¿Qué ha sido de la condonación de la deuda a la Generalitat? El 26 de febrero pasado, los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP abandonaron precipitadamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) cuando se iba a tratar la condonación de la deuda autonómica y dejaron plantada a la ministra. Solo permanecieron los representantes de las tres autonomías que están en manos del PSOE. Entre ellas, Cataluña. Era demasiado para María Jesús Montero, la situación la sacó de quicio. Se sintió frustrada porque había fracasado la trampa, urdida con tanto esmero. Perdió los nervios. Le dio tal pataleta que prorrumpió en toda clase de improperios contra el PP. Habló de la mayor deslealtad histórica, de oposición irresponsable, de cobardía, de un capítulo esperpéntico de política infantil, etc.
El Gobierno creía haber construido una añagaza, al extender la condonación en mayor o menor medida a todas las autonomías del régimen común. Colocaba así a los distintos gobiernos regionales ante la alternativa de tener que aceptar la medida o justificar ante los naturales de sus comunidades por qué rechazaban algo que resultaba a primeras luces beneficioso para ellos.
Si prescindimos de sofismas, se entiende perfectamente la desbandada de consejeros y su oposición. Y si las críticas del de Castilla-La Mancha y el de Asturias fuesen serias, deberían haber hecho lo mismo. La medida resulta imposible de justificar.
Primero, desde el mismo aspecto formal, por su origen. Resulta obsceno presentar al CPFF para su aprobación un acuerdo pactado ya entre el Gobierno y un golpista. Paradójicamente, un condenado por sedición que se encuentra legalmente inhabilitado para la actividad política y un prófugo de la justicia en Bruselas son quienes mandan en España. Es evidente que jamás se habría planteado la condonación que ahora se quiere aprobar si no fuese uno de tantos peajes que los independentistas catalanes han exigido para mantener a Sánchez en la Moncloa. Su finalidad invalida desde el principio toda la operación y convierte cualquier razonamiento en excusa.
Comenzando por la ministra de Hacienda y siguiendo por el resto de miembros del Gobierno y demás altavoces sanchistas, todos ellos se esfuerzan en convencernos de que la medida es buena para todos, lo que contrasta con el hecho de que nunca se habría propuesto si no fuese porque se necesitaba para intentar esconder lo pactado con los golpistas catalanes. Pretenden poner en un brete a la oposición, afirmando que rechazan un dinero que se podría aplicar a sanidad, educación etc… Una vez más, la argumentación del Gobierno constituye una auténtica falacia.
«La finalidad no era sino justificar el felón acuerdo con los golpistas catalanes para comprar el Gobierno»
Consideremos el fondo del asunto para entender sus efectos e implicaciones. En principio, se trata de meros ajustes contables. En las cuentas de las comunidades desaparece un pasivo y en las del Estado se anula parte del activo que tenía frente a ellas, pero no existe ninguna transferencia de liquidez y, por lo tanto, ninguna capacidad de un mayor desembolso en los servicios públicos de las autonomías, si exceptuamos el ahorro de los intereses que desde luego no constituyen cantidades excesivamente significativas.
La única forma posible que tendrían los gobiernos autonómicos para acometer de forma relevante gastos adicionales sería endeudándose nuevamente por la misma cuantía, lo que desde luego no resultaría viable si se asumiese la condición que exige o recomienda la AiREF. En cualquier caso, si lo que se pretendía era transferir dinero a las comunidades, podría haberse hecho directamente sin tantas alambicaciones. Pero esa no era la finalidad, sino justificar el felón acuerdo con los golpistas catalanes para comprar el gobierno.
La ministra de Hacienda, como siempre, intenta engañarnos de forma infantil cuando afirma que este Gobierno ha concedido muchos más recursos a las comunidades que los gobiernos de Rajoy. El ardid es simplón, compara las cantidades sin tener en cuenta la inflación. Tampoco tiene en consideración las distintas circunstancias de ambas etapas. Rajoy tuvo que hacer frente a una crisis económica, heredada de Zapatero y por lo tanto a una austeridad impuesta por Bruselas que lógicamente tenía que recaer también sobre las autonomías. Sánchez, por el contrario, se ha encontrado con una política europea de carta blanca en el gasto, y con los fondos de recuperación. A su vez, sobre las autonomías han recaído en buena medida los costes de la epidemia.
Podría pensarse que la condonación de la deuda autonómica por parte del Estado no va a tener ningún efecto. La cantidad que los andaluces, catalanes, gallegos, murcianos, etc., deben como tales, pasarán a deberla como españoles. Ello sería cierto si la cuantía a perdonar a cada una de las autonomías fuese equitativa, es decir, proporcional al número de residentes en ella, ya que lógicamente todos los ciudadanos se van a hacer cargo por igual de la deuda total que va a asumir el Estado.
«La distribución entre las comunidades se ha establecido por el Gobierno arbitraria y unilateralmente»
Pero esta distribución entre las comunidades se ha establecido por el Gobierno arbitraria y unilateralmente, lo que no es óbice para que después se pida la adhesión incondicional de los gobiernos autonómicos. El Ministerio de Hacienda se ha colocado una vez más al servicio de los intereses de Sánchez y del sanchismo. Los factores a emplear se han fijado en función de sus conveniencias. El primero, justificar el acuerdo firmado con los independentistas, con el que Cataluña queda extraordinariamente primada; el segundo, facilitar a la ministra de Hacienda su campaña electoral en Andalucía.
