El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha reunido este miércoles en Melilla con el vicepresidente primero de la ciudad autónoma, Miguel Marín (PP), para impulsar el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas y evitar la saturación de los territorios más afectados. Mientras el acuerdo sellado entre el Gobierno y Canarias el pasado mes para establecer un mecanismo de solidad interterritorial peligra por las presiones de Vox al PP, el ministro ha exhibido su sintonía con el gobierno melillense, en manos populares desde 2023. Tanto Torres como Marín han insistido en que la “solidaridad” es imprescindible para que en el futuro, el conjunto del país respalde a las autonomías más afectadas, y han instado a que la situación se resuelva antes del mes de agosto.
El pacto entre el Gobierno y Canarias plantea la modificación de la Ley de Extranjería para activar un protocolo de reparto obligatorio de migrantes menores de edad por el resto del territorio cada vez que la ocupación de los centros de menores de una región sobrepase el 150% de su capacidad. Su aprobación definitiva depende de una mayoría simple en el Congreso y del consenso entre las autonomías, la mayoría gobernadas por el PP.
El ministro ha asegurado que establecer un mecanismo como este es la solución más eficaz para estar prevenidos ante los futuros cambios en las rutas migratorias. “Los migrantes modifican su ruta, así que hoy es un territorio y mañana puede ser otro. Pero en el caso de Ceuta, Melilla y Canarias, hay una presión migratoria que suele alcanzar el 150% de plazas ocupadas, así que es necesaria la solidaridad”, explicaba.
Para Torres, el problema se ha intentado resolver de formas diferentes pero “nunca ha terminado de funcionar”, por lo que la “única solución posible” es una modificación legislativa que asegure un “marco jurídico regulado” para resolver este tipo de crisis. El ministro ha aprovechado su visita para detallar al Gobierno melillense los puntos del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Canarias. La fórmula se abordará en la conferencia sectorial que se celebrará el próximo miércoles 10 de julio, en la que consejeros de todas las comunidades autónomas se reunirán para tratar de llegar a un consenso.
La de Marín no es la única voz del PP favorable al reparto. El presidente de Ceuta —ciudad que también sufre una fuerte presión migratoria—, Juan Jesús Vivas (PP), también pedía “solidaridad” y “sentido de Estado” para abordar la situación en una entrevista telefónica con EL PAÍS publicada este miércoles.
Aunque los populares se han mostrado abiertos a cohesionar la respuesta de las 11 comunidades en las que gobiernan, la relación con Vox, de la que depende la gobernabilidad de algunos ejecutivos regionales, dificulta el acuerdo. Tras acusar al PP de “traición” por el acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el CGPJ, la formación ultraderechista está amenazando incluso con romper los Gobiernos que mantiene con el PP en cinco comunidades autónomas. La presión de Vox ha arrastrado al PP a endurecer su discurso sobre el reparto de los migrantes, como demostraba este miércoles el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, al acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “provocar un efecto llamada” y de no “defender las fronteras”.
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Este miércoles, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha dado un paso más al reclamar ayuda a la UE para un mayor control de la inmigración. “Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en España”, ha alertado en Cascais (Portugal) en presencia de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
El Gobierno pretende compensar económicamente a los territorios de acogida, pero algunas regiones gobernadas por el PP, como Andalucía, esgrimen que ya están al borde del colapso incluso si los datos no refrendan su tesis. La situación de los jóvenes migrantes es especialmente dura en Canarias, donde los datos de la Policía Nacional del 31 de enero de 2024 cifraban en 4.321 los menores no acompañados en las islas, seguidos por Andalucía (1.720), Madrid (1.460) y Cataluña (1.430).
Canarias, al límite
Una muestra de la situación caótica es lo sucedido en uno de los centros de acogida abiertos para atender a estos menores. Ante el auge de las oleadas migratorias, Lanzarote abrió el centro en la Casa del Mar hace siete meses, pero las condiciones insalubres de sus instalaciones y la mala calidad de la comida llevaron a la Fiscalía a reclamar su cierre en un plazo de 15 días el pasado mes de mayo. Después de haber destinado 536.000 euros para su gestión, el Gobierno de Canarias prometió cerrarlo, pero a día de hoy, sigue abierto y 55 menores viven en él en pésimas condiciones.
En su intento por aliviar la situación, el Ejecutivo canario —en coalición de Coalición Canaria y PP— ha solicitado a Puertos del Estado la habilitación de espacios para acoger y atender a los menores migrantes en carpas, esgrimiendo la “insostenible” situación de colapso que sufre la comunidad. La decisión ha provocado la respuesta la fiscal delegada de Extranjería de Canarias, Teseida García, que sostiene que esta medida vulneraría la Convención de los Derechos del Niño y negaría derechos básicos de “niños que viajan solos” y que son “muy vulnerables”.
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