EDITORIAL
Que existan intermediarios que usan estrategias para desviar pacientes a la sanidad pública cuando estos les resultan demasiado costosos es una cuestión que pudiera desacreditar a todo el sector privado y debe aclararse
Las decenas de informes que publica hoy este periódico sobre cómo los intermediarios entre las aseguradoras y los pacientes ponen trabas a los oncólogos para que no prescriban tratamientos caros a enfermos oncológicos que los necesitaban suponen un escándalo de una dimensión tan amplia y grave que merece una investigación responsable e inmediata en la que el sector de la sanidad privada debería ser el primer interesado. Más aún cuando no solo apunta a un quehacer fraudulento, sino que se habrían puesto en juego las vidas de personas. La amplitud del caso tampoco resulta tranquilizadora. Atrys Health Bienzobas es una gran compañía de servicios médicos que cotiza en el mercado continuo de la bolsa desde hace dos años, con un destacado departamento oncológico que da servicio a las principales compañías aseguradoras y que en principio habría incurrido en estas prácticas a espaldas de las empresas, responsables de manera subsidiaria.
Las quejas de los facultativos que habrían sido presionados a recetar a pacientes de cáncer tratamientos más baratos pero menos efectivos suponen una quiebra dolorosa en el pacto entre asegurado, médico y paciente. Interviene también el patrimonio de todos los españoles ya que, para liberarse del costo de las coberturas más onerosas, se habrían derivado enfermos a la sanidad pública. Supondría un subsidio cruzado a favor de su cuenta de resultados a costa de los recursos de todos los ciudadanos. No es aceptable que existan listas negras de medicamentos en función de su precio, aunque en lo público, el mecanismo de aprobación funcione en ocasiones con falta de transparencia.
La atención sanitaria debe estar guiada por la eficiencia siempre que no se comprometa la curación y, por tanto, la salud del paciente, y esto resulta aún más evidente en terapias de enfermedades como el cáncer que comprometen la vida de las personas. El caso se enmarca en el conflicto entre el bien asegurado y los recursos dispuestos para ello. No se trata, desgraciadamente, de un caso aislado ni particular de nuestro país. Este tipo de denuncias son comunes en el sector de la sanidad privada en todo el mundo. En España, debido a la cobertura universal que brinda la sanidad pública y que absorbe los casos en los que no se prescriben tratamientos que no son admitidos por costosos, existe un bajo nivel de conflictos de este tipo y la praxis de las compañías a la hora de gestionar la colisión de intereses no es una fuente de preocupación extendida entre los ciudadanos. Sin embargo parece evidente que –como revela la información que publica ABC– entre el 25 por ciento de la población que tiene algún tipo de aseguramiento privado, se producen abusos y se obliga a los médicos a una praxis insuficiente o mediocre.
La sanidad privada es un sector cuya existencia está sistemáticamente bajo el ataque de una parte de la política española que cree que debe desaparecer (el caso de la propia ministra de Sanidad) o que debe cumplir un papel residual (su socio, el PSOE de Sánchez). Por el contrario, este diario piensa que hay elementos de la gestión privada que son dinamizadores de un sector público que consume ingentes recursos y que debe respetar el dinero del contribuyente. Que existan intermediarios que utilizan estrategias para desviar pacientes a la sanidad pública cuando estos les resultan demasiado costosos para atenderlos o que impiden a sus facultativos que empleen los mejores remedios posibles para atender a un asegurado que ha pagado su prima, es una cuestión que pudiera desacreditar a todo el sector privado y debe evitarse.
