La memoria histórica en España vive un momento de especial sensibilidad después de que el presidente del Parlamento balear, Gabrielle le Senne, rompiese la foto de tres víctimas del franquismo, expuesta por una diputada socialista, durante el pleno del pasado martes. Mientras los gobiernos autonómicos donde el PP y Vox gobiernan juntos impulsan el revisionismo histórico bajo las llamadas “leyes de concordia”, la Generalitat de Cataluña ha inaugurado una exposición este viernes en Madrid con la que pretende visibilizar la labor de las instituciones catalanas en la exhumación de las fosas comunes en las últimas décadas. Bajo el título ¿Dónde están? 85 años de exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil en Cataluña, la muestra explica el proceso de búsqueda vivida por tres familias en concreto, además de una guía práctica sobre el proceso de identificación de los restos encontrados en las fosas.
La consejera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat, Gemma Ubasart y González, ha presidido la inauguración de la exposición, que se podrá visitar en la librería Blanquerna, en el centro de Madrid. En su discurso, ha recalcado la necesidad de impulsar y financiar políticas de memoria para “sensibilizar” y “educar” a las generaciones que no vivieron la Guerra Civil, el franquismo, o ni siquiera la Transición. “La memoria no habla del pasado, sino de un futuro de paz, derechos humanos, convivencia y democracia”. Alertada por lo sucedido el pasado martes en el Parlamento balear, la consejera ha advertido de que “la internacional del odio” está “más crecida que nunca”, y ha recalcado que “tejer un horizonte de esperanza” es una “obligación” para “combatir la regresión” y “garantizar que no se repetirá la historia”.
La exposición ofrece un recorrido por la historia de las exhumaciones impulsadas por la Generalitat, desde las primeras, en plena Guerra Civil, hasta algunos hitos más recientes como la creación de un censo de desaparecidos en el año 2003 y que registra 7.592 personas en su última actualización. También, se muestra un mapa interactivo creado en 2010 y que ofrece datos de hasta 900 fosas comunes en las que, según los registros, hay hasta 13.000 fallecidos.
Para ilustrar la realidad de las familias que buscan a sus seres queridos, y la complejidad del proceso de búsqueda e identificación de los cuerpos, la exposición recoge tres historias concretas a modo de ejemplo. Una de ellas es la de Marcos Andrés Latorre, soldado republicano desaparecido en 1938 durante la batalla del Ebro. Su familia solo poseía la certeza de que pertenecía a la 124 Brigada Mixta del Ejército de la República, dos fotos de carné y un par de cartas en las que confirmaba a sus padres su buen estado de salud y les daba las gracias por haberle enviado tabaco. En 2008, su familia le inscribió en el censo de las personas desaparecidas de la Generalitat y los técnicos comenzaron una investigación que acabó por determinar que, dos décadas después de su muerte, fue trasladado al Valle de los Caídos en 1959. La familia nunca lo supo ni tampoco lo hubiesen autorizado. En 2009, el gobierno catalán inauguró un memorial en La Fatarella (Tarragona), en el que los familiares que lo soliciten pueden inscribir el nombre de los soldados desaparecidos y rendirles un homenaje.
Por último, en el centro de la exposición, se muestra la representación gráfica de una fosa común, con detalles sobre cómo se realiza el proceso de búsqueda e identificación de los cuerpos; así como algunos objetos que se encontraron en la misma, como un cinturón, una cuchara, un peine, unas botas o una cantimplora.
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La memoria histórica, en la diana
La memoria histórica ha suscitado polémicas recientes en España por culpa de la particular cruzada de los gobiernos autonómicos de PP y Vox contra la legislación memorialista. En Castilla y León y la Comunidad Valenciana, ambas formaciones sustituyeron la normativa vigente por las llamadas “leyes de concordia”, de carácter revisionista y basadas en premisas falsas. En ellas se plantean aspectos como que la Guerra Civil no se produjo tras un golpe de Estado, sino fruto de las “dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”, remontándose hasta 1931 —en lugar de 1936— o evitando utilizar la palabra “dictadura” en el texto.
En Aragón, el Gobierno bipartito derogó el pasado febrero la ley autonómica de memoria y este jueves, el presidente aragonés, Jorge Azcón, anunció que Aragón aprobará su particular “ley de concordia” a principios del mes de julio. Un camino similar podría seguir Baleares —donde gobierna el PP en solitario—, que esta misma semana aprobó la derogación de la ley autonómica de memoria en un pleno en el que el presidente del Parlamento Balear, Gabriel Le Senne (Vox), rompió una fotografía de las tres víctimas del franquismo Aurora Picornell, dirigente del PCE en Mallorca, y las hermanas Antònia Pascual Flaquer y Maria Pascual, militantes y activistas sindicales; un gesto que ha empujado al Gobierno a llevar lo sucedido a la Fiscalía para estudiar si estas acciones son constitutivas de un delito de odio o si podrían acarrear sanciones.
Por otro lado, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció este jueves que el Ejecutivo ha iniciado los trámites necesarios para la ilegalización de la Fundación Franco, amparándose en los aspectos de la Ley de Memoria Democrática que plantean “la apología del franquismo y sus dirigentes” como causas para extinguir una fundación.
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