La Generalitat de Cataluña pondrá coto a los contratos de alquiler de temporada y limitará las actuales condiciones, con libertad de precios, a los de uso turístico o recreativo. Los contratos para uso residencial quedarán bajo el tope de precios que fija la Ley de Vivienda para los contratos convencionales, con lo que se pretende desincentivar la fórmula que utilizan muchos propietarios para esquivar este límite.
La medida llega tras el acuerdo alcanzado este miércoles in extremis entre el Govern de Salvador Illa, ERC, Comuns y la CUP para convalidar en el Parlament el decreto-ley sobre vivienda (aprobado hace un mes por el Govern) y tramitarlo como proyecto de ley. El acuerdo también blinda la vivienda de protección oficial que estaba a punto de caducar con la declaración de zonas de tensión de mercado.
El acuerdo evita un revés para el Gobierno de Illa, que afrontaba este miércoles la última oportunidad de obtener el beneplácito del Parlament sobre el decreto. El acuerdo final se ha escenificado y firmado en una reunión en el Departamento de Territori de la Generalitat, a la que han asistido la consejera Sílvia Paneque y miembros de los otros tres partidos de izquierda. La presencia de la CUP junto a los dos socios de investidura (republicanos y comunes) aumenta la percepción de consenso en el Parlament.
Tras días de negociaciones, el principal cambio es la argumentación del tipo de uso del alquiler. Este podrá ser recreativo (no existe tope de precios) o residencial (tiene limitaciones de precio). El contrato deberá justificar que cumple los factores para ofrecer un alquiler de temporada por uso recreativo (más lucrativo). La intención de los grupos políticos es que los nuevos contratos tengan que ser mayoritariamente residenciales. “En los nuevos contratos se deberá acreditar su uso y su finalidad; y cuál es la residencia de la persona que lo alquila en el caso de los que son de temporada”, explica Susanna Segovia, (Comuns). De este modo, solo si una persona acredita tener una vivienda fija, los propietarios podrán ofrecer alquileres de temporada con uso recreativo. “Este es un muy buen acuerdo, de máximos”, celebra Segovia.
En la misma línea, aquellos estudiantes que se desplacen a otra ciudad durante el curso académico podrán obtener alquileres de temporada de uso residencial, por lo que el precio estará sujeto a las limitaciones. La nueva norma también limita los alquileres de habitaciones: la suma de todas las rentas no podrán superar el tope establecido por la ley estatal.
El Sindicat de Llogateres: «El acuerdo llega más de dos años tarde»
El Sindicat de Llogateres ha lamentado que el acuerdo “llega más de dos años tarde” y ha recordado en u comunicadi que esa regulación es la que tumbó el PSC el pasado mes de julio. El sindicato sostiene que esa regulación debería haberse aprobado hace tiempo y ha recalcado que la Ley de Vivienda es de 2023 y que hace tiempo que señalaban ese agujero. “Si hoy se han visto obligados a mover ficha es gracias a las movilizaciones masicas en las dos grandes manifestaciones y ante el deshaucio de la Casa Orsola”, afirma el Sindicat.
Hay más. El Govern pondrá en marcha un registro de grandes tenedores. Actualmente existía un inventario de empresas y fondos de inversión con múltiples propiedades, pero el acuerdo habilita la inclusión de personas físicas. De este modo, entienden los grupos políticos, será más fácil aplicar los impuestos de transmisión patrimonial. Comuns y PSC pactaron hace poco más de un mes aumentar el gravamen del 10% al 20% precisamente a los grandes tenedores.
También quedan blindados hasta el 2027 los pisos de protección oficial (VPO) que estaban a punto de caducar. Según cálculos del Govern, unos 36.000 pisos perderán la condición de protección oficial hasta 2030, unos 8.000 este mismo año. Para evitar que esta bolsa de vivienda pase al mercado privado, la proposición de ley permite habilitar la declaración de una zona de mercado tensionado donde las VPO se prorroguen automáticamente mientras dure la declaración.
Los comunes habían advertido a los socialistas de que no convalidarían el decreto si el Govern no incluía mejoras en estos dos ámbitos. El temor de los socialistas residía hasta ahora en que la regulación puede invadir competencias reservadas al Estado como ya dictaminó en 2022 en una sentencia el Tribunal Constitucional. La diputada de la CUP, Laure Vega, ya había planteado en el Parlament que veía al Govern en disposición de alcanzar un acuerdo.
En mayo del año pasado, la diputación permanente del Parlament tumbó el decreto sobre alquileres impulsado por el Govern de Pere Aragonès con el rechazo de Junts y la abstención de los socialistas que apuntaron que apreciaban en el documento inseguridad y falta de certeza jurídica. El PSC había sido partidario hasta la fecha de regular el alquiler de temporada a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que debe ser modificada en el Congreso, y no en el Parlament. Ester Capella (ERC), exconsejera de Territorio, no quiso hacer sangre con la similitud de su texto y el actual. “Estamos donde estábamos hace un año, pero ahora somos más”, ha dicho, y ha añadido que el acuerdo es “un paso más para sacar la vivienda de la lógica especulativa del mercado”.
La diputada de la CUP Laure Vega ha destacado que esta regulación y la protección de las viviendas de protección oficial son “un gran consenso” en la sociedad catalana, que “tenía que pasar a ser ley”, y ha remarcado que el acuerdo ha sido posible “porque ha habido fuerza en la calle”, en referencia a las recientes movilizaciones masivas a favor de la bajada de los alquileres.
