Editorial
Toda detención debe contar con un elemento objetivable, pero en la de Nacho Cano y en el interrogatorio a sus artistas contratados hay claros indicios de falta de proporcionalidad
Los derechos de cualquier trabajador deben respetarse de forma escrupulosa y toda circunstancia laboral en la que concurran indicios de irregularidad verosímiles debe investigarse. Esto no obsta para que la Policía deba cumplir, a su vez, con todos los protocolos de actuación, preservando la prudencia, discreción y proporcionalidad debidos. La detención del productor y músico Nacho Cano responde a una denuncia que, en caso de ser cierta, demostraría, a lo más, la existencia de un ilícito administrativo. Es decir, que se trata de una causa cuya gravedad debería servir para mesurar todo el conjunto de actuaciones que orbiten en torno a la cuestión investigada. En este caso, como en cualquier otro, cabe recordar que una acción policial o judicial en nada menoscaba la presunción de inocencia de la que afortunadamente gozan todos los ciudadanos en una democracia constitucional como la española.
La investigación a Nacho Cano se inicia por la denuncia de una violinista mexicana, que acusa al músico de explotación laboral en el marco de un programa de becas artísticas en el que han participado dieciocho jóvenes. Los otros diecisiete becarios han salido en defensa de Cano, y no sólo han refrendado su correcto proceder y la ausencia de explotación alguna, sino que aducen que la Policía les intentó intimidar y que en el interrogatorio al que fueron sometidos durante doce horas se formularon preguntas que deliberadamente orientaban las respuestas en un sentido inculpatorio para Cano. Tampoco es baladí que los jóvenes artistas mexicanos hayan puesto una denuncia contra la Policía por un posible delito de coacciones, un gesto que potencialmente puede acarrearles no pocos inconvenientes.
A falta de nuevos datos, la detención de Nacho Cano tiene todos los visos de ser desproporcionada, cuando no abiertamente ilegal. Que alguien con domicilio conocido, actividad laboral pública y fama probada, como es el caso del fundador de Mecano, sea detenido mientras presta voluntariamente declaración para ser puesto posteriormente en libertad es absurdo, pues dicha detención ni tiene causa (no existe comisión de delito flagrante) ni tiene finalidad que la justifique, como pudiera ser el riesgo de fuga o la eventual destrucción de pruebas.
Toda detención debe contar con un elemento objetivable pero, en este caso, la arbitrariedad exhibida y la denuncia promovida por los diecisiete artistas parecen sugerir alguna causalidad o intención impropia. Sobre si la actuación policial ha podido tener alguna motivación política, como ha advertido el artista, no existen evidencias, pero la inmediata retirada de la publicidad de una empresa pública como Renfe no ayuda a disipar las dudas de quienes intuyen alguna forma de censura o intimidación. En cualquier caso, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, debería dar razón de lo sucedido así sea para preservar el buen nombre de la Policía. En el caso de que pudiera probarse cualquier ilícito, bien sea por parte del productor o bien sea por parte de la Policía, sólo cabe esperar una rendición de cuentas plena ante la Justicia.
