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Miles de personas han vuelto a salir a la calle para manifestar su enfado y frustración por la crisis de vivienda que sufre España, que devora una porción altísima del poder adquisitivo y sabotea el proyecto vital de muchos, especialmente de los jóvenes. La protesta ha sido convocada este sábado por los sindicatos de inquilinos, que han llamado a la movilización en 39 ciudades. Reclaman que bajen los precios de los alquileres, que se generalicen los contratos indefinidos o el impulso de las Administraciones para recuperar las viviendas vacías, turísticas o en alquiler de temporada. También piden que se acabe la compra de pisos para especular o que se desarticulen los grupos de desokupación.
Una de las manifestaciones de mayor afluencia ha sido la de Madrid. Miles de personas han recorrido el Paseo del Prado en dirección a la Plaza de España, al grito de “bote, bote, bote, rentista el que no bote” y mientras baten sus llaves al compás. Valeria Racu, portavoz del sindicato de inquilinos en la capital, asegura que la protesta, al coincidir en casi 40 ciudades, marca un momento histórico. Cree que es el inicio del fin de “un sistema parasitario que devora los salarios y el futuro” de millones de españoles. “Se acabó marcharnos de nuestros barrios y ciudades, basta de desahucios, basta de irnos con la cabeza baja”, exclama en su atención a los medios, antes de asegurar que “la huelga de alquileres ha venido para quedarse”. También ha criticado la respuesta del Gobierno ante esta situación: “Si no recuperan las viviendas secuestradas en pisos y casas vacías las vamos a recuperar nosotros”.
En Barcelona, la protesta ha comenzado a las 18 horas en forma de “acto político”. El Sindicato de Inquilinas ha optado esta vez por no convocar una manifestación al uso, con inicio, recorrido y final, sino por celebrar este tipo de acto, con discursos en la avenida de María Cristina, junto a la plaza de Espanya. La concentración está pensada como una sucesión de intervenciones de las principales organizaciones del movimiento por la vivienda (Sindicat de Llogateres, Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca y el Sindicat d’Habitatge Socialista), además de protagonistas del conflicto: bloques de La Caixa que se han declarado en huelga, chabolistas del barrio de Vallcarca, inquilinos de edificios que han sido comprados, representantes de la plataforma de profesores que se han organizado para afrontar la crisis en las escuelas, o lo mismo en la atención primaria.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carme Arcarazo, advierte en la capital catalana que los precios siguen por las nubes, “nos siguen echando de casa, la mayoría de los anuncios son de temporada, los gobiernos no hacen nada y la gente está harta”, afirma. “Los rentistas son culpables, pero los gobiernos son responsables, no son conscientes de que si no se plantan contra el poder inmobiliario, la crisis de vivienda se les llevará por delante”.
Una de las manifestantes de la capital catalana, Marta Ruiz, tiene 60 años y lleva 39 años viviendo en un piso del número 36 de la calle Holanda de L’Hospitalet de Llobregat. “El edificio tiene 14 pisos y lo ha comprado un fondo para hacer pisos turísticos”, lamenta Ruiz. Pisos turísticos en el barrio de la Torrassa, uno de los más densos y humildes de Europa. “Llevo un año fuera de contrato, me pueden echar y no sé qué hacer. Mi familia vive conmigo”, se queja Ruiz. Solo dos vecinos, junto a ella, se oponen a dar por perdida la lucha por no ser expulsada de sus pisos.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reaccionó en X a las protestas con el siguiente mensaje: “Muchas personas han salido a la calle para reclamar algo que comparto: las viviendas deben ser para vivir y no para especular. Solo lo lograremos si todas las administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración General del Estado) nos comprometemos por igual”.
Víctor Antonio Bernardo, es un obrero jubilado. Tiene 70 años y destina todo lo que ingresa de la pensión para el alquiler por lo que se ha visto obligado a hacer trabajos extra para comer. “A está edad tengo que hacer malabares para subsistir”, afirma en la manifestación de Madrid. Víctor ondea una bandera de Perú, el país en el que nació. Lleva 28 años viviendo en España y lamenta que desde entonces la situación de exclusión inmobiliaria no haya cambiado. “Los latinos, las personas de color, aún lo tenemos más difícil; los que tienen la vivienda responden a quien les ofrece más dinero”, agrega. Su sentir se respalda con el informe publicado por Provivienda la semana pasada en el que señalan que en Madrid y Barcelona un 99% de las inmobiliarias consultadas en el estudio acceden a aplicar cláusulas racistas amparados en el desequilibrio entre la oferta y la demanda.
