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Los estudiantes universitarios tendrán garantizado por ley su derecho a la bonificación de los precios de la matrícula. Es una de las principales novedades que recogerá el anteproyecto de la futura Ley de Universidades para Andalucía (LUPA). El Consejo de Gobierno ha iniciado este martes su tramitación que finalizará con la aprobación del texto legal en esta legislatura, que concluye en 2026.
Desde el año 2017, la Junta de Andalucía aplica bonificaciones de hasta el 99% del coste de la carrera universitaria a los estudiantes de sus diez campus públicos. Actualmente, cada alumno paga el primer curso, salvo si tiene beca, y el resto le puede salir casi gratis si aprueba todas las asignaturas. Esta medida afecta tanto a los grados como a los másteres y se ha ido renovando y ampliando cada curso. En la terceras, cuartas y sucesivas matrículas, la bonificación general baja al 5%.
A partir de la aprobación de la norma, este derecho tendrá «por primera vez» rango legal y no dependerá de la voluntad del Gobierno de turno, ha subrayado José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación . Ello permitirá blindar la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza académica.
«Es la mayor reforma normativa del sistema universitario en los últimos 30 años», ha resaltado este martes el consejero de Universidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha desgranado las modificaciones que introducirá la futura ley.
Un 3% de ingresos para becas en universidades privadas
La nueva ley también obligará a las universidades privadas a destinar un 3% de sus ingresos anuales a becas y ayudas al estudio y que un 5% de sus presupuestos se dedique a financiar planes propios de investigación. Además, se establecen nuevas condiciones para abrir una institución académica privada en Andalucía como que los promotores y gestores de estas iniciativas dispongan de una trayectoria «contrastada» en el servicio público de educación superior.
Según recoge la futura ley, para fomentar la proyección internacional de las universidades, todos los estudiantes tendrán que disponer del certificado B2 en un idioma extranjero para obtener un título académico oficial y también será obligatorio para el acceso del profesorado a las categorías de personal ayudante doctor y contratado doctor. Esa condición será exigible a partir de octubre de 2029. Ahora mismo se exige un B1. La idea es «fomentar el nivel de idiomas», ha señalado Villamandos. Añade que «nadie deja de egresar» por acreditar un nivel de idiomas.
Tras el visto bueno del Consejo de Gobierno, la Consejería de Universidad someterá el texto legal a información pública y solicitará los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta, del Consejo Andaluz de Universidades o del Consejo Consultivo para su visto bueno como proyecto de ley y su traslado posterior al Parlamento andaluz, donde será sometido a debate para su aprobación. Una vez aprobado, la norma sustituirá a la actual regulación que data de 2013, ha sido consensuado con los rectores, la comunidad educativa y los agentes económicos y sociales.
Más requisitos para crear universidades privadas
La norma endurece los requisitos para la creación, desarrollo y funcionamiento de universidades privadas. La norma estatal no especifica los criterios para su reconocimiento, puntualiza el consejero de Universidad.
«Teniendo en cuenta que tenemos más de 15.000 estudiantes fuera del sistema universitario andaluz, debemos apostar por un ecosistema superior que sea de una gran calidad», ha justificado Villamandos. En la cercana Región de Murcia es donde más estudiantes andaluces están cursando carreras universitarias. Para aumentar el control, se han «clarificado» criterios y se pedirá un doble informe a la Agencia de Calidad Universitaria, indicó. A su vez, se pondrá en marcha un cuerpo de funcionarios de inspección de la actividad universitaria.
La norma, según ha explicado el consejero, busca «favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica» de los profesores. Con este objetivo, el anteproyecto permite que el personal docente e investigador colabore con otros agentes del sistema del conocimiento como, por ejemplo, los parques tecnológicos. Asimismo, la futura norma fomenta las figuras del ayudante doctor, que inicialmente no contemplaba la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), y el del ayudante doctor vinculado al sistema sanitario.
Sin limitación de horas lectivas para docentes asociados
Lo que se pretende es asegurar un relevo generacional de calidad que refuerce el sistema universitario. Actualmente, la edad media para alcanzar la estabilidad laboral del profesorado oscila entre los 45 y 50 años. Antes de la pasada crisis financiera, este proceso se producía alrededor de los 35 años. «Queremos volver a esa situacion para tener un relevo generacional de calidad y no en masa», ha detallado el consejero de Universidad.
Por otro lado, el anteproyecto corrige algunos criterios establecidos en la LOSU haciendo valer sus competencias autonómicas. La ley del Ministerio de Universidades impedía a los docentes asociados impartir más de 120 horas por curso. La Junta elimina esta limitación. Hay universidades que «no han podido incorporar» a estos docentes «en programas posdoctorales de excelencia como consecuencia de esta norma del Ministerio de Universidades», lamentó el responsable autonómico.
