Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) obliga a Benidorm (Alicante, 74.588 habitantes) a indemnizar a una familia de promotores urbanísticos, los Murcia Puchades, con 283 millones de euros, más unos intereses de demora que elevan esta cantidad hasta los 330 millones, aproximadamente. Es decir, más del doble del presupuesto municipal aprobado para 2024, de 141,6 millones de euros. La sentencia, que anula otra previa del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, da la razón a los Murcia Puchades, que reclaman una compensación por perder los derechos de urbanización de terrenos de su propiedad situados en suelo protegido del parque natural de Serra Gelada, que se extiende por los municipios de Benidorm, l’Alfàs del Pi y Altea. El alcalde de la capital turística de la Costa Blanca, Toni Pérez (PP), ya ha anunciado que solicitará una aclaración de términos a la sentencia y que presentará un recurso de casación contra el fallo. Los servicios jurídicos municipales determinarán si se recurre ante el TSJ o ante el Tribunal Supremo.
El conflicto entre ambas partes arranca en 2003. Los Murcia Puchades poseen tres parcelas en Serra Gelada, un relieve montañoso de seis kilómetros de longitud desde el que se domina toda la comarca alicantina de la Marina Baixa, que sumaban algo más de 2 millones de metros cuadrados, con 102.000 de superficie útil. El plan de protección del enclave natural, que finalmente se rubricó en 2005, llevó al entonces alcalde de Benidorm, Vicente Pérez Devesa (PP) a firmar un convenio con los promotores por el que ceden 121.995 metros cuadrados a cambio de abandonar cualquier intención de construir sobre la sierra. El pacto estipula una compensación en terrenos ubicados en otra parte del municipio. Este acuerdo fue renovado dos veces por Agustín Navarro (PSOE) durante su mandato al frente de la Alcaldía benidormí, en 2010 y 2013.
El pacto se va dilatando y los Murcia Puchades emprenden una batalla legal contra el consistorio de Benidorm. Presentan sucesivas reclamaciones por la vía administrativa que el Ayuntamiento va desestimando una a una. Tanto los estos promotores urbanísticos como otros propietarios de terrenos situados en suelo protegido llevan el caso ante los tribunales, “que en todos los casos dan la razón” al gobierno municipal, según ha recordado hoy en rueda de prensa Toni Pérez. Finalmente, en 2019 los Murcia Puchades, a través de las empresas Murcia Puchades Expansión SL y urban Villajoyosa 2000 SL, interponen una demanda en la que solicitan 283 millones de euros como compensación por no haber obtenido los terrenos urbanizables que se les habían prometido. El juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Alicante, en febrero de 2022, vuelve a negarles la razón, parcialmente, y minimiza la indemnización hasta los 683.000 euros, que Benidorm abona a cuenta de las arcas municipales. Ese mismo año, tras las constantes victorias en los tribunales y con los informes a favor de técnicos municipales e incluso del Consell Jurídic Consultiu, órgano dependiente de la Generalitat Valenciana, un acuerdo plenario del Ayuntamiento declara la nulidad de los convenios firmados con los constructores.
Los Murcia Puchades recurren el fallo ante el TSJ. El alto tribunal valenciano establece que la sentencia inicial incurrió en un error de hecho al considerar que los terrenos del Área de Planeamiento Remitido (APR7), la que incluye las fincas propiedad de los Murcia Puchades, “nunca han ostentado la condición de suelo urbano”, un error que los magistrados achacan al “equívoco relato de los hechos” recogido por un informe municipal. Los tres terrenos afectados eran urbanizables “al menos desde la modificación del PGOU en 1963, mantenida en la delimitación de suelo urbano de 1983″, señala la sentencia. También señala al Ayuntamiento como “responsable al haber propiciado la declasificación” y, después, suscribir los convenios. “A consecuencia de ello, la Generalitat los incluyó en el PORN [Plan de Ordenación de Recursos Naturales] Sierra Helada, asumiendo el Ayuntamiento la responsabilidad. En opinión de las magistradas firmantes, la Generalitat queda así como “responsable solidaria”. Con el fallo previo apoyado en errores administrativos, el TSJ determina estimar la reclamación de los Murcia Puchades “contra la resolución presunta por la que se desestima su reclamación de derechos y cumplimiento de convenio urbanístico”, consistente en una compensación que tasa en 283.055.750,12 euros, que deberá abonar el consistorio benidormí, con sus intereses legales.
Tras conocerse el fallo judicial, Pérez ha mantenido una junta de portavoces para informar a los grupos de la corporación municipal y, después, ha comparecido ante la prensa para anunciar que recurrirán con el objetivo de “seguir defendiendo el interés general” de la población ante lo que considera “un claro revés” judicial. El primer edil ha querido transmitir “tranquilidad” a la ciudadanía, ha recordado que “hasta ahora, todas las sentencias y pronunciamientos jurídicos” les habían dado la razón y ha subrayado que la indemnización cuajada corresponde a “prácticamente tres presupuestos municipales completos”. “Estamos hablando de un suelo que forma parte de un parque natural y que, impidiendo la construcción, ofrecemos como espacio verde y protegido” a sus vecinos y a los millones de turistas, por lo que, “a lo mejor”, la situación de Serra Gelada “tiene que ser una cuestión de Estado”.
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