El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha abierto este viernes una pieza separada para investigar la injerencia rusa en el ‘procés’. Entre los trece implicados en la causa instruida por el juez Aguirre se encuentran Artur Mas y Carles Puigdemont, cuya investigación tendrá que derivarse al Tribunal Supremo dada su condición de aforado. El auto del juez, de 56 páginas, detalla una colección de robustos indicios que demostrarían las conexiones del independentismo catalán con la inteligencia del Kremlin y con la mafia rusa, relaciones que justificarían la imputación por un presunto de delito de traición del Título XXIII del Código Penal. Más allá del curso estrictamente jurídico que pueda tener el caso, el documento detalla información clave para dimensionar la amenaza que supuso el 1-0 tanto para España como para Europa. En el auto se menciona incluso que Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye, jefe de gabinete y abogado de Puigdemont respectivamente, viajaron a Rusia «para entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov y Koba Shermazashivili».
De demostrarse ciertos estos hechos, Europa deberá priorizar su atención a la amenaza independentista, ya que el entorno de Puigdemont habría colaborado con la Rusia de Putin en un intento de desestabilización de la Unión. No se trata ya de un asunto doméstico ni de una crisis territorial en un Estado miembro, sino de un problema estratégico que debería adquirir una importancia específica en la política europea. Por más que nos encontremos en una circunstancia negociadora en la que se están repartiendo gran parte de los altos cargos comunitarios del próximo ciclo político, Europa no puede mirar para otro lado si quiere seguir gozando de credibilidad entre la ciudadanía. Las conductas recogidas en el auto del juez Aguirre representan un salto cualitativo en la gravedad del ‘procés’ que exige abordar la cuestión desde un nuevo paradigma. Una complicidad del PSOE con los delitos de sus socios se convertiría ahora en algo más que un bochorno político. A la luz de los nuevos datos conocidos, el interés de los socialistas en opacar o mitigar la responsabilidad delictiva de sus socios independentistas comenzaría a constituir un riesgo para el interés estratégico de España y su estabilidad política.
En el auto se evidencia el enorme riesgo al que sometieron a nuestro país los separatistas que emprendieron una ruta delictiva destinada a extranjerizar a millones de españoles. Que el Gobierno de Sánchez haya decidido depender de forma directa y explícita de delincuentes autoamnistiados no sólo es una anomalía, sino que empieza a demostrarse como una estrategia fallida, pues los socialistas han intentado traficar con una impunidad que, sencillamente, no tienen en su mano ofrecer. Los jueces y el avance de las investigaciones seguirán desvelando nuevos delitos que habrán quedado fuera de las conductas que amparó la amnistía. Es obvio que el pago de la investidura de Sánchez buscaba beneficiar a personas concretas y no amnistiar delitos, pero, afortunadamente, esa añagaza, además de ser profundamente inmoral y contraria a Derecho, comienza a evidenciar su fracaso. Frente a las anomalías de Sánchez y sus socios, el Estado de derecho, el imperio de la ley y la vigilancia de Europa deberán prevalecer para proteger nuestra arquitectura democrática de una amenaza cuya verdadera dimensión empieza a vislumbrarse ahora.
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