Un crecimiento robusto oculta a veces desequilibrios que pueden comprometer el crecimiento a medio y largo plazo. Son desequilibrios que también hacen que una economía sea especialmente vulnerable en el caso de un shock externo. Fue el caso de España tras el estallido de la crisis financiera de 2008 a raíz del fiasco de las hipotecas basura en Estados Unidos. El año anterior, el PIB crecía un 3,6%, no había déficit fiscal sino un superávit del 2,2% del PIB y el desempleo se situaba en el 8,8%. El vuelco de esa situación de aparente bonanza fue radical. Tres años después, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desalojó el poder, tras aprobar los mayores recortes sociales aplicados hasta la fecha, el PIB crecía un 0,7% tras dos años de crecimiento negativo (entre 2008 y 2011 cayó una media del 1,5%), el déficit se había disparado al 11,1% del PIB y el número de parados superaba los cinco millones hasta situar la tasa de desempleo en el 21,5%.
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria acumulada en los años previos dio al traste con el mito de la fuerte solidez del sistema bancario español. La crisis de liquidez arrasó con la gran mayoría de las cajas de ahorro, de gestión y titularidad pública. Sus balances estaban repletos de activos inmobiliarios cuyo precio había caído en picado. La mala gestión del gasto público por parte de Zapatero (Plan E) y el colapso de la actividad económica con el consiguiente derrumbe de los ingresos fiscales y aumento de los gastos sociales, hicieron el resto. El sector bancario recibió una inyección de 64.000 millones de euros (41.3000 desembolsados por la UE) a cambio de aplicar unas severas medidas de austeridad que agravaron aún más la crisis económica y social. España fue de los países europeos que más tardó en salir de la llamada Gran Recesión que se prolongó hasta 2013.
Es un ejercicio de memoria que puede servir para advertir del peligro de la complacencia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de publicar en su informe de coyuntura mundial presentado esta semana en Washington que España será la segunda economía entre las avanzadas del mundo que más crecerá en 2024 y 2025. El PIB avanzará un 1,9% este año, sólo por detrás de EEUU y muy por encima del 0,8% que crecerá de media la UE, y un 2,1% el siguiente. Pero ese avance no está exento de incertidumbres. No sólo porque la inestable coyuntura geopolítica internacional puede desencadenar posibles nuevos shocks de la oferta que presionen al alza los precios y frenen el PIB, sino porque España tiene algunos desequilibrios internos que la hacen más vulnerable.
El FMI alerta sobre la debilidad de la inversión privada. Lejos de recuperarse, esta sigue 3,5 puntos por debajo del nivel prepandemia, como detalla aquí Funcas, el prestigioso centro de análisis económico de las cajas de ahorros. La inversión crecerá sólo un 1,1% en 2024, muy por debajo del 4,8% de media que creció entre 2014 y 2019. Ese débil avance limita la productividad, la innovación tecnológica y, en definitiva, condiciona la capacidad de crecimiento de la economía española en el medio plazo. De ahí que la mejora de la ejecución de los fondos europeos sea crucial para compensar esta ausencia de inversión privada.
La lenta reducción del déficit y el elevado nivel de endeudamiento junto con la aún alta tasa de paro son los otros puntos débiles de la aparentemente sólida recuperación de la economía española. El FMI, que expresa su preocupación por el elevado riesgo de que aumenten los desequilibrios fiscales en este gran año electoral (más de 3.900 millones de personas están llamadas a las urnas en 73 países del mundo este año), cree que España será incapaz de reducir su déficit por debajo del 3% del PIB como exige el pacto fiscal de la UE que han reactivado los 27 tras suspenderlo durante la pandemia y la crisis energética desatada por la guerra en Ucrania.
En cuanto al desempleo, el FMI cree que será imposible alcanzar la promesa del Gobierno de lograr pleno empleo en esta legislatura. Aunque España haya superado los 21 millones de ocupados, será de hecho el único país de la UE que mantenga una tasa de paro de doble dígito, adelantado incluso por Grecia, que fue rescatado e intervenido por el FMI, el BCE y la Comisión Europea en la Gran Recesión. El país heleno cerrará 2024 con una tasa de desempleo del 9,4%. Son unas previsiones que representan una favorable evolución, aunque no suficiente si nos comparamos con el resto de nuestros socios europeos, y que aconsejarían un menor triunfalismo por parte del Gobierno.
Porque además los datos que maneja el Gobierno pueden ser en exceso optimistas. La incógnita sobre el número real de trabajadores fijos discontinuos y cuántos de ellos están activos o inactivos sigue sin resolverse. Desde la reforma de la reforma del mercado laboral se han formalizado 4,9 millones de contratos de este tipo. El servicio de estudios Fedea lo intentó en un informe elaborado por Florentino Felgueroso y que fue presentado hace pocos días en el que identifica las dificultades para evaluar el impacto de dicha reforma en la temporalidad. Entre sus conclusiones destaca que la reforma ha errado en su propósito de reducir la precariedad de los trabajadores y que las empresas son las grandes beneficiadas por las nuevas modalidades de contratación. Lamentan que sea imposible obtener el dato sobre cuánto tiempo puede permanecer un fijo discontinuo en situación de inactividad antes de ser reconocido como parado.
Son las realidades detrás de las cifras. ¿Qué hará falta para que el Gobierno las reconozca? Sería deseable que lo hiciera antes de que una crisis externa se lleve por delante los frágiles pilares que sujetan hoy su cuadro macroeconómico. Basta sólo con aprender del pasado reciente.
