«Poner al presidente de los Estados Unidos a decir mentiras es degradar al país ante el mundo». Esta semana recordaba yo estas palabras, pronunciadas hace más de medio siglo por Juan Bosch, primer presidente democrático de la República Dominicana tras el asesinato del dictador Trujillo. Estaba yo ahora en París, donde se conmemoraba la revolución constitucionalista popular que se enfrentó a la invasión norteamericana de la isla, de la que se cumplen precisamente 60 años. El acto fue organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo que preside Leonel Fernández, también expresidente del citado país, discípulo y estrecho colaborador de Bosch, y hoy jefe de la oposición como líder del nuevo partido La Fuerza del Pueblo. Celebrado en la Maison de l’Amerique Latine, contó con numerosa presencia de empresarios, y expertos, intelectuales y políticos del más alto relieve.
Entre ellos merece la pena destacar a Jacques Attali, prolífico escritor y activista social, asesor de varios presidentes, singularmente François Mitterrand; y a Bernard Cazeneuve, que fuera primer ministro y ministro del Interior del presidente Hollande. Por parte española brilló también, entre otras, la intervención de Pedro Martínez Lillo, catedrático de Historia en la UAM, investigador de las relaciones del general De Gaulle y el propio Juan Bosch, y de las denuncias públicas del presidente francés contra la citada invasión.
Si escribo ahora sobre el evento es porque sirvió de plataforma a un diálogo y reflexión sobre los peligros que acechan actualmente a la democracia y que de nuevo se derivan en gran medida de las baladronadas de un presidente americano desnortado y procaz; de las presiones de complejo militar estadounidense que denunciara el propio Eisenhower; del terrorismo fundamentalista palestino y de los crímenes de guerra cometidos por Putin en Ucrania y Netanyahu en Gaza.
Trump ha sugerido entre otras cosas que comprará o invadirá Groenlandia, se anexionará Canadá si puede, expulsará a los gazatíes de sus hogares, ya completamente demolidos, y abandonará en gran medida la protección militar a las democracias europeas. No es la primera vez que la aventura imperialista americana se expresa tan abiertamente. Tras su invasión de México, al que arrebató más de la mitad del país, y su guerra con España, que perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas, solo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha llevado a cabo decenas de invasiones o intervenciones militares. De Dominicana a Granada o Panamá en el Caribe, hasta Irak, Siria, Sudán, Vietnam o Afganistán, por citar solo los casos más notables. A los que podríamos añadir el nuevo orden en lo que fuera la Yugoslavia o la operación contra la Libia de Gadafi, esta con el decidido y entusiasta apoyo francés y los aviones españoles sobrevolando el país en funciones de identificación y reconocimiento.
La reunión en París puso de relieve dos hechos a considerar. El primero que la intervención norteamericana en República Dominicana se produjo al hilo de la victoria castrista en Cuba y el temor infundado de que Bosch se aliara con Fidel y hasta con Rusia. Otro, que la Revolución Constitucionalista de 1965 fue una revuelta popular contra el gobierno y los mandos militares que habían derrocado al presidente Juan Bosch, y en defensa de la democracia representativa.
Ese análisis lleva inmediatamente a considerar las amenazas a la democracia que ahora se ciernen en una Europa desnortada, una América dividida y manipulada por un gobernante psicópata y el crecimiento preocupante de los extremismos, tanto a la derecha como a la izquierda, en los pocos países democráticos que quedan en el mundo. Crecimiento provocado, entre otras cosas, por la reacción ciudadana frente a la corrupción de los partidos, convertidos en fábricas de un clientelismo sumiso al ejecutivo; la crisis del sistema de representación representativo, y el ataque del los gobiernos al poder judicial. En definitiva, frente al asalto de las instituciones a fin de ponerlas al servicio del gobernante de turno.
