Lo mío es mío, y lo tuyo, también. Es el lema que siguen a rajatabla tanto en La Moncloa como en Red Eléctrica en lo que se refiere a los datos, audios y resto de documentación relacionados con el apagón que dejó España a oscuras … el pasado 28 de abril. Y es que, según ha podido saber ABC, las compañías privadas ya han entregado toda la información que se les ha reclamado desde las diferentes comisiones u organismos que están investigando el suceso de aquel día, del previo y del siguiente, mientras que el operador del sistema se niega a compartir toda la suya. En concreto, les niega la ‘caja negra’ que contiene todo lo que sucedió en torno al suceso a las propias eléctricas que se la han pedido por activa y por pasiva y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); mientras, apuntan las mismas fuentes, a Europa se la están enviando «poquito a poquito».
La obcecación tanto del Gobierno como de Red Eléctrica por ocultar y evitar que se filtre cualquier grabación o dato sobre el apagón –guardado en esa especie de dispositivo ‘negro’ que básicamente es un sistema de trazabilidad digital, parecido al de los aviones, que recoge información en tiempo real y contiene millones de datos sobre la operación del sistema; los mismos que el presidente Pedro Sánchez pidió apenas habían pasado unas horas tras el incidente– no hace más que señalarles como responsables de lo que sucedió.
El afán por intentar mantener ‘bajo secreto’ la información global que contiene la llamada ‘caja negra’ de Red Eléctrica hace sospechar que temen que si trasciende haya un daño reputacional. El operador tiene su ‘caja negra’ al completo, con su información y con la de las empresas, mientras estas se quejan de tener solo las suyas, por lo que no pueden tener esa radiografía completa para seguir analizando lo ocurrido. «Ni el Gobierno ni Red Eléctrica comparte con nosotros datos, audios y telemetrías de ese día, solo tenemos la información de parte, si no nos dan la global, no podemos ni hacer un diagnóstico de lo que ocurrió ni saber dónde comenzó todo. Es imposible», asegura un alto directivo de una de las grandes eléctricas españolas.
A pesar de que desde prácticamente el mismo día del apagón en España, se abrieron varias líneas de investigación para esclarecer las causas de este «cero energético» y evitar su repetición aún no se sabe nada a ciencia cierta porque sigue faltando la información completa, que Red Eléctrica y el Gobierno intentan achacar a la falta de implicación de las compañías eléctricas, si bien estas lo desmienten tajantemente. Diferentes organismos domésticos e internacionales siguen sin poder dar un veredicto por la falta de transparencia total del operador y del Gobierno: ni el comité interministerial –con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen al frente–, ni el panel de expertos europeos liderados por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E), de la que forma parte Red Eléctrica; ni la CNMC.
El PP también pide información
Tampoco la oposición está recibiendo información del día en el que la electricidad fundió a negro al país. Precisamente, el Partido Popular ha presentado una petición en el Congreso, a la que ha tenido acceso este periódico, para que el Gobierno les haga entrega de la información que recopiló la ‘caja negra’ de la red eléctrica antes y después del apagón.
Más concretamente, los de Feijóo han pedido las transcripciones de las conversaciones que mantuvieron en esas horas críticas los técnicos de Redeia y las personas encargadas de la gestión de la red, que es uno de los datos que contiene la ya célebre ‘caja negra’, informa Xavier Vilaltella. Los populares también quieren acceso a esa información. Formalmente, la petición se dirige al Ministerio de Transición Ecológica, por ser responsable de garantizar el suministro eléctrico; a la SEPI, porque ostenta un 20% de Redeia; y al Ministerio de Hacienda, por ser responsable de la SEPI.
Con esto, el principal partido de la oposición refuerza su ofensiva parlamentaria contra el Gobierno a cuenta del apagón, que incluye la petición de dos comisiones de investigación –en el Congreso y en el Senado– y la presentación de una moción parlamentaria el pasado martes para que el Congreso inste al Ejecutivo a dar explicaciones. Y en esta estrategia, el acceso a la ‘caja negra’ será clave, pues los populares consideran que el Ejecutivo está utilizando la información que tiene de forma interesada, incluso, que hay motivos para sospechar de un pacto entre Corredor y el presidente Sánchez.
Está por ver –aunque parece poco probable visto lo ocurrido con las empresas privadas, Competencia y el panel de expertos europeos–, si los requeridos facilitan los datos que se les piden. En atención al Reglamento del Congreso, disponen de un máximo de treinta días para hacerlo o, en su caso, manifestar al presidente del Congreso –la socialista Francina Armengol– «las razones fundadas en derecho que lo impidan», según se lee en la normativa de la Cámara Baja.
12 CC.AA., al margen
Además, hace unos días, las 12 comunidades autónomas gobernadas por el PP exigieron por carta a Aagesen, formar parte del comité de investigación. La respuesta ha llegado de manera confusa aunque la negativa es clara. ABC ha tenido acceso a una de estas respuestas, y tan solo se señala que desde el Gobierno se está trasladando la información a la ciudadanía y los demás poderes y administraciones «sin especulaciones ni conclusiones precipitadas», informa Raúl Masa.
Estiman que todas las investigaciones se están llevando a cabo «sin perjuicio de las actuaciones promovidas por otras administraciones». De hecho, fuentes de Transición Ecológica señalan que «el comité atenderá la información que éstas puedan aportar con sus propias actuaciones». Pero de estar dentro, nada.
