El Gobierno da el primer paso en su estrategia de rearme con una inyección urgente de 2.084 millones de euros para el Ministerio de Defensa. La partida, que será aprobada este martes por el Consejo de Ministros mediante una modificación de crédito, tiene como objetivo reforzar el arsenal militar, adquirir sistemas de defensa antimisiles y modernizar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Del total, 870 millones irán destinados a la fabricación y adquisición de armamento, clave en la renovación de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, según informa El Español. Otros 803 millones servirán para financiar un sistema de simulación aérea para los pilotos del Ejército del Aire y desplegar nuevas defensas antimisiles en los buques más estratégicos de la Armada, como el portaaviones Juan Carlos I o las fragatas F-80.
El resto del montante —334 millones— se destinará a apoyo logístico, programas de investigación, sanidad militar y, especialmente, a reforzar el papel del CNI en el contexto actual de inestabilidad internacional, con el foco puesto en la amenaza creciente del régimen de Putin sobre Europa.
El Ejecutivo justifica este movimiento como una respuesta a necesidades ineludibles en un entorno global cada vez más convulso, así como al cumplimiento de los compromisos internacionales de España en el seno de la OTAN. No obstante, desde Moncloa insisten en que esta operación no supone un aumento del gasto militar anual, ya que las partidas proceden de fondos no ejecutados de otros ministerios en la prórroga presupuestaria.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que se trata de una operación técnica habitual y que Sumar estaba al tanto de su tramitación, pese a las reticencias públicas de la formación. De hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha criticado en los últimos días cualquier iniciativa de rearme europeo, calificando el plan de fuera de lugar en un contexto de necesidades sociales crecientes.
En paralelo, el presidente Pedro Sánchez continúa su pulso con la OTAN para lograr que determinadas partidas —como las destinadas a la Guardia Civil, la ciberseguridad o incluso la lucha contra el cambio climático— puedan computar como inversión en defensa. Una maniobra que permitiría a España alcanzar el ansiado 2% del PIB sin elevar sustancialmente el presupuesto militar. Sin embargo, desde la Alianza ya han advertido que no están dispuestos a diluir los criterios. Pese al desacuerdo con Bruselas y la tensión interna en el Gobierno, Sánchez se aferra a una fórmula de rearme progresivo, con inversiones en tecnología dual que pueda ser presentada como útil tanto para la seguridad como para la vida civil.
