«Cuando ocurra un accidente, soluciona todo bajo un solo techo. Desde los trámites de realizar el acto policial hasta la gestión con tu aseguradora». Con la frase, promociona sus servicios la Casa del Conductor CMA, un negocio privado que se promueve desde el Estado.
Desde la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que establece pautas sobre el funcionamiento de este tipo de negocios, hasta acuerdos particulares con entes estatales permiten la operatividad de este servicio en el país.
Definido como un centro de retención, regulado por la Dirección de Prisiones de la Procuraduría General de la República, sus facilidades no están dispuestas para todo el ciudadano que se vea envuelto en un accidente de tránsito, sino para aquellos que, en tales circunstancias, paguen una póliza de manera directa o a través de una aseguradora de vehículos.
El costo para los que se afilian en la empresa, es de 2,000 pesos anual. A cambio se ofrecen los trámites en policía, fiscalía, médico legista, asistencia vial, alojamiento, comedor, entre otras facilidades.
Y, «si eres detenido dentro del territorio nacional por un accidente de tránsito, nosotros te sacamos y trasladamos a nuestras instalaciones donde estarás hospedado en una habitación privada con baño privado, comida y todos los servicios que típicamente encuentras en un hotel…».
«Afiliado a nuestra red, nunca tendrá que pasar una noche en un destacamento o cárcel nacional», dice en su página web la Casa del Conductor.
La potestad que tiene esa empresa privada para trasladar a personas detenidas hasta sus instalaciones encuentra sustento en acuerdos que viene firmando con la Procuraduría y con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) desde hace años.
También en el decreto 726-01 que en julio de 2001 emitió el expresidente Hipólito Mejía, con el que crea, con fines de servicio público, «las instituciones especiales para la reclusión por accidentes de tránsito no conexos con otros delitos, denominadas casas de conductores».
También creó las casas cárceles para el cumplimiento de penas en casos correccionales de heridas o muerte por accidente de tránsito involuntario.
El decreto establece que esas organizaciones podrán ser organizadas y administradas por particulares previa autorización de la Dirección de Prisiones, que debe autorizar al personal de seguridad.
Una de las justificaciones para emitir la medida era que la retención de las personas en los destacamentos, mientras se definía su situación, resultaba en un alto costo económico para el Estado.
A seis meses del referido decreto, se creó CMA, La casa del Conductor, inaugurada el 3 de enero de 2002, en la Avenida Bolívar #193, en lo que fueron las instalaciones del hotel Comodoro.
Una nota de prensa sobre el acto de inauguración indica que estuvo encabezado por la presidenta de la empresa, Constanza Cubbiscon, ciudadana norteamericana, esposa del excónsul de esa nación en República Dominicana, Edwin Cubbinson. También por el entonces procurador general de la República Virgilio Bello Rosa.
El documento de prensa indicaba que era un esfuerzo del Estado, con la inversión y participación del sector privado en la prestación de un servicio público «para asegurar el mayor respeto con la dignidad humana».
Aunque no se ubicó el acuerdo original, en 2007 se informó a la prensa que el entonces procurador Radhamés Jiménez Peña renovó por cinco años un acuerdo existente con la sociedad comercial CM de Servicios S.A, Casa del Conductor.
La nota de entonces señaló que la renovación permitía que la empresa continuara ofreciendo los servicios de reclusión de personas acusadas de violar ley de tránsito.
Más recientemente, en agosto de 2021, la Digesett informó la renovación de un acuerdo con la Casa del Conductor que permitía a ambos dar mejor soporte técnico y legal a quien le ocurra un accidente en cualquier punto del país.
Aunque por mucho tiempo fueron únicos en el mercado, a partir de 2014 se estableció otra empresa de servicio similar, el Centro de Asistencia al Automovilista, creado por un grupo de aseguradoras que rompieron relaciones con la Casa del Conductor.
A partir de la muerte por atropellamiento del joven Julio César de la Rosa Peralta, hijo del presidente de Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) Julio César de la Rosa Tiburcio, éste calificó el servicio de la Casa del Conductor como un privilegio y denunció que las autoridades no tienen control de las personas ahí retenidas.
A nombre del Estado
La Ley 63-17 establece que los asegurados cuyas pólizas estén vigentes y cubran los servicios que proporcionan las casas de conductores y las casas cárceles, deberán ser trasladados a estas instituciones en los lugares donde existan.
Previo al enunciado, establece los requisitos y normas de funcionamiento de esas instituciones, las que deben contar con infraestructura adecuada para alojamiento, condiciones sanitarias ajustadas a los requisitos y normas de Salud Pública, alojamientos separados para hombres y mujeres y una adecuada alimentación para los ciudadanos internos. También sistemas y tecnología pertinentes para concientizar al interno, en las responsabilidades, exigencias y riesgos de la actividad de conducir un vehículo de motor, acciones que realizarán a nombre del Estado.
