Hasta hace una década, el mundo de la política y el de la economía estaban claramente diferenciados. Grandes empresas como Apple o Intel manejaban cadenas de suministro globales sin considerar posibles riesgos geopolíticos. Pero en los últimos años, la creciente agresividad de China, la invasión de Ucrania por Rusia, las guerras en Oriente Medio y la pandemia han dejado clara la fragilidad de las cadenas de valor global y el riesgo que esta fragilidad supone para nuestro futuro. Las fronteras entre economía y política se desvanecen, situando a España en una encrucijada compleja.
La geoeconomía, que entrelaza políticas económicas, estrategias internacionales y geopolítica, emerge como un nuevo prisma para entender este entorno. Estados y bloques como la Unión Europea emplean herramientas económicas, desde políticas comerciales hasta sanciones, para alcanzar objetivos estratégicos.
Por ejemplo, el dominio de China en la fabricación de paneles solares, con un control superior al 80% de la producción mundial según la Agencia Internacional de la Energía, ha impulsado a Occidente a buscar autonomía, erigiendo barreras comerciales y otorgando subsidios (sin éxito alguno, todo sea dicho). Lo mismo ha ocurrido con las baterías, fundamentales en la industria automotriz, donde también Occidente busca evitar que China (ya con más de tres cuartas partes de la producción mundial) domine la producción.
España, con su economía abierta y diversificada, depende de la inversión extranjera para su crecimiento, pero también está sujeta a los riesgos de las políticas de posibles socios. La estrategia nacional debe adaptarse a estos cambios, protegiendo el país contra la coerción económica y equilibrando oportunidades económicas con consideraciones estratégicas.
Algunas herramientas para esta adaptación residen en la esfera europea. Aquí, España debe estar claramente alineada con las políticas de la UE en materia de comercio, control de inversiones y transferencia de tecnología. Pero otras herramientas dependen de decisiones nacionales, y aquí la postura del gobierno de España (el de ahora o cualquiera otro) hacia la inversión extranjera es crucial. Aunque es tentador adoptar una posición que garantice el control nacional sobre sectores clave, restringir el capital extranjero reducirá la inversión que necesitamos para innovar y crecer.
Los episodios muy recientes del grupo siderúrgico CELSA, la gasista Naturgy y Telefónica ilustran la encrucijada geoeconómica de España. Con una pesada carga de deuda, CELSA debió ceder el control a los acreedores extranjeros, lo que ha suscitado un debate sobre la soberanía económica y la necesidad de una estrategia geoeconómica mejor. Pero, en este caso, hay pocas consideraciones geopolíticas importantes, y la inyección de capital extranjero fue crucial para sortear las dificultades financieras, asegurar empleos y mantener la producción.
El caso de Naturgy, con una posición dominante en el mercado del gas en España, es más complejo. El gigante Global Infrastructure Partners (GIP), poseedor de un 21% del capital, ha sido adquirido por el coloso de inversión BlackRock. Esta participación se une al 15% de los pensionistas australianos (IFM) y al fondo inglés CVC con un 15%. Como la Fundación La Caixa «solo» tiene un 27%, el control de facto sería extranjero. La clave, aquí, es la ausencia de competencia, más que la geopolítica. Si la CNMC funcionara como debe, la preocupación sería menor.
La entrada de capital saudí en Telefónica añade otra dimensión más a este entramado geoeconómico. La seguridad de las redes de telecomunicaciones es primordial, y la dependencia de tecnología extranjera, especialmente de una monarquía feudal, nos debe preocupar, tanto por la integridad estratégica de nuestro país como por nuestra competitividad en el ámbito digital. Pero ello no supone gastar recursos escasos en comprar participaciones accionariales en bolsa, sino imponer una autorización con claras condiciones con respecto al control de la empresa. Y tampoco debe suponer dejar de prestar atención a un problema aún mucho mayor en este sector: la penetración de Huawei en la extensión de la tecnología 5G por la España rural, que supone una enorme vulnerabilidad.
Por tanto, a la hora de decidir hay varios factores que deben orientar la intervención del gobierno, y el análisis de la Junta de Inversiones Extranjeras (JINVEX):
1. El origen nacional de la empresa o fondo inversor. No podemos tener la misma política para responder a inversiones de una dictadura o una democracia. El gobierno debe evitar las restricciones a las empresas de países amigos, que invierten con el objetivo natural de buscar beneficios y no por razones de control político. Por el contrario, JINVEX se debe concentrar en quien no invierte con fines económicos, sino geoestratégicos, especialmente si viene de países de dudosa fiabilidad democrática.
2. La propiedad de la empresa: las intervenciones deben separar el control por parte de inversores privados del control por parte de estados o fondos de inversión o agencias controladas por el estado. Si nacionalizar empresas es malo porque facilita el capitalismo de amiguetes y su politización, peor aún dejar que un país extranjero las nacionalice «a su favor».
3. La competencia en el mercado: los mercados con altas barreras de entrada u oligopolizados requieren una atención especial. Los inversores pueden buscar extender su poder de mercado, reduciendo el bienestar de los consumidores. Idealmente, los reguladores independientes se ocuparían de evitar el abuso de posición dominante, pero la realidad es que, en España, estos reguladores no funcionan. Por ello la JINVEX debe asegurar que las inversiones extranjeras no reducen significativamente la competencia.
4. El capitalismo de amiguetes es peor remedio que la enfermedad: Lo que de ninguna manera debemos permitir es que, bajo excusa de preservar la «españolidad» de alguna empresa o sector terminemos con los amiguetes del presidente de turno adquiriendo el poder de despilfarrar recursos – véase Correos o Indra. Debemos estar en guardia contra el mangoneo y el abuso de poder encubierto bajo razones geoestratégicas.
En conclusión, el equilibrio entre atraer inversión y mantener el control nacional es un desafío, que se hace más problemático para un gobierno que no necesita más que excusas para intervenir nuestra economía. España debe evitar políticas cortoplacistas que obstaculicen el desarrollo futuro o fomenten más el capitalismo de amiguetes. La existencia de reguladores fuertes e independientes es más importante que nunca- de existir estos, una situación dominante como la de Blackrock en nuestro mercado energético sería mucho menos preocupante. No hace falta decir que la confianza que cabe tener en este gobierno y sus socios, en este escenario, para no abusar del poder que el nuevo contexto mundial le otorga es, desgraciadamente, reducida.