Se ha seguido un procedimiento contrario al que tendría que haber sido normal. Se han fijado previamente las cantidades a condonar en cada autonomía y posteriormente se han escogido unos criterios de reparto que justificasen la distribución anterior. Ello conduce a que algunos, como los habitantes de Cataluña, salgan muy beneficiados, mientras que los de Madrid resultan castigados.
Lo más grave, sin embargo, es que se intenta emplear la condonación de la deuda como sustituto de la revisión del sistema de financiación autonómica. Durante los cerca de siete años en el Gobierno, Sánchez ha rehuido establecer un nuevo sistema de financiación, a pesar de que el actual se debía haber renovado en el 2014. Es cierto que Rajoy tampoco lo renovó, pero solo tuvo tres años para hacerlo, y la mayor parte de este tiempo estuvo en funciones, en plena crisis económica y teniendo que reprimir un golpe de Estado independentista. No parecía el momento más apropiado para acometer tal tarea.
A Sánchez funcionar con un sistema caducado le permite tener un amplio margen para favorecer a unas comunidades frente a otras y, sobre todo, primar a Cataluña, y poder contar así con los 13 diputados de los partidos catalanes independentistas. Resulta cínica la postura de Sánchez y sus secuaces acusando reiteradamente al PP de incumplir la Constitución por no renovar el Consejo del Poder Judicial (lo cierto es que dicha renovación competía tanto al PSOE como al PP) cuando ellos llevan sin actualizar el sistema de financiación autonómica siete años y cuando tampoco han presentado en los dos últimos años el presupuesto a las Cortes en el mes de septiembre como exige la Constitución.
«La trampa que el gobierno ha elaborado para la condonación de la deuda autonómica es la que ha empleado en muchas ocasiones»
La trampa que el gobierno Frankenstein ha elaborado para la condonación de la deuda autonómica es la que ha empleado en otras muchas ocasiones, quitarse de en medio e imputar cualquier responsabilidad a los demás, especialmente a las comunidades autónomas. Comenzó con la pandemia y la famosa cogobernanza. Sánchez mantuvo que fuesen los gobiernos autonómicos los que decidiesen el estado de alarma en su comunidad, a pesar de que, según la Constitución, es el Gobierno de la nación el único competente para decretarlo total o parcialmente. «Que me lo pidan», afirmaba Sánchez.
Es la misma frase que empleó con ocasión de la dana en Valencia, «que me lo pidan», queriendo ignorar que la facultad para declarar la situación de emergencia se encuentra en el presidente del Gobierno, sin necesidad y sin tener que esperar a que la comunidad autónoma lo demande.
Durante todo su gobierno Sánchez ha chantajeado a la oposición mediante decretos leyes, en los que la convalidación es global, y los diputados se encuentran ante la alternativa de dar su asentimiento o rechazar el lote completo. Lo hemos visto con la revalorización de las pensiones y el juego sucio que a propósito de su aprobación se trajeron los sanchistas.
No creo que me equivoque mucho al suponer que, si al final se aprueba la ley en el Parlamento, aparecerá un párrafo prescribiendo que tendrá que ser cada una de las autonomías la que solicite expresamente su respectiva condonación: «Que me lo pidan». De esta manera, el ejército sanchista espera demostrar la contradicción en que según ellos se debaten los gobiernos autonómicos. El chantaje es pueril, pues una cosa es estar en contra de la medida considerada globalmente y otra cosa muy distinta es que una vez aprobada en las Cortes una comunidad renuncie a la única parte que la beneficie.
«Si el Gobierno tiene tantas ganas de condonar deudas, ¿por qué no condona la que tiene la Seguridad Social (S.S.) con el Estado?»
La condonación de la deuda que se proyecta, por más que se oculte, constituye la preparación para el beneficio más sustancial pactado con los independentistas catalanes: el traspaso de la gestión, recaudación y capacidad normativa de los impuestos, es decir, concederles un régimen fiscal similar al Concierto del País Vasco. Es en este contexto en el que la condonación adquiere mayor gravedad, porque es muy probable que, al salirse del sistema de financiación común, Cataluña, al contrario de las demás regiones, no tenga que asumir la deuda traspasada de las comunidades al Estado español, tal como Sánchez ya ha prometido al PNV respecto a Euskadi.
Si el Gobierno tiene tantas ganas de condonar deudas, ¿por qué no condona la que tiene la Seguridad Social (S.S.) con el Estado? Esa operación sí que constituiría un mero apunte contable, ya que entre Estado y S. S. no hay diferencia y, al consolidar, sus deudas recíprocas desaparecen. Estén en el balance que estén, recaen y en partes iguales sobre todos los españoles. Después de colocarse tantas medallas con el tratamiento dado a las pensiones, hay que preguntarse si la verdadera intención de Sánchez no es que el sistema público continúe siendo objeto de ofensiva de los que llevan más de 30 años anatematizándolo, y declarando que no es sostenible. ¿Cuál es el motivo para que las transferencias anuales a la S. S. continúen figurando como préstamos y no como aportaciones?
