La democracia se sostiene sobre instituciones fuertes, neutrales y al servicio de todos. Cuando esas instituciones se vacían de contenido, se instrumentalizan o se someten a intereses partidistas, la convivencia se resiente y la igualdad ante la ley se debilita. Eso es lo que está … ocurriendo en Cataluña.
Desde hace años, la Generalitat ha dejado de ejercer sus competencias con vocación de servicio público para convertirlas en herramientas de confrontación. Se ha priorizado el relato identitario sobre la gestión, la propaganda sobre la política, y el agravio sobre la responsabilidad. El resultado es una administración que, lejos de garantizar derechos, los condiciona a una lógica excluyente.
La aprobación de la Ley de Amnistía en junio de 2024 ha sido el último episodio de esta deriva. Presentada como un gesto de «normalización institucional», esta norma rompe el principio de igualdad ante la ley y consagra la excepcionalidad como método. No exige responsabilidades, no garantiza la no repetición y no refuerza la confianza en las instituciones. Al contrario: la erosiona.
Este vaciamiento institucional no es solo jurídico. Es también simbólico y operativo. Se ha marginado la presencia del Estado en Cataluña, se ha presionado a funcionarios que representan la legalidad constitucional, y se ha cultivado una narrativa que presenta al Estado como un actor ajeno, cuando es —y debe seguir siendo— garante de los derechos de todos.
Desde el Partido Popular, defendemos una Cataluña plenamente integrada en el proyecto común que es España. Una Cataluña donde las instituciones no se utilicen para dividir, sino para servir. Donde la ley no se interprete según conveniencia política, sino como marco de convivencia. Y donde los ciudadanos, independientemente de su ideología, puedan confiar en que sus derechos están protegidos por instituciones fuertes, imparciales y eficaces.
Por eso necesitamos :
* Derogar la Ley de Amnistía, por vulnerar el principio de igualdad y debilitar el Estado de Derecho.
* Reforzar la presencia institucional del Estado en Cataluña, especialmente en educación, justicia y seguridad.
* Proteger a los servidores públicos que garantizan la legalidad constitucional en el territorio.
* Recuperar la neutralidad institucional, evitando que las administraciones se conviertan en altavoces partidistas.
Cataluña no necesita privilegios ni excepciones. Necesita instituciones que funcionen, que respeten la ley y que estén al servicio de todos. Esa es la verdadera normalización. Y esa es la tarea que nos corresponde a quienes creemos en la democracia, en la Constitución y en la igualdad de todos los españoles.
Agustín Parra Gallego es economista y diputado del PP en el Congreso de los Diputados por Barcelona
