La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, defendió el pasado miércoles en Bruselas una Política de Cohesión renovada e integradora para después de 2027. Reclamó, según hemos conocido en THE OBJECTIVE, que regiones y entidades locales puedan tomar decisiones y gestionar fondos, ya que son quienes mejor conocen las necesidades de sus territorios.
Durante el pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea, donde se debatía un Dictamen en cuya elaboración participó Castilla y León, Blanco destacó el reto demográfico como el principal desafío de la futura Política de Cohesión.
Nuevas líneas de financiación
Propuso líneas de financiación específicas para luchar contra la despoblación, un problema que afecta a una sexta parte de las regiones europeas. Castilla y León es uno de esos territorios: a pesar de algunos avances, la población sigue envejeciendo y dispersándose, lo que genera desequilibrios.
Por ello, la vicepresidenta insistió en una estrategia global basada en una visión amplia, participativa y coordinada. Apostó por una Política de Cohesión que priorice el medio rural y dé más autonomía a los territorios para gestionar fondos y programas.
Recalcó que las regiones deben liderar la ejecución de estas medidas, ya que conocen tanto sus fortalezas como sus debilidades. Aunque compartan objetivos comunes con la UE, necesitan adaptar los proyectos a sus realidades locales en colaboración con los ayuntamientos.
Blanco advirtió que el envejecimiento y la caída de la población activa amenazan el crecimiento económico y los sistemas de protección social. Además, los servicios públicos son mucho más costosos en zonas rurales y envejecidas.
Modelo de referencia
Castilla y León ejemplifica esta realidad: cuenta con 2.248 municipi, el 94% con menos de 2.000 habitantes. El 36% de su población vive en el medio rural. Esta dispersión encarece la prestación de servicios: un 52% más en el entorno rural, y hasta un 78,5% más en la ayuda a domicilio para personas dependientes.
Según la OCDE, la educación primaria cuesta un 33% más en municipios pequeños. En sanidad, atender a una persona mayor de 75 años cuesta siete veces más que a un adulto joven.
A pesar de estos retos, la Comunidad lidera la gestión de Servicios Sociales y la atención a la dependencia. En educación, según el informe PISA, está entre las más avanzadas de España y Europa. Y su sistema sanitario es el segundo mejor valorado por los usuarios. La Junta ha impulsado políticas para mantener abiertos los colegios con pocos alumnos, retener y atraer talento, fomentar la igualdad de género y apoyar a las familias con medidas que favorecen la natalidad y la conciliación.
También garantiza una atención sanitaria de calidad, incluso en los pueblos más pequeños, incluyendo servicios de salud mental. Invierte en innovación social para que los cuidados lleguen a todo el territorio.
En el ámbito económico, apoya sectores estratégicos del medio rural como la agricultura, ganadería, industria agroalimentaria, sector forestal y turismo. Además, propone incentivos fiscales para atraer inversión, mejorar infraestructuras, ampliar la oferta de vivienda, extender el acceso a internet y facilitar la movilidad con iniciativas como el transporte a la demanda.
A pesar de las dificultades, Blanco subrayó que las políticas aplicadas están dando resultados: en los últimos tres años, Castilla y León ha ganado 22.300 residentes gracias a un saldo migratorio positivo.
