Nada de lo que ocurre con los llamados bienes de Sijena se sale del guion, aunque todos los actores aseguren que no deseaban llegar a este escenario. La ruptura es total entre administraciones, catalana y aragonesa, por 35 de los 43 fragmentos de las … pinturas murales que se exponen en las salas 16 y 17 del museo catalán MNAC, en Barcelona, lo que ha derivado en un cruce de alegatos verbales y argumentos técnicos. Desde ayer el desencuentro va un paso más allá y quien lo resolverá una vez más (y van cuatro décadas de litigio real por las obras) será un juez. La Generalitat ha comunicado que no habrá ningún problema en cumplir la orden del Tribunal Supremo (TS) en lo que respecta a los ocho fragmentos de pinturas profanas. El conflicto es por las valiosísimas escenas de arte sacro.
A primera hora de la mañana, el letrado del Gobierno de Aragón registró ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca la petición de ejecución forzosa de la sentencia que dictó el TS el 27 de mayo y que ordena la restitución por parte del museo de esas pinturas murales a su emplazamiento original desde el siglo XII hasta 1936, la sala capitular del Real Monasterio de Santa María de Sijena, ubicado en Villanueva de Sijena (Huesca). En virtud de esa solicitud, el Ejecutivo aragonés pide: que se cumpla la resolución judicial; que se imponga una multa pecuniaria a razón de 5.000 euros al día de incumplimiento y que el traslado de las obras se haga «en el menor tiempo posible».
Aragón también presentó al juez un cronograma (estimativo) realizado por un equipo de restauradores y conservadores autonómicos, que detalla cómo las cuatro fases del desmontaje, embalaje, traslado e instalación completa de nuevo en Sijena se puede hacer en siete meses, lo que no obsta para que se haga en un tiempo superior. Lo completa, además, con las empresas que sería viable contratar para ejecutar cada paso sin más demora. Adjunta cada tarea que debe realizar el MNAC que contempla fases de documentación previa y ensayos de procedimiento; redacción de los proyectos de desmontaje, embalaje y traslado; licitaciones de los servicios; y ejecución. Los técnicos de la Generalitat calcularon hace pocos días que no podrían realizar todo ello en menos de nueve meses.
Hasta llegar aquí en esta semana se han producido dos hitos. Por un lado, el lunes, el MNAC presentó ante el mismo Juzgado de Huesca un escrito de incidente de ejecución por el que se considera «incapaz técnicamente» de asumir mover las obras sin dañarlas. La reacción fue furibunda y Jorge Azcón, presidente de Aragón, declaró el martes que entonces las cosas se harían por el otro camino, el no dialogado y adelantó el escrito jurídico a la contra.
Este bloqueo de las negociaciones «habla mal» de las instituciones catalanas y no de las aragonesas, afirmó ayer el director general de Cultura maño, Pedro Olloqui. Porque el Govern ha mantenido un «doble lenguaje», añadió en conversación con este diario: por un lado, los de Salvador Illa manifiestan públicamente su intención de cumplir la orden de los magistrados y por otra respaldan que no se vaya a hacer, escondidos «tras la decisión del MNAC y su incapacidad».
En el MNAC y su Patronato
En este punto, Aragón ha planteado ante el juez que sea él quien resuelva el tiempo más razonable en que se pueden traer de vuelta al cenobio desde Barcelona las obras arrancadas al estallar la Guerra Civil; la forma en que se debe proceder para no perjudicarlas; y también si procede buscar responsabilidades y acusar al director del Museo Nacional de Arte de Cataluña y el presidente del Patronato del mismo (participado por Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Barcelona y en su mayoría representado por la Generalitat de Cataluña) de un delito de desobediencia real por incumplimiento de la sentencia impuesta al museo.
El plazo concedido por el Supremo en su auto 824/2025 para que el MNAC comunicase al juez cómo iba a hacerse cargo de este traslado venció el jueves, 26 de junio. Una vez extinto el periodo legal para que el MNAC «devolviera voluntariamente las obras», el Ejecutivo regional y también el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, hoy gobernado por el PSOE, solicitan al juzgado «el auxilio de la fuerza pública si el museo catalán insiste en su negativa» para el retorno. «No me quiero imaginar ese escenario porque los técnicos que estuvieron entonces, en 2017, cuando la Guardia Civil irrumpió en el Museo Diocesano de Lérida para recuperar parte de los bienes de Sijena recuerdan aquello como un episodio muy doloroso para todos», responde Olloqui.
El director general de Cultura en Aragón prevé que sea el juez quien determine al fin la mejor solución para que «los derechos culturales, de patrimonio artístico e histórico» de los aragoneses «no sean vulnerados» y no sea necesario entrar por la fuerza a por ellos; con todo, es una tesitura posible.
Antes de eso, el letrado que defiende los intereses del Gobierno maño –tras la delegación para ello de las monjas propietarias del cenobio, de la orden de las sanjuanistas– presentó al juez algunos documentos más: pide que los técnicos aragoneses accedan a las dos salas donde se encuentran los frescos expuestos desde hace tres décadas en su configuración actual y procedan a un levantamento fotogramétrico (fotográfico técnico) de los mismos «durante todo el tiempo que requieran y con todos los medios auxiliares que determinen necesarios, con ambas salas cerradas al público»; que se evalúen las condiciones térmicas y medioambientales en las que han estado y si han sufrido algún deterioro en su policromía. Le remite al juez un informe sobre la idoneidad de las actuales condiciones de la sala capitular del monasterio y así acallar algunas voces críticas tras una reforma que ha costado más de dos millones de euros a las arcas autonómicas.
«El acceso a las pinturas y a su sistema de montaje expositivo actual, así como a toda la documentación vinculada a ello y conservada en los archivos del MNAC se considera absolutamente imprescindible para que el Gobierno de Aragón pueda planificar la recepción de las obras con totales garantías de conservación y seguridad», argumenta el equipo jurídico de Zaragoza. Esta entrada libre se ha visto «impedida en Barcelona» desde que Aragón abrió el litigio para recuperar sus obras, que, según el Supremo, «es legítimamente competente» para hacerlo.
