El Partido Popular afronta los últimos días de la campaña electoral en Cataluña con un discurso centrado en la seguridad y en la inmigración ilegal. Las declaraciones del presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, pidiendo el voto a «los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios», ha tenido aceptación en cargos de esta formación política que consideran que «las cosas se están tensando en el final de la campaña y había que fijar posición», según señalan a THE OBJECTIVE. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apuntalará este discurso contra la okupación, durante su presencia este jueves y el viernes en el final de la campaña electoral.
Feijóo ha endurecido su discurso, en un intento de arañar votos de Vox, que se muestra muy firme contra la inmigración ilegal, y sin temer las consecuencias que puede tener en una posible fuga del voto centrado que ha recuperado ya de Ciudadanos. Los populares consideran que ya cuentan con el voto de la formación naranja y se trata de conquistar al votante de la formación que preside Abascal.
Lejos de provocar un terremoto interno con estas declaraciones, la mayoría de los cargos consultados por este periódico refuerzan las palabras del presidente nacional: «Ha endurecido su mensaje porque Vox lleva toda la campaña hablando de esto y ha querido fijar una posición para que nadie vea que rehúye este asunto. Yo creo que como él no había hablado mucho de este problema y había que hacer alguna referencia, tocaba hacerlo ya. A mí me ha parecido bien», comenta un parlamentario popular.
Esta opinión es compartida por otro dirigente del PP: «Ha hecho muy bien y tengo compañeros que piensan lo mismo. ¿Hay gente que se ha revuelto? Pues sí, porque Vox lo ha movido. Parecía que en el PP estábamos con la idea de papeles para todos, pero no es eso». En este sentido, admiten que «hasta ahora se había sido más prudente», aunque rechazan que el temor del PP sea que no se le pueda dar el sorpasso a Vox en Cataluña: «No hay ningún temor. A nosotros Vox no nos da el sorpasso ni de broma. Puede utilizar el tema porque es verdad que la gente, sobre todo en barrios donde viven con problemas de inmigración, protesta, y Vox lo alimenta».
Desde la dirección nacional, la secretaria general, Cuca Gamarra, salió este miércoles en defensa de este posicionamiento estratégico del PP: «En Cataluña hay un problema de inseguridad que es real, evidente, que nadie se lo ha inventado. Hay un problema de okupación de las viviendas, por encima de lo que ocurre en el resto de España, y nosotros no vamos a mirar hacia otro lado y, por tanto, somos un partido que impulsamos iniciativas y propuestas para luchar contra la okupación de las viviendas y contra la reincidencia».
La dirigente nacional señaló que en este tema no compite con Vox porque, a su juicio, «nuestro objetivo no tiene nada que ver con otras fuerzas políticas. Va mucho más allá, tiene que ver con los catalanes. El objetivo es que el PP sea el referente de todos aquellos catalanes que no quieren ser catalanes de segunda y que esa Cataluña pujante vuelva a existir».
Precisamente, coincidiendo con el final de la campaña electoral, el PP presentó este miércoles una moción en el Senado, que salió adelante con la mayoría absoluta que tienen los populares, en la que instan al Gobierno a «priorizar las inversiones en seguridad en la política presupuestaria del Gobierno, de forma que se revierta la tendencia de los últimos años de inseguridad, aumentado los efectivos dedicados a seguridad ciudadana y dotándoles de los medios necesarios».
Igualmente, pretenden que adapte «de forma precisa el Código Penal a las exigencias de las sentencias 481/2017, de 28 de junio, y 684/2019, de 3 de febrero, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, permitiendo la consideración de los antecedentes penales por delitos leves en caso de multirreincidencia y asimilando la pena por multirreincidencia de delitos leves de hurto y estafa, respectivamente, a la prevista para los tipos básicos de ambos delitos en los artículos 234.1 y 249 del Código Penal».
En esta materia, THE OBJECTIVE adelantó que el Grupo Popular registró una Proposición de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en el Congreso de los Diputados, para aumentar las penas en estos delitos. Esta iniciativa parlamentaria coincidió con el inicio de la campaña electoral en Cataluña.
En el documento, que firma el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, se señala que las pérdidas anuales causadas por los hurtos ascienden a 1.800 millones de euros, según fuentes de la distribución comercial, y asegura que este delito «resulta muy frecuente por su facilidad ejecutiva, al no precisar violencia ni intimidación sobre las personas, ni fuerza sobre las cosas, y por la ausencia de un efecto disuasorio real en caso de sentencia condenatoria. Precisamente, estos son los factores que vinculan los delitos leves contra el patrimonio, pese a su aparente menor gravedad, con una mayor sensación ciudadana de inseguridad en determinados espacios públicos, como comercios, transporte público o zonas turísticas».