El Sindicato de Inquilinas calcula en más de 100.000 los asistentes a la manifestación madrileña. “Un aplauso para los más de 100.000 asistentes, es impresionante”, gritan desde una tarima en final de la Gran Vía, junto a Plaza de España. “Hoy se acaba el negocio de la vivienda, a partir de mañana seguimos organizándonos, somos más fuertes que cualquier rentista o casero cuando nos organizamos y esto lo estamos demostrando hoy”, exclama la portavoz del Sindicato de Inquilinas. Sin embargo, la Delegación de Gobierno ha calculado en 15.000 los participantes, cantidad similar a la de la protesta del 9 de febrero.
“Especuladores, fuera del barrio”
“Airbnb, fuera de aquí” y “Especuladores, fuera del barrio”, gritan los manifestantes que avanzan desde el sur de la ciudad de Valencia. “Barrios como Patraix, que históricamente han sido habitados residentes, se están llenando de bajos destinados al turismo”, denunciaba un manifestante de este grupo.
En la capital del Turia los precios de vivienda nueva, de segunda mano y los alquileres se han disparado desde que terminó la pandemia. Un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia sitúa la subidas de precio para los inmuebles nuevos en un 80% y del alquiler en un 78% en los últimos cinco años. Los residentes culpan al aterrizaje de fondos de inversión, cuyas transacciones se han vuelto más recurrentes en los últimos años, así como al negocio de los pisos turísticos, de los problemas de la vivienda. Según datos de las agencias inmobiliarias valencianas, en la ciudad hay un 75% menos de viviendas en oferta que hace cinco años.
Entre los miles de manifestantes en Valencia se encuentra Kalil Saldivar, de 29 años, que ha llegado desde un municipio de L’Horta sud, la zona que vivió los peores estragos de la dana el pasado 29 de octubre. La riada sólo empeoró la situación de la vivienda, lamenta. » Seguimos pagando lo mismo, pero ahora vivimos en peores condiciones, principalmente sin un transporte fluido que nos conecte con Valencia, donde la mayoría trabajamos”, explica. Saldivar recuerda que cuando empezaron a subir los precios —cerca de 10 años atrás— sus padres tuvieron que dejar la ciudad buscando vivienda más asequible. “Somos los desplazados de la capital y ahora es impensable volver a vivir en la ciudad con un sueldo mínimo”, resume.
En la cabeza de la marcha en Valencia, Clara Chinet, portavoz de la plataforma convocante, apunta en la misma dirección: “Los vecinos están perdiendo la batalla y están siendo expulsados del centro urbano hacia la periferia”.
Pablo García levanta un cartel donde se lee “L’Habitatge és un dret no un negoci” (La vivienda es un derecho, no un negocio). Este joven de 29 años ha vivido desde los dos en Patraix, un barrio al sur de Valencia. Cuenta que ahora la zona está visiblemente ocupada por pisos turísticos. “1.200, en total”, dice García, “que están empujando los precios en todo el barrio y que están impidiendo que los vecinos de toda la vida volvamos a vivir ahí”.
“La ocupación parece ser la única solución para combatir los pisos de los fondos especuladores”, señala mientras desfila. La Delegación de Gobierno estima que en la protesta han participado cerca de 4.000 personas.
En Sevilla el grito contra los precios de la vivienda coincide con otra protesta por el declive de la sanidad pública, el tercer y el segundo problema, respectivamente, que más preocupa a los andaluces, de acuerdo con el CIS andaluz. Es la segunda vez en los últimos meses en que los sevillanos salen a las calles para protestar por el encarecimiento de los pisos. En el caso del alquiler, los precios en 2024 se incrementaron un 8,4% respecto del año anterior. Este régimen es el mayoritario entre los alrededor de 3.000 manifestantes que han marchado hasta el Parlamento andaluz.
La protesta malagueña llega apenas unos días después de que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre (PP), anunciase lo que denominó como una “moratoria global” para las viviendas de uso turístico. No puso fecha concreta ni dio mucho más detalle, pero aseguró que durante tres años no sería posible inscribir nuevos pisos como alojamiento para turistas. Cuando entre en vigor será el tercer paso dado por el consistorio malagueño, tras prohibir nuevas licencias a pisos que no tengan entrada independiente y luego hacerlo en 43 de los barrios de la ciudad por la acumulación de estos negocios.