«El populismo en boga es una amenaza directa contra el ejercicio democrático cuando trata de enfatizar la necesaria aceptación de las decisiones del ejecutivo, incluso si se revelan contrarias al Estado de derecho»
Varios oradores pusieron de relieve que el populismo en boga es una amenaza directa contra el ejercicio democrático cuando trata de enfatizar la necesaria aceptación de las decisiones del ejecutivo, elegido mediante sufragio popular, incluso si se revelan contrarias al Estado de derecho. Los programas populistas pretenden desembarazarse de sus obligaciones constitucionales, y desfigurar sus valores en nombre del servicio a la voluntad popular. Eso estaría sucediendo ahora en Estados Unidos, acostumbrado por lo demás a mirarse a sí mismo como el líder del mundo libre. Pero parecido énfasis es el de los ya agonizantes partidos social democráticos europeos. Por no mirar más lejos, ahí está el desprecio al Parlamento español por parte de un presidente que ya se manifestó de manera abierta dispuesto a gobernar sin él, y lo está llevando a cabo; su desafío a la independencia judicial y a los magistrados que persiguen posibles comportamientos delictivos de su propia familia y de su antigua mano derecha (¿o será la izquierda?) en el partido y en el gobierno; sus silencios permanentes y ausencia de explicaciones sobre cuestiones fundamentales que afectan al país; su desprecio al debate, su marrullería pseudointelectual y su incapacidad para legislar con el apoyo de las Cortes; para no hablar de su desprecio a la propia Constitución, incumpliéndola incluso en obligaciones tan elementales y poco ideológicas como la obligatoria presentación de los presupuestos del Estado.
En la reunión parisina, el sociólogo Michel Wieviorka puso de relieve que era precisa una reforma total del sistema democrático, una reflexión y toma de decisiones sobre como reglamentar el mundo digital sin vulnerar la libertad de expresión y un cambio en el comportamiento de las instituciones. Sugirió un ensayo en el que la democracia representativa se sirviera también de la existencia de una o varias conferencias de ciudadanos, ajenas a los partidos y no controladas por estos, que colaboraran a identificar y defender el interés general. Experimentos parecidos, y exitosos, se realizaron por cierto en Brasil durante el primer periodo de Lula da Silva. La ocupación de los parlamentos por el abuso de las mayorías gobernantes con desprecio total a las minorías opositoras, incapaz el poder de contestar a sus preguntas, constituye una vulneración absoluta de los principios constitucionales y una demostración de lo que ya Tocqueville denominó como la tiranía democrática.
Por mi parte, le recordé a Attali una frase escrita por él mismo en 2006 en la que avisaba de que ya había empezado una batalla geopolítica entre el mercado y las democracias, que habría de conducir a la victoria del capitalismo sobre los Estados Unidos de América, y del mercado sobre la democracia en general. Él añadió entonces la definición de un nuevo problema que el populismo alimenta: la defensa de las identidades en contraposición con la igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos.
La revolución constitucionalista de República Dominicana se produjo, por lo demás, como Leonel Fernández puso de relieve, en un momento en el que se anunciaban ya grandes cambios democratizadores que se llevarían a cabo en la década de lo setenta, tanto en Europa como en América Latina. La Transición española fue sin duda uno de los más relevantes, y de los más estudiados aún hoy, en países del subcontinente americano deseosos de encontrar fórmulas que faciliten la victoria de la democracia contra los nuevos peligros que la acechan.
Por lo demás, hablando de identidades y de América Latina, durante décadas venimos discutiendo sobre su diversidad étnica, política y económica, y de los recursos que la otorga su unidad cultural a través del castellano. Todavía andamos enredados en saber si el archipiélago de sus naciones puede estar unido por el mar del español, a fin de superar las trifulcas locales, los nacionalismos provincianos y el culto a una diversidad legítima cuyas diferencias se utilizan, sin embargo, por los intereses bastardos del poder para sojuzgar la última gran conquista de la civilización democrática: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Lo que implica la advertencia a nuestros gobernantes de que el fin no justifica los medios.
Juan Bosch, hijo de un español nacido en Tortosa, fue ciudadano dominicano, pero también de toda la América española. Creía en su integración, en la necesidad de observar políticas y enhebrar sueños comunes, muchos de ellos imaginados por él mismo en su exilio en Benidorm. En definitiva, en la obligación de confrontar los imperialismos, que él denunció con decisión y brillantez. Lo que le permite ser considerado hoy como fundado de la actual democracia dominicana, admirable por su estabilidad y su rendimiento económico. Encomiable, además y sobre todo, por el respeto con el que sus políticos diferentes, y los más claramente opuestos entre sí, intercambian proyectos y resuelven contradicciones. Ojalá no haga falta una revolución constitucionalista en España que recupere esos valores democráticos logrados en la Transición.
