El atentado múltiple del 11 de marzo de 2004 en Madrid, del que ahora se cumplen 20 años, supuso un antes y un después en la memoria de todos, y una gran ruptura en las vidas de las víctimas (193 muertos y cerca de 2.000 heridos) y sus familiares. Pero también marcó un punto de inflexión en la lucha antiterrorista y en la gestión política y mediática del terrorismo. Dos décadas después, estas son algunas de las lecciones aprendidas y de los aprendizajes extraídos del peor atentado jamás registrado en suelo europeo.
“Las víctimas aprendimos que hay víctimas que gustan y otras que no”. A sus 41 años, dos décadas después de que las bombas que los terroristas pusieron en los trenes que se dirigían a Atocha le arrancasen parte de su rostro, Zahira Obaya sigue viviendo con una gasita blanca en su ojo izquierdo. “He ganado mi nueva identidad con ella. Esta soy yo, esto es lo que soy”, dice. Trabajando en la producción de películas, viaja “de acá para allá”, y asume que, “al menos tres veces al día”, alguien le va a hacer la pregunta: “¿Qué te ha pasado?”. Sus respuestas varían. A veces, esquiva la respuesta y responde con un “uf, es una historia muy larga”. Otras, dice la verdad y espera para ver la reacción de su interlocutor. “Normalmente, no saben donde meterse o responden con incredulidad”, asegura. Ella lleva tatuado en la cara aquel día y también los siguientes. Esos en los que “se abrió una brecha social tan grande que nadie ha sido capaz de cerrar” todavía, porque “no han querido asumir lo que sucedió y que lo hicieron mal”. “Todavía tengo que escuchar a gente que me dice que no estoy abierta a escuchar lo otro”, cuenta. Y concluye: “Las víctimas aprendimos que unas gustamos y otras, no, y habría bastado con reconocer los errores”.
La justicia cambia el enfoque reactivo por el preventivo. El fiscal Javier Zaragoza, que dirigió el equipo del Ministerio Fiscal que representó a la acusación pública en el juicio por los atentados yihadistas del 11-M, asegura que aquellos hechos constataron algunas afirmaciones. “Teníamos un músculo policial antiterrorista muy potente con servicios de inteligencia que a las pocas horas ya tenían información muy fiable de los atentados y que permitió localizar a los autores con mucha rapidez”, dice. “También se constató que la justicia fue ágil, transparente y pública, con la retransmisión en directo de un juicio en el que se respetaron escrupulosamente los derechos de los acusados, no hubo derecho penal contra el enemigo, y se resarció generosamente a las víctimas”, asegura. Por último, “se constató que se hizo una mala gestión política de la información de lo ocurrido, la gestión informativa no fue la adecuada, lo que generó grandes recelos y desconfianza hacia el Gobierno”, señala. “Me estudié todo el sumario y no había no una sola pista que vinculara a ETA y tampoco ni una sola prueba falsificada”. Hasta ahí las constataciones, remarca el fiscal desde su despacho. Pero Zaragoza asegura que aquello supuso una reorientación de la lucha antiterrorista hacia la prevención. “Desde el punto de vista judicial nos llevó a hacer una reflexión acerca de cómo debía de enfocarse la lucha antiterrorista. Hasta entonces era reactiva, es decir, posterior a los atentados; pero esto nos obligó a cambiar el enfoque hacia una actuación más preventiva, creando y aplicando nuevos tipo penales en las reformas legislativas de 2010 y 2015: integración, captación, adoctrinamiento, adiestramiento, etc que nos permitían intervenir en la fase preparatoria de potenciales atentados. No se podía volver a repetir nada semejante”, explica.
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Nuevos organismos y herramientas policiales. La creación del Centro De Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) vino determinada por el hecho de que los autores del 11-M se habían financiado con dinero procedente del tráfico de drogas. “Hasta ese momento no se contemplaba esa posibilidad, contraria a los preceptos de la religión islámica”, recuerda un responsable de los servicios antiterroristas de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. “El hecho de que, hasta avanzada la investigación, no se cruzasen los datos de las investigaciones de la Policía Judicial, por ejemplo, sobre El Chino (Jamal Ahmidan), pieza clave en la organización del atentado, nos hizo ver que era necesaria una mayor coordinación interna y por eso se crea el CITCO”, explica. Además, se potenció enormemente y se desarrolló la cooperación internacional, otra de las claves en la lucha antiyihadista, al mismo tiempo que en Europa se implantaba el PNR —el Nombre del Registro de Pasajeros de las compañías aéreas— o las fronteras inteligentes. “Aunque España siempre ha sido puntera en la lucha contra el terrorismo por su desgraciada historia, el 11-M hizo que nos proveyésemos de nuevas herramientas para anticiparnos a posibles ataques”, señala el agente.
Los Tedax: “Las comunicaciones deben hacerlas los profesionales”. Buena parte de la información crucial estuvo a cargo de los especialistas en la desactivación de explosivos de la Policía Nacional (TEDAX). Fueron ellos quienes determinaron que el material empleado no podía ser Titadyne porque era de color blanco (y no rojizo), que además había actuado con mucha más potencia y velocidad. Y que, por tanto, debía de tratarse de otro tipo de dinamita. Fueron también los TEDAX quienes analizaron las dos bolsas que no estallaron, en una de las cuales se halló la tarjeta telefónica que condujo hasta los autores de la masacre. Su profesionalidad, conocimiento, experiencia y buen hacer, fue clave para el desarrollo de las pesquisas. “El 11-M y los días, semanas, meses y años posteriores nos han enseñado que las comunicaciones deben hacerlas los profesionales, no los políticos, como ocurre en el sistema anglosajón”, dice Juan Jesús Sánchez Manzano, que era jefe de los TEDAX en aquel complicado momento y sufrió el acoso mediático y político para asumir el error que desató las teorías conspiranoicas sobre la posible implicación de ETA en la matanza. Y agrega: “Los medios de comunicación, todos, deben de contrastar sus informaciones: a mí nadie me llamó para preguntarme, ni de nuestro gabinete de prensa”. Según él, “el 11-M sirvió para mostrar exactamente lo que ni los políticos ni los medios deben hacer nunca, es decir: hacer un uso electoralista de la información, publicar cosas sin contrastar y revictimizar a las víctimas”.
El poder de los bulos. Decía la semana pasada el periodista Gumersindo Lafuente en la presentación del libro Voces del 11-M: Víctimas de la mentira (Víctor Sampedro Blanco, Editorial Planeta), que “el oficio del periodismo en España ha sufrido mucho por este asunto”. Durante esa presentación, en el Ateneo de Madrid, en la que participaron varios periodistas además del autor del libro y también varias víctimas y profesionales implicados en la investigación de los atentados, se recordó que todavía un tercio de las personas preguntadas por el brutal ataque yihadista continúa teniendo dudas sobre la autoría. “Resistir es no consentir la mentira”, parafraseaba Lafuente al filósofo y periodista francés Albert Camus. “Y el oficio periodístico en su conjunto, más o menos, consintió la mentira”, argumentaba. “La prueba de ello es que periodistas que fueron protagonistas de la construcción de esos bulos, como Federico Jiménez Losantos, Pedro J. Ramírez o Casimiro García-Abadillo, han salido totalmente indemnes. No solo no han pagado por ello, sino que han recibido premios en estos 20 años, han tenido tribunas, están financiados por empresas del Ibex pese a ser instrumentos de agitación política. Y lo peor, en la televisión pública que pagamos con nuestros impuestos les invitan, los han blanqueado”.
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