El secretario general y letrado mayor de las Cortes de Castilla y León, Marcos Herrero, ha presentado este viernes su dimisión, según han confirmado a ABC fuentes del Legislativo autonómico. Lo hace después de cuatro sentencias en contra del Parlamento autonómico, la última conocida esta misma semana en la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obliga al legislativo a devolver a su plaza a una funcionaria que, precisamente, denunció por acoso laboral al ahora dimitido.
Herrero se encontraba, además, en una difícil situación una vez que los grupos de la oposición -PSOE y Mixto, fundamentalmente-, reclamaron su dimisión al considerar que con sus decisiones estaba perjudicando a la institución parlamentaria. Desde Vox, incluso, formación a la que pertenece el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, se instó a Herrero a «recapacitar» sobre su situación lo que, en definitiva, no era otra cosa que animarle a dejar su cargo.
El puesto del dimitido será ocupado, de momento, por quien ya ostentó durante muchos años el cargo de letrado mayor, Edmundo Matía, ya que según el Estatuto del Personal de la Cámara, la vacante la tiene que cubrir el letrado con mayor edad. Se da la circunstancia de que Matía está próximo a la jubilación. De hecho, durante la celebración del Día del Estatuto se le quiso rendir homenaje por su entrega al Parlamento autonómico durante tantos años, aunque él finalmente rechazó la oferta por el carácter discreto que siempre le ha caracterizado.
El desencadenante de la dimisión de Marcos Herrero ha sido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declaró nula de pleno derecho la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada el 10 de julio de 2024 por la Mesa de las Cortes regionales, que permitía que la Jefatura del Servicio de Gestión Administrativa pudiera ser ocupada por personal de la Escala de Ingeniería, además del Cuerpo Técnico, dando así la razón a la funcionaria que denunció por acoso al secretario general y letrado mayor.
El fallo de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, también anula la convocatoria y adjudicación de ese puesto a un funcionario de la Escala de Ingeniería y ordena la restitución de la funcionaria cesada en su puesto en régimen de adscripción provisional, según la información del Gabinete de Prensa de Alto Tribunal Castellanoleonés recogida por Europa Press.
La sentencia considera que la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y la convocatoria posterior «se han dictado con la finalidad de eludir el cumplimiento del fallo de la sentencia», que ya había declarado nulo el cese de la funcionaria en mayo de 2022.
