados en toda España por la frustrada declaración de independencia de Cataluña del otoño de 2017 han avanzado mucho desde que el PSOE de Pedro Sánchez emprendió esa vía. El Tribunal Constitucional la avaló el jueves, como era de esperar, pero como también era de prever, hay una influyente parte de España que rechaza esta orientación política. Más todavía: la detesta, rechaza las políticas de pacificación y se resiste a aplicarlas.
Es lo que se ha comprobado con las rotundas descalificaciones con que los líderes del PP y Vox han replicado a la sentencia del Tribunal Constitucional que valida la amnistía de los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo. Es lo que ya se vio en 2021 con los indultos que constituían el antecedente de esta amnistía. Los sectores políticos que se opusieron a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 y que acto seguido promovieron y aplaudieron su desmoche por el Tribunal Constitucional en 2010 siguen apostando fuertemente por el rechazo total y la confrontación con todo lo que provenga del catalanismo. Con todo lo que provenga del catalanismo y con quienes sean sus amigos, socios o compañeros en toda España, que son en primer lugar las fuerzas progresistas y los partidos de las nacionalidades. Es decir, la mayoría política gobernante.
La desinflamación propuesta por el PSOE de Pedro Sánchez tenía en Cataluña su primer objetivo, pero el segundo era la propia sociedad española. Ha tenido una aceptación asimétrica. Aunque desde luego quedan reductos inmunes a las ofertas de diálogo y transacción, la sociedad catalana ha aceptado y asumido la política de convivencia ofrecida por Pedro Sánchez y su Gobierno. Cataluña está encalmada, expectante ante los desarrollos de la oferta.
No puede decirse lo mismo del escenario general. La mayoría social y política española asume la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar el conflicto constitucional catalán heredado de la etapa del presidente Mariano Rajoy. Pero si hemos de juzgar por el espectáculo ofrecido por el PP y VOX en el Congreso de los Diputados en la última sesión de control parlamentario antes de las vacaciones, la oposición de las derechas persigue el derribo del Gobierno al precio que sea. Prefiere el choque, la confrontación a cara de perro. Desecha el diálogo y su política para Cataluña es la de tratarla como tierra conquistada. La penúltima deriva ha sido emprender insensatamente la deslegitimación del propio sistema democrático cuando uno de sus líderes tan cualificados como José María Aznar ha dado pábulo a las insidias de la derecha radical sobre fraude electoral.
Un indicio claro de la existencia de una minoritaria pero consistente base social y política hostil a las políticas de diálogo en Cataluña surgió cuando, en otoño de 2017, en plena efervescencia, se extendió con rapidez la campaña de la ultraderecha a favor de una respuesta policial al conflicto, al son de las consignas de “a por ellos” que despedían a las fuerzas enviadas a Barcelona. Era claramente un brote de guerracivilismo. Los ecos del “a por ellos” siguen sonando de vez en cuando y pueden escucharse ahora de nuevo en la campaña contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía.
