El mecanismo es sencillo y funciona así: se descarga una aplicación en el móvil para marcado automático, se teclea el número de la oficina para pedir una cita de asilo y se fija un intervalo de dos segundos entre cada llamada no respondida. Y a esperar. Al cabo de una hora, la persona con esta aplicación habrá llamado más de mil veces a ese teléfono, 8.000 en un día. Jeff, un joven venezolano que llegó a España en febrero pasado y quien pide la protección de su identidad, ha repetido esa rutina durante los últimos siete meses, la conoce de memoria y no deja que pase un día sin llamar, a la espera de que alguien conteste al otro lado y pueda agendar una cita para pedir protección internacional, por la represión de la que huyó en su país. Es un calvario, asegura: “Ya se vuelve algo mental; si estás afuera haciendo algo, en tu mente estás repitiéndote todo el tiempo ‘no estoy llamando, no estoy llamando’”. Es como si fuese un segundo trabajo.
España alcanzó en 2023 un récord histórico en peticiones de protección internacional: más de 163.000 solicitudes, en su gran mayoría de ciudadanos de países latinoamericanos. Este año está a punto de superar ese récord: hasta noviembre, la cifra ya superaba las 155.000. El enorme caudal de peticiones lleva años poniendo contra las cuerdas al sistema. La altísima demanda y la falta de oferta favoreció un mercado negro en el que se comerciaban las citas de asilo hasta por 200 euros. Entre los que piratearon el sistema cayó un ingeniero que había creado robots capaces de acaparar las citas. El negocio consistía en venderlos a gestores y abogados que revendían los turnos por su cuenta. La Policía lo detuvo a principios de 2023 y raíz de la operación decidió que en las provincias con más demanda — Madrid, Barcelona, Valencia, entre otras — las citas volverían a pedirse a la antigua: por teléfono. Un año y medio después, esta fórmula improvisada y, en principio, provisional, se mantiene y no funciona: esos teléfonos reciben miles y miles de llamadas cada día, pero solo se conceden algunas decenas de citas. Según datos suministrados por Interior a EL PAÍS, las comisarías de Madrid ofrecen 160 turnos diarios, 3.200 al mes.
El grupo en Telegram tiene más de 27.000 miembros. Al principio era puramente de venezolanos que llegaban a España a pedir asilo, pero ahora lo integran muchos latinoamericanos de otras nacionalidades. “Buenos días, bendiciones, ojalá a muchos nos contesten hoy”, escribe un usuario al empezar la jornada. El grupo está dividido por comunidades autónomas y por allí fluye la información sobre cómo pedir citas, cuáles son las líneas oficiales para llamar, cuál es la documentación necesaria. Han aprendido a llevar el proceso en colectivo, para acompañarse en un trámite que durará meses. Hasta que no les contesten esa llamada y puedan pedir formalmente el asilo, todos ellos estarán en situación irregular, sin papeles, sin poder trabajar con un contrato formal y, en caso de necesitarlo, sin acceso al sistema de acogida. Entre ellos, personas recién llegadas a España desde países con serias amenazas para los derechos humanos como Afganistán o Malí. Elena Muñoz, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), explica que “al no poder acreditar documentalmente que son solicitantes de protección internacional — porque ese documento no se da, sino hasta el día de la primera cita — no tienen forma de acceder a estos derechos”.
Muchos de ellos, incluso, no cumplirán los requisitos para la protección internacional, pero tienen derecho a pedirla. De hecho, esta viene siendo la vía de muchos extranjeros para regularizarse en España, quienes después de que les negaban el asilo aplicaban a un permiso por arraigo. El nuevo reglamento de Extranjería les cerró esa posibilidad: a quienes les rechacen su petición de protección no les va a contar el tiempo que hayan permanecido hasta entonces en España para solicitar el arraigo.
Algunos terminan desistiendo. José Muriel, colombiano de 42 años, llegó a Valencia en julio de 2022. Desde ese momento intentó conseguir una cita de asilo porque en la ciudad en la que vivía en el suroccidente de Colombia fue testigo de un homicidio y desde entonces los perpetradores lo persiguieron y lo amenazaron. Cuando llegó a España todavía las citas se pedían por la página web. Nunca pudo encontrar una disponible. Después, cuando se puso en marcha la vía de la llamada telefónica, tampoco consiguió que le contestaran nunca. Dejó de intentarlo. El resultado es que lleva dos años y medio en territorio español en situación irregular. Trabaja como pizzero en un restaurante en Calpe, no le pagan horas extra ni días de descanso.
