El sistema eléctrico español y, en concreto, sus infraestructuras están viviendo un año de máxima actualidad. Junto al apagón del pasado mes de abril, en 2025 también se conocerá la retribución financiera que cobrarán las empresas distribuidoras por mantener las redes. Y ahora, la … Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere poner coto a otro problema: el fraude eléctrico que ya supera los 2.000 millones de euros, según cálculos estimados del sector energético.
Por este motivo, la CNMC ha aprobado una propuesta normativa para actualizar y mejorar la regulación que lucha contra unas prácticas prohibidas que han aumentado en los últimos años. Entre otros, propone fijar unos procedimientos comunes de actuación para las distribuidoras cuando realicen sus inspecciones. También aborda las actuaciones en caso de confirmarse el fraude y las comunicaciones entre los sujetos afectados.
Además, en aquellos barrios vulnerables donde los fraudes pongan en peligro la seguridad de las instalaciones y de las personas se implementarán planes de contingencia. Las medidas adoptadas, como los cortes del suministro, buscarán minimizar el impacto en los consumidores que pagan sus facturas y se prestará especial atención a los hogares con consumidores vulnerables.
Sobre la naturaleza de las inspecciones para la detección del fraude eléctrico, desde la CNMC explican que estas situaciones pueden ser detectadas durante una actuación que la distribuidora esté llevando a cabo en el ámbito de sus funciones, y también durante una verificación específica orientada a detectar el fraude. En cualquiera de estos casos, insisten desde Competencia, esta propuesta identifica como «inspector» al profesional que detecte el fraude.
Otra de las novedades que propone la CNMC es «incluir la obligación de las empresas distribuidoras de presentar ante el órgano competente de cada organismo autonómico, antes del 1 de marzo de cada año, un informe estadístico sobre los expedientes de fraude eléctrico abiertos en su territorio durante el año anterior, incluyendo expedientes en curso que se mantengan abiertos correspondientes a otros años».
Entre los datos estadísticos se incluirán, al menos, el número de actuaciones orientadas a la detección de fraude eléctrico, el número de fraudes detectados, el tipo de consumidor o usuario, especificando el peaje de acceso, en su caso, y la actividad económica, el tipo de fraude, o la energía estimada. Todo ello sin perjuicio de que los organismos autonómicos puedan solicitar un mayor desglose.
Claves económicas
La CNMC también aprobará mediante una resolución «los valores de potencia y horas de utilización de energía para facturar los importes derivados del fraude en los casos en que no puedan aplicarse criterios objetivos». Es decir, el organismo que preside Cani Fernández quiere aclarar cómo se debe facturar la energía consumo cuando se producen los fraudes. Para ello, se condicionan los peajes y cargos.
Sobre situaciones concretas, Endesa detectó el pasado año 71.000 casos de fraude eléctrico, lo que representa una media de ocho casos a la hora o cerca de 200 casos cada día. Estas cifras suponen un incremento del 33% respecto a 2023 y evidencian la magnitud de un problema con graves consecuencias para la seguridad física de las personas, la calidad del suministro eléctrico y el importe de la factura que pagan todos los ciudadanos. Plantaciones de marihuana y grandes consumidores, desde industrias a negocios, concentran la mayor parte de la energía defraudada en un contexto de creciente profesionalización del fraude.
La manipulación de las instalaciones eléctricas implica importantes riesgos para la salud de la persona que las realiza y de las que le rodean, ya que pueden derivar en incendios y electrocuciones que pueden provocar daños muy graves e incluso la muerte.
