La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha requerido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que elimine la adenda al convenio firmado con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) en el que se establece la obligación de los boticarios de detraer de sus ingresos el 5% de la venta de genéricos, que irá a parar a las arcas de la administración autónoma. La CNMC considera que con esta decisión se prioriza la venta de este tipo de medicamentos frente a los de marca, una medida que vulnera el principio de no discriminación recogido en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. El organismo dependiente del Gobierno central advierte a la Junta de Andalucía de que si no se aviene a su petición, interpondrá un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.
Los servicios jurídicos del SAS están estudiando el requerimiento planteado por la CNMC, indican fuentes de la Consejería de Salud, que señalan que tienen de plazo un mes para responder a la entidad. A principios de abril, el SAS y el Cacof firmaron esta adenda a su convenio que fija las condiciones de la prestación farmacéutica por las oficinas andaluzas bajo la premisa de que se trataba de un mecanismo para promocionar la venta de medicamentos genéricos. La medida, que entró en vigor el pasado mes de mayo, fue cuestionada de inmediato por buena parte de los farmacéuticos, tal y como recogió este diario, por considerarla una imposición por parte del Cacof, de la que no se les había informado previamente, que, además, consideraban injusta porque se aplicaba a todas las farmacias por igual sin tener en cuenta la facturación o el tipo de farmacia. Los boticarios entendían que la obligación de ceder el 5% —“el impuestazo”, como lo denominan—, es una vía encubierta para financiar el elevado gasto farmacéutico de la comunidad, fuera de control desde que el Gobierno de Juan Manuel Moreno decidiera acabar con la subasta de medicamentos.
La CNMC esgrime que con la adenda el SAS discrimina los medicamentos de marca en las farmacias, un argumento que también comparte Farmaindustria, la patronal del medicamento, que acaba de presentar medidas cautelares contra la medida acordada entre la Junta y el Cacof. También han presentado sendos recursos ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía son la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) y un grupo de 100 farmacéuticos de la comunidad. La patronal de las farmacias, como la CNMC, pide la anulación del acuerdo y los farmacéuticos la suspensión cautelar, aunque los argumentos son similares.
Ambos consideran que la adenda vulnera todas disposiciones relacionadas con el margen de beneficios de las oficinas de farmacia. Desde Ceofa se considera que también se incumple la Ley del Medicamento y la de Garantía de la Unidad de Mercado. “La decisión de Competencia viene a respaldar las razones principales por las que nos oponíamos cuando se conoció el acuerdo”, explica su presidente, Leopoldo González. Por parte del centenar de farmacéuticos también se alega que el Cacof carece de legitimación para acordar en nombre de sus colegiados los términos del documento y que éstos son contrarios a normativa básica del Estado. “No creo que tras la decisión de la CNMC y la demanda de la patronal la adenda tenga mucho recorrido”, sostiene Jaime Espolita, presidente de la Sociedad de Farmacia Rural (Sefar), otra entidad que desde el primer momento se ha mostrado beligerante con el acuerdo por entender que discrimina a las boticas de la Andalucía vaciada con menos margen para negociar con los laboratorios la venta de génericos y que tienen que hacer frente a gastos obligatorios como las guardias.
Desde Ceofa han calculado que la cesión del 5% implica para las farmacias entre 8.000 y 10.000 euros menos de ingresos, una cantidad que para muchos farmacéuticos equivale al salario de un empleado del que tendrán que prescindir o a la inversión en nuevos servicios para sus pacientes que tendrán que posponer, perjudicando la calidad del servicio. El Cacof ha hecho unos cálculos más a la baja y fija la horquilla del coste para los boticarios entre 400 y 500 euros.
Su vicepresidente, Ernesto Cevilla, explicó a EL PAÍS que el SAS contactó con el colegio de farmacéuticos para contener el gasto en medicamentos, que ha pasado en seis años de los 1.716 millones a los 2.277 presupuestados para 2024 (la segunda partida más amplia tras la destinada a personal del SAS). “En este tiempo la prestación farmacéutica ha crecido y para que el paciente pudiera tener acceso a esos bienes nos pidieron si podíamos contribuir a su sostenibilidad”, dijo Cervilla. En sede parlamentaria, la consejera de Salud, Catalina García, lo explicó de esta manera: “Hay que trabajar para hacer efectivo el SAS y ellos [por el sector farmacéutico] son preceptores de ingresos económicos del SAS y se implican con nosotros”.
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