En la enmarañada política española, todo está relacionado o se fuerza su relación. El PSOE pretendía tras unos meses de parón reactivar este martes la llamada comisión mascarillas del Congreso, la que persigue investigar todo lo relacionado con la contratación de material sanitario durante la pandemia, pero sufrió otro revés parlamentario cuando Coalición Canaria logró parar esa decisión en represalia a las actuaciones del Gobierno central en lo relacionado a la grave situación de la inmigración en las islas. El PSOE quería que esa comisión de investigación reclamase ya a la Xunta de Galicia todos los millonarios contratos firmados en estos años de gobiernos populares con el grupo Eulen, donde la hermana de Feijóo es su delegada en ese territorio, y con la firma Universal Support, en la que Ignacio Cárdenas Botas, hermano de la pareja del expresidente gallego, es director comercial. El PSOE no renuncia a su idea y buscará ahora otros apoyos para retomar su plan en próximas fechas.
El PSOE perseguía retomar este martes, y prorrogar más allá del límite fijado el 2 de octubre, los trabajos de la comisión de investigación de las mascarillas en el Congreso para fijar sus diferentes prioridades políticas para esta etapa, tras las primeras sesiones que se volcaron hasta finales de mayo en todo lo relacionado con el llamado caso Koldo, exasesor personal del exministro de Fomento socialista José Luis Ábalos, y con los Ministerios y autonomías con los que contrató o a los que suministró material sanitario durante lo peor de la pandemia. El PSOE ya avisó entonces de que ante los intentos del PP de extender las sospechas y presuntas irregularidades del caso Koldo sobre todo el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su familia, su esposa, Begoña Gómez, y distintos barones autonómicos y cargos socialistas —hasta el punto de haberse aprobado citar a 137 comparecientes— en futuras sesiones pondría su foco sobre Feijóo, su etapa en Galicia como presidente de la Xunta, y también sobre las actuaciones de la presidenta popular madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ese plan se ha topado de golpe con el boicot de Coalición Canaria, socio habitual del Ejecutivo de Sánchez en el Congreso, pero que cogobierna en Canarias con el PP.
ZIPI ARAGON (EFE)
Fuentes socialistas, en Ferraz y en el Congreso, achacan la actuación sorprendente este martes de CC en la comisión mascarillas a que “el presidente canario, Fernando Clavijo, dijo al final que no se podía apoyar esa comisión en revancha a lo que está haciendo el Gobierno central con la inmigración en las islas”. Fuentes de CC admiten que alertaron de que rechazarían esa iniciativa del PSOE porque “Canarias vive un drama migratorio al que no se dedica ni el tiempo ni las reuniones necesarias para tomar acuerdos efectivos”. CC entiende que esa presión migratoria y la situación de los miles de menores inmigrantes allí agolpados es su principal y casi única prioridad y así lo reclaman, como algo “más urgente y grave, por encima de la batalla política que suponen las comisiones de investigación en ambas cámaras”.
El PSOE, que preside esa comisión, optó por desconvocarla a última hora ante la evidencia de que podría sufrir otra simbólica derrota parlamentaria, porque al rechazo de PP y Vox se sumaría con el voto ponderado en contra de CC toda la representación que ostenta en esa reunión del heterogéneo Grupo Mixto, en el que están en teoría los cuatro diputados de Podemos, el BNG y hasta el exministro socialista Ábalos.
Esa estrategia de CC pilló con el pie cambiado al portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que había dado unos minutos antes una rueda de prensa en la que anunció con énfasis que su grupo iba a proponer “la ampliación del tiempo de funcionamiento” de esa comisión para requerir a la Xunta de Galicia, durante los 14 años al frente de Feijóo pero también en los últimos años con Alfonso Rueda, “toda la información de todos los contratos con empresas de familiares del líder del PP” y en particular con el grupo Eulen, también los menores. El PSOE sospecha tanto de los procedimientos de adjudicación de esos contratos en concurso y de las ofertas de las demás empresas competidoras, porque en muchos casos eran idénticos y al final resultaba que ese grupo los ganaba en la llamada fase subjetiva.
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El PSOE no renuncia pese a este contratiempo parlamentario a demandar esa información en próximas fechas, cuando reoriente sus aliados en la comisión, y volverá a reclamar también todos los contratos menores que la Xunta haya adjudicado a Eulen troceados en 12 contratos mensuales o cualquier otra empresa participada mayoritariamente por Eulen para evitar los concursos. Fuentes socialistas apuntan así que la Consellería de Sanidade emitió, por ejemplo, desde el 4 de mayo de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022, un total de 14 facturas por la misma cantidad: 10.834,55 euros y siempre con el mismo concepto de “seguridad”.
En relación con Eulen, según recoge la propuesta aprobada la semana pasada en el Parlamento gallego para la comisión impulsada por el BNG, una investigación del diario El Salto reveló que la Xunta le otorgó 1.311 contratos menores entre 2018 y 2023 por una cuantía de 4,8 millones de euros. Los nacionalistas añaden que durante ese periodo el montante total de las adjudicaciones a esta empresa superó los 55 millones y que en los dos últimos años, con Rueda como presidente, la compañía recibió más de 17 millones en adjudicaciones, una información destapada por Público. El BNG ha reclamado una auditoría independiente de esos expedientes. El Bloque también ha puesto el foco en los contratos recibidos durante la pandemia por Universal Support, en la que es directivo el hermano de la actual pareja de Feijóo, Eva Cárdenas Botas.
Entre mayo de 2020 y octubre de 2021, siendo Ignacio Cárdenas Botas director comercial para Galicia, la firma se benefició de adjudicaciones de la Xunta por valor de 19,2 millones de euros “con contratos a dedo”. En este tiempo, solo en las facturas por el servicio de rastreadores de contagiados por la covid, la Administración autonómica pagó 10,9 millones (7,8 entre enero y octubre de 2021) “de manera consecutiva y a dedo”, destacan los nacionalistas. A esta firma el Gobierno de Feijóo llegó a adjudicarle un concurso por cuatro millones “a pesar de ser la oferta más cara de todas”. El objeto del contrato era un servicio de call center para atención e información telefónica sobre la covid.
