Denuncian ante la juez «incumplimientos» de los alcaldes durante la dana

07/04/2025


Actualizado a las 21:05h.

Una de las acusaciones populares personadas en la causa penal que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre ha remitido a la juez un informe que documenta «graves deficiencias» y un «incumplimiento sistemático» del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana por parte de la Generalitat y de los Ayuntamientos.

De hecho, este análisis presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja apunta directamente hacia los consistorios y extiende a los alcaldes la rendición de cuentas, que hasta ahora se había centrado en el Ejecutivo central y autonómico, por su actuación durante la tragedia.

El escrito de la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT), al que ha tenido acceso ABC, señala que sólo dos de los 58 municipios con riesgo alto de inundación en la provincia -Valencia y Algemesí- pusieron en marcha entre el 28 y el 29 de octubre sus Cecopal, los Centros de Coordinación Operativa Municipal, desde los que se dirige la actuación de los servicios locales y se toman decisiones para proteger a la población.

«De los 23 Cecopal que se tenían que haber constituido en los lugares donde hubo fallecidos, se constituyeron únicamente dos, y el de Valencia con retraso a las 11.12 del día 29 de octubre, cuando se tenía que haber constituido el día de antes», recalca el informe.

El resto no se constituyeron, pese a que tienen que hacerlo en situación de premergencia, lo que a juicio del sindicato implicó que no se pusieran «todos los medios a disposición de la población». De hecho, indica que la mayoría de las 228 víctimas mortales se concentraron «en unas zonas donde era fácil de estimar que se produjeran pues tenían un riesgo de inundación alto o medio», según ese plan, como Catarroja (25 fallecidos), Paiporta (45) o Alfafar (15).

Esta acusación ha solicitado a la magistrada que requiera información al Centro de Coordinación de Emergencias para esclarecer si se cumplieron los protocolos de rondas informativas con servicios básicos y municipios, y si se establecieron los procedimientos de coordinación del Cecopi -el Centro de Coordinación Operativa Integrado- conforme a lo previsto en el protocolo.

Precisamente, «la tardanza en la constitución del Cecopi -a las 17 horas-, ha significado que no se ha permitido seguir demandas de servicios por parte de los Ayuntamientos y demandas de servicios por parte de los ciudadanos (llamadas efectuadas al teléfono 112 Comunitat Valenciana)». Recuerda el documento que la situación de emergencia 2 se activó para la zona de Utiel y Requena a las 14.50 horas, por lo que se acumuló un «retrasó de más de dos horas» respecto a lo que exige el citado plan de inundaciones que ha sido objeto de análisis.

Fuentes de CGT afirman que «esta falta de actuación tuvo un impacto directo en la capacidad de respuesta», pues «se ralentizó la movilización de recursos de emergencia, como bomberos o brigadas forestales». «Estamos ante una falta de aplicación real de un plan diseñado para proteger vidas. No es una cuestión solo técnica o política: es un incumplimiento con consecuencias humanas irreversibles», lamentan.