En este 2025, el Gobierno podría modificar los contratos de decenas de proyectos de infraestructura que se encuentran suspendidos por falta de partidas presupuestarias o problemas legales.
Entre estos figuran 13 obras de construcción y reconstrucción de carreteras; cuatro proyectos hidroeléctricos; 29 recintos hospitalarios y levantar cientos de aulas.
Con la ley 118-21, del 31 de mayo de 2021, el Gobierno dispuso la actualización de los precios para diversas obras viales, escuelas y hospitales que tenían décadas paralizados. El 13 de diciembre de 2024, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 83-24 que modifica la norma anteriormente mencionada y permite la modificación de los precios de estas construcciones, utilizando valores del año pasado.
Entre los proyectos más conocidos que se encuentran en el marco de la ley 83-24: la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, la reconstrucción y ampliación de la autopista Juan Pablo Duarte, la construcción de la avenida Circunvalación Norte y la presa de Guayubín.
La norma vigente, en su artículo cuatro, ordena al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y demás entes contratantes, en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigencia de la ley, «actualizarán los precios generales para los presupuestos de ejecución de obras de los planteles escolares que se encuentran en ejecución o paralizados, hospitales y demás obras de infraestructuras públicas».
La modificación permite que las entidades contratantes modifiquen, disminuyan o aumenten el contrato original en circunstancias imprevistas, siempre que se mantenga el objeto del contrato y sea la única forma «de satisfacer el interés público». Además, tendrán que desarrollar el plan de terminación de las obras.
Según la ley se podrán realizar cambios de hasta un 25 % en los contratos originales y esta norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.
