Si los historiadores que insisten en descartar la tesis de la excepcionalidad española tuvieran razón, ¿qué otra cosa podríamos hacer sino echarnos a llorar? Porque si tuvieran razón, los demás países occidentales serían como España. Y en ese caso, sencillamente, no habría manera de mostrarse esperanzados por el futuro de las sociedades liberales. Por fortuna, nuestros historiadores se equivocan: lo que pasa en España no pasa en casi ninguna parte.
Porque en casi ninguna parte sucede que los ministros del Gobierno reaccionen a la decisión sobre un recurso judicial arremetiendo contra la presunción de inocencia y cuestionando la aptitud de los jueces –en este caso, las juezas, y dos de ellas progresistas– que han emitido el fallo. Pero eso es lo que sucedió hace unos días, para desolación de cualquier ciudadano partidario del Estado de derecho, una vez que el futbolista Daniel Alves fue absuelto del cargo de agresión sexual por el que había sido condenado en primera instancia.
El asunto es sencillo: si la culpabilidad del acusado no puede demostrarse con arreglo a las pruebas e indicios disponibles, sopesados con arreglo a criterios que la jurisprudencia va refinando paulatinamente, su condena es improcedente. De ahí que la absolución sobrevenida del futbolista fuese, a la vista de la debilidad argumentativa de la sentencia condenatoria inicial, más bien previsible. Huelga decir que eso no ha servido para atenuar las protestas de quienes sienten la decisión de los jueces como una afrenta.
Hemos tenido así la enésima prueba de que no hay diálogo posible con el feminismo dogmático: sin tiempo de haber leído siquiera un resumen de la sentencia, Irene Montero salió a las redes a denunciar «violencia institucional» contra las mujeres, mientras las ministras de Igualdad y Hacienda afirmaban que el testimonio de una mujer debe bastar por sí solo para condenar a un acusado y al inefable ministro Bolaños le tocó en suerte reclamar una vez más la formación de los jueces en perspectiva de género: la idea es reeducarlos para que pongan el testimonio de la acusación por delante de la presunción de inocencia.
«Es de agradecer que algunos jueces resistan las presiones de unos gobernantes dispuestos a todo con tal de conservar el poder»
Impermeabilidad a los hechos e ignorancia jurídica –real o fingida– se combinan así para socavar el imperio de la ley a ojos de unos ciudadanos generalmente incapaces de comprender la lógica civilizatoria del Derecho e inclinados a creer a la mujer denunciante en razón de un sentimiento natural de aversión hacia los agresores sexuales.
Es de agradecer que algunos jueces resistan las presiones que sobre ellos ejercen unos gobernantes dispuestos a todo con tal de conservar el poder… incluida la aprobación de una reforma penal a la que se atribuye el mérito de haber introducido el consentimiento en los delitos contra la libertad sexual: una mentira flagrante que pasa entre nosotros por verdad indiscutible. No hay que sorprenderse: el feminismo español tomó un camino desviado cuando decenas de miles de personas salieron a la calle a protestar no contra una sentencia que hubiese librado de la cárcel a un agresor sexual, como sin duda hubieron de pensar los turistas que nos visitaban cuando se publicó la sentencia sobre el caso de «La Manada», sino a cinco hombres condenados a nueve años de prisión.
Ahí empezaron la escalada punitivista y el delirio consistente en afirmar que la denuncia de una mujer no puede someterse jamás a examen; el eslogan hermana yo te creo se convirtió en ariete contra la presunción de inocencia y la idea de que el consentimiento sexual debe ser siempre explícito se introdujo en la legislación como falsa solución a todos los problemas. Nuestros grandes partidos no se atrevieron entonces a dar explicaciones racionales a la multitud con objeto de enfriar sus pasiones justicieras; para colmo, algunos comprendieron que de aquellas movilizaciones podía sacarse tajada electoral. Y en ese peligroso bucle iliberal seguimos atrapados.
