El consejo de administración de Cementos Molins ha acordado este martes por unanimidad devolver su sede social a Cataluña, después de que decidiera trasladarla a Madrid por la crisis abierta por el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Así lo ha comunicado la empresa en una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la que ha explicado que el domicilio social, que ahora estaba en el paseo de la Castellana de Madrid, volverá a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). Aunque en los últimos tiempos otras empresas han decidido trasladar de nuevo su sede a Cataluña —es el caso, por ejemplo, de Laboratorios Ordesa, que volvió hace un mes, o de Aguas de Barcelona y Red Points, que lo hicieron en 2018 y el año pasado, respectivamente— el retorno de Cementos Molins es el primer caso de una empresa de cierto tamaño y cotizada —lo hace en el mercado de corros— que decide dar el paso.
Cementos Molins es una de las cerca de 4.500 empresas que durante y después del otoño de 2017, en plena crisis por la fallida declaración de independencia de Cataluña, optaron por trasladar su sede fuera de la comunidad autónoma para garantizarse un marco más estable. En total, entre octubre de 2017 y julio de 2023, fueron 7.743 las compañías que se fueron de Cataluña. El mundo empresarial catalán entró en aquel momento en una cascada de compañías que comunicaban cada día su traslado. La primera fue Oryzon, pero la avalancha vino sobre todo después de que el consejo de administración de CaixaBank aprobó, el 7 de octubre de 2017, el traslado de su sede a Valencia. Desde que el gran banco catalán decidió irse, miles de empresas grandes, pequeñas y medianas decidieron seguirle los pasos. El traslado de CaixaBank también vino acompañado de la publicación del Real Decreto Ley 15/2017, que con la modificación de un artículo de la Ley de Sociedades de Capital permitía el traslado de la sede con más agilidad.
Este decreto, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, fue apoyado por el PSOE de Pedro Sánchez, y revertirlo fue precisamente una de las condiciones que puso Junts hace un año para apoyar a Sánchez en su investidura. De hecho, el acuerdo al que llegaron con los socialistas incluía diseñar un plan para promover el retorno de las empresas. Tiempo después, Junts fue más allá y propuso no solo incentivar la vuelta de las empresas, sino multar a las que no retornasen su sede a Cataluña, pero siguieran teniendo su actividad principal aquí.
La patronal catalana, Foment del Treball, aplaudió el pacto entre PSOE y Junts para promover la vuelta de empresas, aunque no se ha concretado en un plan específico. Y este martes ha celebrado la decisión de Cementos Molins. El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, lo calificado de “gran noticia para Cataluña” y ha felicitado a los directivos y al consejo de administración por esta decisión de hacer volver el centro de decisión de Cementos Molins a Cataluña. “Bienvenidos”, dice la patronal en un comunicado. También el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, ha celebrado la decisión de Cementos Molins como ejemplo de que “grandes empresas vuelven a Cataluña”: “Podemos abrir una etapa de avances si hacemos bien nuestro trabajo”, ha expuesto en una publicación en la red social X. “Buen Gobierno, estabilidad política y seguridad jurídica para generar prosperidad y ocupación”, ha añadido.
En aquel 2017, Cementos Molins justificó el traslado por “la situación política y social que se vive en Cataluña y a la inseguridad jurídica que provoca”. Desde entonces, los sucesivos gobiernos de la Generalitat han intentado que las empresas que se marcharon regresen a su sede original, pero hasta ahora son muy pocas las que lo han hecho. Las más grandes —no solo CaixaBank y el Banco Sabadell, sino también Naturgy, Colonial, Cellnex o Planeta, entre otras— por ahora no han mostrado interés en volver.
El traslado de Cementos Molins también trajo una derivada judicial por las discrepancias acerca de la decisión. Un grupo de accionistas, miembros de la familia fundadora de esta empresa nacida en 1928, interpuso una demanda porque consideraron que el traslado era ficticio, puesto que pese a llevar la sede social al paseo de la Castellana de Madrid, el día a día de la empresa se seguía gestionando desde Sant Vicenç dels Horts, donde la compañía tiene su sede histórica, una de sus fábricas, y su centro de operaciones. Los tribunales consideraron que el traslado se hizo conforme a la ley, ya que para denominar una ciudad como sede social solo hace falta celebrar allí los consejos de administración y las juntas de accionistas.
La compañía, que desde el mes de marzo pasado tiene a Marcos Cela como nuevo consejero delegado —en sustitución de Julio Rodríguez, que llevaba nueve años en el cargo y estuvo, por tanto, en el momento de decidir llevar la sede fuera de Cataluña— registró en 2023 unas ventas de 1.349 millones de euros (un 6% más que el año anterior) y un beneficio neto de 151 millones (un 35% más). Cementos Molins, propiedad de diferentes ramas de la familia Molins, cotiza en el mercado de corros de la Bolsa de Barcelona —una de las pocas compañías que siguen negociando sus valores en esta modalidad— y tiene una capitalización de 1.500 millones de euros. Cuenta con una plantilla de unos 4.000 empleados.
