Condenado a más de cuatro años de prisión el exchófer de la Junta por comprar cocaína con fondos de los ERE | España

Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer de Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por destinar fondos de las subvenciones de los ERE a “satisfacer intereses particulares como la compra de bienes inmuebles”, a suscribir de manera “fraudulenta” pólizas de seguros a nombre de su propia madre, además de al “pago de necesidades particulares” de Guerrero —ya fallecido—, como consumiciones en restaurantes, establecimientos de ocio y suministro de cocaína, de acuerdo con la sentencia emitida por la Audiencia de Sevilla. El tribunal condena a Trujillo como autor de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad de documento en una pieza separada del caso de los ERE de Andalucía.

El desvío de fondos para consumo de cocaína fue considerado el ejemplo que mejor ilustraba el descontrol y la aparente impunidad con la que se utilizaron unas subvenciones ideadas en su origen a solventar de manera ágil los despidos masivos producto de las crisis industriales que sufría la comunidad andaluza. En el juicio oral a principios de este año, Trujillo se ratificó en que se gastó parte de los 900.000 euros que recibió de esos fondos públicos en fiestas, cocaína y un piso y varios terrenos. El exchófer también reconoció haber suscrito una póliza de seguros a nombre de su madre y haber constituido tres sociedades mercantiles a través de las que recibió 1.350.000 euros de ayudas públicas.

El hecho de que el juicio oral tuviera lugar seis años después de que finalizara la instrucción ha permitido a Trujillo beneficiarse, como está ocurriendo con muchos responsables juzgados en piezas separadas del caso de los ERE, de una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Los magistrados, además, lo absuelven del delito de tráfico de influencias porque no ha sido posible “definir con éxito una situación de influencia del acusado” sobre Guerrero que permita encajarla con su tipificación penal.

De acuerdo con la sentencia, se considera probado que en 2003, “con ánimo de enriquecimiento propio”, el entonces director de Trabajo “se concertó” con Trujillo “a fin de constituir sociedades mercantiles con intención de recibir cantidades procedentes de ayudas que serían concedidas para financiar presuntas actividades de inversión y que provenían de fondos públicos de Andalucía, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido”. Se trata de tres sociedades que percibieron 1.350.000 euros (450.000 cada una), la misma cantidad que la sala ha impuesto en calidad de responsabilidad civil que deberá abonar a la Junta de Andalucía.

Los magistrados también consideran probado que Trujillo entregó a su esposa 24.000 euros para que comprase la vivienda conyugal, un importe que provenía de la venta de una finca que el exchófer había adquirido gracias a las ayudas concedidas de manera irregular por Guerrero. La mujer del antiguo conductor también deberá devolver a la Junta esa cantidad de manera solidaria con su marido y con otros dos empresarios que también han sido condenados en esta causa con quienes, tanto Trujillo como Guerrero se concertaron para defraudar parte de los fondos públicos bajo la apariencia de invertir en una granja avícola y para suscribir la póliza a nombre de la madre de Trujillo, respectivamente.

Moreno no es partidario de indultar a los altos cargos condenados

La Audiencia Provincial trasladó a la Junta de Andalucía una providencia para que “en calidad de perjudicada, emita su parecer sobre la petición de indulto” de los ocho ex altos cargos de la Junta condenados a penas de prisión en la llamada pieza política de los ERE. La administración andaluza ha insistido en estos días en que el tribunal no le había pedido una posición sobre la medida de gracia sino que “informe sobre la situación en la que se encuentra actualmente como perjudicada del caso como podría ser, por ejemplo, si el daño causado a las arcas públicas se ha repuesto”, según detallan fuentes del Gobierno andaluz. Y en ese sentido se ha redactado el escrito que los servicios jurídicos de la Junta han remitido a los magistrados, según han traslado las mismas fuentes: “Lo único que cabe manifestar por esta Administración, considerando su exclusiva condición de perjudicada, respecto a la petición de indulto solicitada es que a la fecha actual aún no ha sido resarcida por quienes han sido condenados”, señala el escrito, en el que se recuerda que “la Junta de Andalucía está llevando a cabo todo tipo de actuaciones para la recuperación de lo defraudado, utilizándose todas las vías jurídicas posibles”. La administración autonómica cifra en 679.412.179 euros, el perjuicio económico causado por el fraude de los ERE.

Más claro ha sido el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que esta mañana ha asegurado que su Gobierno no es partidario de los indultos “y menos aún de condenados por corrupción”. El dirigente popular ha hecho hincapié en que hay que distinguir entre los motivos de salud de un condenado, por el que los jueces pueden aplazar un ingreso en prisión, como ha ocurrido con el expresidente José Antonio Griñán, y un indulto de una condena por corrupción, “que es una medida de gracia que corresponde al Gobierno de España y con la que el Gobierno de Andalucía no está de acuerdo”.

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