Los andaluces han marchado en cinco capitales de provincia de su comunidad para protestar por la situación de la vivienda en el territorio donde más se ha encarecido su precio en toda España en el último año. En 2024 creció un 13,4 % más que en el año anterior, de acuerdo con los datos difundidos a principios de mes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra que duplica la del de 2023, cuando subió un 5,3%, y que también excede en cinco puntos a la media nacional (8,4%). En cuanto al alquiler, la comunidad también registro el mayor incremento de su historia el año pasado, con un alza del 10,5%, situándose en una media de 11,8 euros por metro cuadrado, de acuerdo con el último informe del portal Idealista.
La manifestación más multitudinaria ha sido la de Málaga, con 5.000 personas (10.000 menos que la última que se celebró en noviembre), seguida de Granada, con 4.000; Sevilla con 2.500; Cádiz, con 1.000 y Almería, que apenas ha congregado a poco más de medio centenar, de acuerdo con los datos facilitados por la Delegación del Gobierno.
“El alquiler nos está ahogando”
Muchas personas también se han concentrado en San Sebastián para participar en la única manifestación que se celebra en el País Vasco, una de las más multitudinarias de los últimos meses en la capital guipuzcoana. Es la ciudad española donde el precio de compra por metro cuadrado es más caro en toda España: alcanza ya los 5.708 euros. Uno de los asistentes es Abdessalam. A sus 51 años, este vecino de Vitoria es padre de tres niños y asiste a la manifestación junto a su pareja, también marroquí. Es la primera vez que acuden a una convocatoria de este estilo. “Estamos aquí para defender nuestros derechos y denunciar el problema que tenemos los extranjeros para acceder a una vivienda. Es un problema de racismo, porque cuando que hablas con un propietario y oyen tu nombre dicen que no te alquilan el piso”.
Karla Pisano, portavoz del Sindicato Socialista de Vivienda en el País Vasco, explica que esta movilización pretende mostrar el enfado de la sociedad ante este problema. “Lo más grave es que este hartazgo social está siendo utilizado por los partidos políticos para escenificar que se están poniendo manos a la obra aplicando una serie de políticas que, en mi opinión, solo están consiguiendo reforzar la financiación pública del negocio”, señala.
Los jóvenes figuran entre los paganos principales de la carestía de la vivienda en Eusakdi. Es el caso de Silvia y Manex, ambos donostiarras y de 29 años de edad. Han tenido que marcharse a vivir a Andoain (a 16 kilómetros de San Sebastián) para encontrar un piso asequible a sus posibilidades económicas: “San Sebastián está imposible, es carísimo. Nos hemos mudado a Andoain y aún así el alquiler nos está ahogando económicamente”, explica Manex, que está terminando un máster y saca “unos eurillos” dando clases particulares. Silvia tiene un salario “muy modesto” trabajando en la hostelería. “El tema de la casa nos condiciona todo. Todos los meses tenemos que hacer equilibrismos para pagar la renta y a veces tenemos que pedir ayuda a nuestros padres”. Hablan de los problemas que tiene la juventud vasca para emanciparse en condiciones dignas. “En nuestro entorno el problema de la vivienda es una plaga. Los precios son altos y parece que no hay vuelta atrás”. ¿Y comprar un piso?: “imposible, ni en los mejores sueños”, sentencia Manex.
En el manifiesto leído en el quiosco del Boulevard donostiarra se denuncia que el acceso a la vivienda se ha convertido en un factor clave del empobrecimiento de la clase trabajadora. Según los organizadores, “los crecientes precios, las dificultades para alquilar o comprar y el aumento de los desahucios son síntomas de un problema estructural”.
En Santiago de Compostela, Ana Díez ha vivido en su piel la evolución del problema, primero en pisos de estudiantes para seis o siete personas, tan precarios que ella duda que “tuviesen cédula de habitabilidad”. Después marchó a Praga de erasmus y al volver decidió instalarse en Santiago con su novio, con el que ha vivido seis años. Encontraron un apartamento oscuro, “interior, pero digno” por 530 euros. Pero a los cinco años, “15 días antes de expirar el contrato”, la casera les anunció que el nuevo precio serían 1.500 euros. Imposible asumirlo. Buscaron y encontraron un estudio por 450, una auténtica rareza en una ciudad en la que no hay más que 13 pisos a menos de 600 euros. Ahora Ana está en proceso de separación y no encuentra forma de independizarse. Tenía pensado traer una pancarta a la manifestación con este lema: “Puedo aprender a vivir sin ti, pero a ver cómo pago el alquiler”. “No me ha dado tiempo de pintarla, te la doy de titular”, dice.