La desesperación porque les cojan la llamada es tal que en el grupo de Telegram se han tejido teorías construidas a base de intentos fallidos sobre cómo hacer más probable que les contesten. En las últimas semanas el consenso parece ser definitivo: hay que marcar desde una línea Movistar que tenga contrato. Antes de esa versión, se decía que había que llamar con el wifi apagado, sin ninguna otra conexión. Ronald, uno de los miembros del grupo, ironiza en el chat: “La estadística dice que de Digi, que de Movistar, que en la mañana, que en la tarde, que con los datos apagados, que si con una cinta roja amarrada en la muñeca y así se le van sumando cosas al complejo proceso de llamar”.
De vez en cuando, alguien logra que al otro lado alguien atienda el teléfono. Ana Pérez es una de las afortunadas. Llegó en febrero de este año desde Perú y sostiene que le contestaron la llamada antes de cumplir su primera semana en Madrid. Durante los meses siguientes han seguido llegando miembros de su familia, su madre, sus tíos, sus primos. Dice que en todos los casos han logrado que les contesten. “Hay gente que intenta seis meses pero cada 15 o 20 minutos; hay que llamar todo el día, sin descanso, dedicación exclusiva, desde que uno se levanta hasta la noche”, enfatiza. Agrega que desde antes de llegar a España, empezó a escribirles uno a uno a todo el que publicaba en el grupo de Telegram que había logrado que le contestaran para preguntarles desde qué línea había llamado. Todos le aseguraban que había sido con una línea Movistar con contrato y así lo ha hecho ella y toda su familia y por eso es una férrea defensora de esa teoría, que no está confirmada y que las autoridades descartan.
El problema es que es poco probable que un solicitante de asilo recién llegado a España pueda dedicarse exclusivamente a llamar. Jeff, el joven venezolano, lo resume así: “Durante esos meses, uno lo que hace es sobrevivir; y ponerte a trabajar reduce tus posibilidades de conseguir la cita: o trabajas o sacas la cita; o sea, o comes o sacas la cita”. Y agrega: “Hay momentos en los que tú quieres que llegue sábado y domingo porque ahí descansas, porque sabes que esos días no abren las oficinas y tú estás tranquilo mentalmente de que puedes hacer cualquier cosa y no tienes que estar llamando”.
El ministerio del Interior le respondió a este diario que ante la situación actual, la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) creó en 2023 “un grupo de trabajo” para mejorar el servicio de Cita Previa en la Administración. Detalló que de él forman parte distintos centros gestores, incluyendo a los que tienen un sistema propio de cita previa. Según esa cartera, el grupo pretende “normalizar e implantar buenas prácticas para resolver los problemas actuales de gestión y acceso al servicio por parte de los ciudadanos”. La SGAD explicó que para el trámite del asilo se han puesto en marcha pilotos en comisarías de Castellón y Alicante, sin detallar en qué consisten.
Elena Muñoz señala que el Estado ya ha demostrado saber cómo resolver el atasco en otras ocasiones. Y el mejor ejemplo, dice, fue el procedimiento que se habilitó para las personas de Ucrania que huían de la guerra desde marzo de 2022. “El caudal de personas que llegaron entre marzo y abril de ese año y que pedían protección temporal no colapsó el sistema”, sostiene. Se estableció una centralita que fue capaz de gestionar todas las peticiones y se crearon cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación (Creade) para atender a esas personas. Lo que hace falta ahora, dice la abogada, es la voluntad política — que sí hubo para el caso de Ucrania — de disponer de más medios tecnológicos y humanos para tramitar todas las peticiones. “Cumplir el derecho internacional creo que justifica emplear estos medios”, enfatiza.
Yoseline manda un mensaje que devuelve la esperanza a los miembros del grupo: “Chicos, me acaban de atender, nos dieron cita para mí y mi esposo y mi hijo: gloria a Dios, juraba que era mentira todo lo que decían. Mucha fe, chicos, nosotros cumplíamos cinco meses el 27 de este mes”.
