El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès ha criticado este sábado la decisión del Tribunal Supremo de ratificar que el Gobierno mantenga en secreto parte de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el espionaje que sufrió con el programa Pegasus entre 2019 y 2020. En un mensaje publicado en la red social X, Aragonès ha lamentado que “el Estado español prioriza su derecho al espionaje al derecho de los ciudadanos a la acción política en libertad” y ha afirmado que “un Estado que viola la privacidad para defenderse de un movimiento democrático es un Estado débil”.
L’estat espanyol prioritza el seu dret a l’espionatge al dret dels seus ciutadans a l’acció política en llibertat. Un estat que viola la privacitat per defensar-se d’un moviment democràtic és un estat feble.
Guanyarem! https://t.co/vhhsKO2i4Z pic.twitter.com/6S1cD7nRdD— Pere Aragonès i Garcia (@perearagones) October 18, 2025
El origen del caso está en una investigación judicial abierta en Barcelona tras descubrirse que el móvil de Aragonès, entonces vicepresidente del Govern y dirigente de Esquerra Republicana (ERC), había sido intervenido con el software espía. Pegasus, creado por una empresa israelí, permite acceder a llamadas, mensajes y archivos sin el conocimiento del usuario, y su uso por parte de servicios de inteligencia generó una fuerte polémica en 2022, cuando se conoció que decenas de dirigentes independentistas catalanes también habían sido espiados.
Como respuesta, el Gobierno español anunció en diciembre de 2023 su disposición a desclasificar los documentos “que se entiendan oportunos, razonables y conforme a la ley” sobre la actuación del CNI. Sin embargo, el Consejo de Ministros solo levantó el secreto sobre tres informes y mantuvo el resto en secreto, alegando motivos de seguridad nacional.
El Tribunal Supremo, en una sentencia del 8 de octubre, confirmó esa decisión y rechazó el recurso presentado por la Generalitat. El tribunal utilizó el mismo argumento de que, la posibilidad de revelar los medios, personas y procedimientos de los servicios de inteligencia podría “poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la propia permanencia del Estado de derecho”.