Según el Oservatorio Galego da Vivenda, el precio del alquiler en Santiago se incrementó desde 2020 en un 37%. Además, un 18% de los pisos disponibles superan los 1.000 euros al mes. En Galicia se celebran otras tres protestas, en Vigo, A Coruña y Ourense.
“No puedo ni comprar ni alquilar”
También ha transcurrido en las horas centrales del día la protesta de Palma. Más de 60 entidades de las islas se han sumado a la movilización bajo el lema “acabemos con el negocio de la vivienda”. Gente joven, familias y también mayores marchan con pancartas con lemas como “confrontamos y resistimos” o “por el derecho a la vivienda” se mezclan con los grupos de xeremiers [un instrumento típico de las islas Baleares] que amenizan la marcha con música.
Alexandra, de 28 años, ha acudido junto a su grupo de amigos porque dice que a pesar de que los jóvenes han hecho todo lo que la sociedad les ha pedido “no nos podemos permitir nada”. “Vivo en casa de mis padres, no puedo comprar o pagar un alquiler y ni siquiera puedo elegir dónde quiero vivir, lo tengo que hacer en función del precio. Tener tu casa es imposible por muchas ayudas que tengas”, lamenta. María Magdalena, también de 28 años, explica que no conoce a ninguna persona de su edad que haya podido independizarse sin que la vivienda sea heredada o pertenezca al patrimonio familiar. “Me he podido independizar porque mis padres me han podido dejar una vivienda de herencia en la que ellos no vivían. Si no fuera por eso, no podría pagar ni un alquiler ni una hipoteca” señala.
La protesta también se ha extendido a Ibiza y Menorca. Y es que el precio de la vivienda en Baleares se encuentra en máximos históricos tanto en el mercado de compra como en el de alquiler. 2024 cerró con un aumento medio del 9,5% del precios de los arrendamientos. Eso arroja un precio de 1.408 euros para un piso de 80 metros cuadrados.
En el otro archipiélago una de las principales protestas se ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. Ha arrancado en la Plaza del Pilar, epicentro del barrio de Guanarteme, una zona de la ciudad que ejemplifica como pocas la tensión del mercado de la vivienda en las islas. Su cercanía a la Playa de las Canteras ha ayudado a que se haya producido un bum inmobiliario que ha llenado la zona de promociones y viviendas vacacionales. “Caminar por aquí es transitar entre grúas y franquicias y todo pasa tan rápido que ya no conocemos a nuestras vecinas. No solo es una lucha por el techo, es por la dignidad, la justicia, por vivir en paz”, ha dicho la portavoz de Derecho al techo, Andrea Farah. Uno de los asistentes es Fernando Mireles, de 82 años: “Hay que luchar porque la gente no tiene ni para alquilar. Yo vivo bien, pero hay que estar por la juventud. Cada día hay más turistas y los sueldos son peores”.
En esta protesta de Las Palmas de Gran Canaria han acudido varios centenares de personas. “Tenemos que tomar las calles, este es solo el principio”, gritan los representantes del colectivo Derecho al techo” Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra”. Inmaculada I. , de 42 años, trabajadora en Salvamento Marítimo , ha venido a apoyar porque, entre otras cosas, está afectada. “Vivo en Guanarteme. Y pago más de lo que puedo pagar, en realidad, y tardé cuatro meses en encontrar algo”.
La mayoría de las manifestaciones estaban convocadas en torno al mediodía, pero una parte se celebra por la tarde. Es el caso de las protestas en Barcelona o Valencia.
Con información de Luis Paz (Madrid), Clara Blanchar (Barcelona), Alfonso L. Congostrina (Barcelona), Luis Enrique Velasco (Valencia), Eva Saiz (Sevilla), Mikel Ormazabal (San Sebastián), Silvia Rodríguez Pontevedra (Santiago de Compostela), Guillermo Vega (Las Palmas de Gran Canaria) y Lucía Bohórquez (Palma)
