La muerte de 13 personas el pasado 1 de octubre en el incendio que arrasó dos discotecas en Murcia fue consecuencia del “incumplimiento del plan de evacuación” de esos locales, un plan que obliga a que, en caso de incendio, la sala en la que este se haya originado avise a las colindantes, cosa que no sucedió. Así lo han ratificado ante la jueza que instruye el caso los inspectores de la Policía Judicial de Murcia que actuaron como instructor y secretaria del informe pericial que el cuerpo remitió al juzgado en los días posteriores al siniestro, según fuentes presentes en el interrogatorio. Ambos han comparecido a puerta cerrada en calidad de testigos-peritos en la fase de instrucción de esta causa, y han abandonado los juzgados sin hacer declaraciones a los periodistas, si bien varios de los abogados presentes en sus declaraciones sí han accedido a atender a los medios.
Todos ellos han coincidido en que los dos inspectores han puesto el foco en que el personal de la sala Teatre —donde, según todas las pruebas, se originó el incendio por un uso negligente de una máquina de fuegos fríos— no avisó a los responsables de Fonda Milagros. En este segundo local, colindante con el anterior, fallecieron las 13 víctimas. El plan de evacuación de las discotecas, que era común a ambas, establecía la obligación de dar ese aviso en caso de incendio. Según el abogado que representa a los propietarios de ese último local, Francisco Javier Verdú, la inspectora ha sido tajante al afirmar que “las muertes se produjeron como consecuencia del incumplimiento del plan de evacuación”. Esa versión la corrobora el letrado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a familiares de dos de los fallecidos y que destaca que la inspectora ha advertido de que “no se cumplió el plan de evacuación antiincendios” de los locales.
En la misma línea, explica el abogado, el inspector instructor del informe ha insistido en destacar la “falta de coordinación”, la “descoordinación total” entre las salas en la evacuación. Ha apuntado además, según la abogada Ainhoa Azpeitia, que representa a los familiares de otra de las personas fallecidas, que “no hubo una alerta entre los establecimientos”. Teatre evacuó a todos sus clientes y personal unos tres minutos antes de que empezara a hacerlo Fonda Milagros, un tiempo que la policía considera determinante.
Muñoz Ortín ha lamentado, no obstante, que la jueza no ha permitido a las partes hacer preguntas concretas sobre el expediente administrativo relacionado con las discotecas, que tenían una orden de cese de actividad en vigor y funcionaban en los papeles como un solo local, ya que se encontraban en una misma nave industrial, dividida solo por una pared de pladur. La magistrada que instruye el caso, ha dicho este abogado, no ha querido así entrar en el ámbito administrativo, a pesar de que la inspectora de policía que ha declarado hoy estuvo encargada de revisar el expediente remitido por el Ayuntamiento. Muñoz Ortín ha presentado una querella por posibles delitos de prevaricación contra tres funcionarios municipales que participaron en ese expediente y contra los concejales de Urbanismo actual y anterior, Antonio Navarro y Andrés Guerrero, respectivamente, que fue admitida a trámite este pasado 4 de abril.
También el abogado Pedro López Graña, que representa a familiares de otros dos fallecidos en el incendio, ha criticado la “excesiva cautela” de la jueza y ha pedido a los poderes judiciales que sean “generosos a la hora de investigar” un asunto de este calado para que pueda determinarse no solo la causa del incendio sino “todos los responsables, de principio a fin”.
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En esta fase de instrucción sobre el caso, en el que se investigan 13 posibles delitos de homicidio imprudente, han declarado ya las seis personas que están investigadas como responsables del incendio, además de media docena de supervivientes del siniestro.
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