Pocos asuntos generan tanta tensión entre Canarias y la Península como el de la acogida de los menores migrantes. En este momento hay dos frentes abiertos contra el Gobierno central. El primero lo encabezan la mayoría de comunidades autónomas, que se niegan a recibir a los menores hacinados en las islas. El segundo lo mantiene el propio Gobierno canario, por un motivo similar: mientras critica la falta de solidaridad de las autonomías, el Ejecutivo central se resiste a acoger a los menores solicitantes de asilo, tal como le ordenó el Tribunal Supremo el pasado marzo. La tensión va en aumento y el equipo de Fernando Clavijo ha optado por el choque. Este martes, cuando estaba previsto que ambas administraciones presentaran un escrito conjunto ante el Supremo para informar de los avances en la acogida de casi 1.200 solicitantes de asilo, Canarias ha decidido desmarcarse: presentará un escrito propio en el que reprocha al Ministerio de Migraciones su actuación.
El alto tribunal recibirá finalmente dos textos: uno conjunto, firmado por la Abogacía del Estado y la letrada del servicio jurídico del Gobierno canario, y otro que solo firmará la letrada canaria. El Ejecutivo autonómico ha decidido redactar su propia versión del conflicto porque considera que el documento conjunto contenía “omisiones que desvirtúan la realidad de los hechos”. Según fuentes conocedoras de su contenido, el escrito de Canarias denuncia que aún no se ha trasladado a ninguno de los 946 menores acordados, que no hay concreción sobre cómo va a hacerse, y que no se han desplegado tampoco los recursos prometidos para atenderlos.
Desde que el Supremo ordenó, el 25 de marzo, que el Estado debía asumir la acogida de estos menores para aliviar la presión en Canarias, se han dado pasos, pero, como subraya el Gobierno autonómico, no se ha trasladado a un solo niño. Tras semanas de resistencia, el Ministerio de Migraciones —que alega que sus centros para adultos no son aptos para menores no acompañados— planteó varias posibilidades de traslado a la Península y además crear 250 plazas en un centro de Gran Canaria, concebido como espacio de tránsito mientras se define su destino final, previsiblemente en otra comunidad. Los primeros traslados a Gran Canaria podrían comenzar este martes, tras una semana de obras, pero no hay detalles sobre los siguientes pasos.
“No se ha concretado a qué centros de acogida se trasladaría a estos menores una vez realizada su evaluación individualizada”, denuncia el Gobierno canario, que recuerda que las 250 plazas apenas cubrirían una parte del acuerdo. “No se ha hecho efectiva la puesta a disposición de ningún recurso, no se han especificado las características de las plazas, no se ha ofrecido un calendario de traslados…”, se queja el Gobierno canario al Supremo.
La propuesta del Ministerio de mantener a los menores en las islas lleva semanas causando malestar. La llegada masiva de menores migrantes solos no solo ha saturado los centros de acogida, sino también colegios y ambulatorios. “No puede aliviarse la situación de hacinamiento si se mantiene a la totalidad de los menores en Canarias”, argumenta el equipo de Clavijo ante los magistrados.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobará una declaración de emergencia para realizar obras en centros de acogida estatales y abrir 1.200 nuevas plazas, con una inversión de 39,8 millones de euros. Pero Canarias sigue pidiendo claridad: “¿Dónde, cuándo y para qué serían esas plazas?”, preguntan sus servicios jurídicos.
Migraciones planteó también la apertura de otras 400 camas en el centro de Pozuelo de Alarcón (Madrid), el que fue el centro de referencia para la acogida de refugiados ucranianos. Pero la propuesta fue rechazada de inmediato por la alcaldesa del municipio y la presidenta de la Comunidad de Madrid y parece haberse paralizado. El Gobierno canario lamenta que ahora el Ejecutivo central exija el visto bueno de las comunidades donde se ubican estos centros, cuando no serán ellas las encargadas de los menores, como sí ocurre en el reparto general que ha enfrentado a varias autonomías con el Estado. “El Estado persiste en su resistencia a ofrecer recursos en la Península”, concluyen los servicios jurídicos del archipiélago.
Será una vez más el Tribunal Supremo quien tenga que intervenir y marcar el camino en una batalla que se arrastra desde marzo sin un solo traslado.
