El 46% de los municipios de más de 20.000 habitantes, las diputaciones y los cabildos y consejos insulares no cuentan con planificación en materia de ahorro y eficiencia energética, según un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. De estas entidades locales, la mayor parte aplican medidas sectoriales de eficiencia y ahorro energético, referidas a alumbrado público, edificios públicos, movilidad y transporte públicos, pero a 30 de junio de 2023 no tenían planificación general alguna.
En un informe recogido por Europa Press, el organismo fiscalizador ha constatado que existe un marco heterogéneo de normas y estrategias que impide que la planificación responda a un procedimiento o documento común a todas ellas, lo que dificulta la implantación de medidas de acción por el clima y la energía.
La principal iniciativa para la planificación sobre la materia en el ámbito local es el Pacto de Alcaldías para el Clima y la Energía Sostenible, mediante el cual las entidades adheridas se comprometen con la estrategia política energética y climática de la Unión Europea y respaldan la implantación de los objetivos comunitarios en materia de clima y energía. A este plan se han adherido el 77% de municipios de más de 20.000 habitantes.
Cumplir los objetivos climáticos
El informe también señala que el 64% de las entidades fiscalizadas no han establecido beneficios fiscales en sus tributos, ni han aprobado ordenanzas dirigidas a impulsar actuaciones dirigidas a intervenir en el cambio climático, el ahorro y la eficiencia energética. Además, el 78% de los municipios de población superior a 50.000 habitantes de la muestra seleccionada disponía del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), si bien sólo el 23% cumplía con la totalidad de los requisitos fijados en la ley.
Con este panorama, la institución fiscalizadora recomienda que las entidades locales que no disponen de planificación deberían iniciar las actuaciones oportunas para asumir los compromisos de cumplimiento de los objetivos de política energética y climática de la UE, así como asignar a una unidad específica de su estructura administrativa las funciones y responsabilidades en materia de ahorro y eficiencia energética, dotándola con recursos suficientes.
