La frustración se apoderó del PP tras aquellas elecciones en las que todo soplaba a su favor frente a un Gobierno desgastado. La resistencia de los socialistas llegó más allá de lo que cabía esperar. Contra pronóstico, salvaron el envite y retuvieron el poder. Pero su euforia se desvaneció en unos meses. El PP no se resignaba y elevó el volumen de la oposición hasta lo ensordecedor, secundado por un batallón de incansables percusionistas mediáticos. La derecha disponía de munición poderosa: al partido en el poder comenzaron a crecerle escándalos cada día, y los tribunales tomaron un protagonismo de primer orden en la batalla política. El PSOE se abocó a un calvario. Más que gobernar, todo su tiempo se escurría en defenderse de terribles acusaciones.
Parece que hablamos de hoy, pero todo esto sucedió hace 30 años. Constituyó la agonía de lo que entonces se llamaba felipismo, etiqueta que, de modo muy parecido a su trasunto actual del sanchismo, intentaba evocar un modo de hacer política caracterizado como un compendio de vilezas. Aquello duró tres años y acabó con la carrera de Felipe González, que, en una ironía de la historia, hoy sirve de estandarte a los adalides del antisanchismo.
Obviamente, hay diferencias sustanciales entre lo sucedido a mediados de los años 90 y el clima de agitación de hoy. La principal, la magnitud de los escándalos. Los de entonces eran más numerosos y de una gravedad incomparable: terrorismo de Estado (GAL), financiación ilegal del PSOE (Filesa), festines cleptomaníacos de prominentes personajes del poder (Luis Roldán…). Hoy nos encontramos con un escándalo de una gravedad difícil de minimizar (el Koldo/Ábalos) y, tras él, un conjunto de nebulosas investigaciones judiciales en las que no se acaba de discernir cuál es la supuesta materia delictiva. Pero el cuadro general suscita un dejà vú e invita a recuperar aquel dicho de que la historia no se repite, pero rima.
Como entonces, el PSOE encabeza un Gobierno débil, a merced del apoyo parlamentario de nacionalistas catalanes y vascos. Y, como entonces, la agenda política ya no se decide en La Moncloa ni en el Congreso de los Diputados, sino en los tribunales de justicia y las redacciones de los medios. Al igual que hoy se registra un indudable activismo de algunos jueces en sumarios que dañan al Gobierno, en aquel momento se hizo célebre un grupo de fiscales de la Audiencia Nacional, conocidos como los “indomables”, abiertamente hostiles al Ejecutivo.
Un simple inventario de lo sucedido la última semana, previa al Congreso Federal del PSOE, muestra cómo Pedro Sánchez y los suyos están viviendo al albur de decisiones judiciales. Tanto es así que han sido esas actuaciones las que han desencadenado la dimisión fulminante del hasta ahora líder del PSOE madrileño, Juan Lobato. El jueves 21, se conoció la explosiva declaración del empresario Víctor de Aldama. El lunes 23, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga la presunta filtración de secretos del fiscal general del Estado, llamó a declarar, con una celeridad inusitada, a Lobato tras leer ese mismo día una información en Abc en la que este parecía implicar en el caso a un alto cargo de La Moncloa. También el lunes se hacía público un informe de la UCO de la Guardia Civil que otorga al máximo responsable del ministerio público, Álvaro García Ortiz, un papel “preeminente” en la filtración de documentos sobre la investigación fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso. El miércoles, una jueza de Badajoz llamaba a declarar como imputados a David Sánchez, hermano del presidente, y al líder del PSOE extremeño. El jueves, el juez Juan Carlos Peinado citaba a una asesora de La Moncloa por el caso de Begoña Gómez. El viernes, Lobato, ya dimitido, acudía al Supremo. Por el medio, Aldama concedía entrevistas y varios medios publicaban filtraciones de conversaciones privadas del mismo fiscal acusado de filtrar. Mientras, el PP hacía desfilar por la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado a tres ministros, en citas calculadamente señaladas para las vísperas del congreso socialista. “Una sincronización de cronómetros”, ironizó el senador de ERC Joan Queralt.
El festín del antisanchismo ha sido apoteósico. El PP concluía la semana con un comunicado —ahora se le llama “declaraciones de fuentes”— burlándose del congreso socialista bajo el título “Minuto e imputado”. “No hay tregua. Todos los días un escándalo”, proclama Alberto Núñez Feijóo con gesto estudiadamente grave, mientras los suyos destilan euforia. Entre la opinión conservadora se especula ya con la posible imputación del presidente y se trata de poner fecha al fin del sanchismo (cierto que algunos llevan años certificándolo). En el Parlamento, el líder de Vox, Santiago Abascal, manifiesta que solo se conformaría con verlo en la cárcel. Más comedida, la popular Cayetana Álvarez de Toledo ilustra al hemiciclo: “Un presunto delincuente [Aldama] tiene más credibilidad que un presidente. Claro que se trata de un presidente presunto”.
La número dos del Gobierno y del partido, María Jesús Montero, insistía este viernes a su llegada al congreso de Sevilla en que los socialistas están “tranquilos”. Es la manera que han encontrado de asegurar que al final se demostrará la falsedad de las acusaciones. Aunque así fuera, el trecho hasta entonces se presume largo. En él se atisban pocas señales tranquilizadoras para el PSOE. Sánchez ha perdido por completo la iniciativa y el control de la agenda política. Y nada indica que se pueda trastocar radicalmente a corto plazo. Entre otras cosas porque depende de agentes que escapan a la voluntad del Ejecutivo: los tribunales y los medios, dos instancias que se retroalimentan.
Seguir en las redes sociales al portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, es como abonarse a una revista de prensa del antisanchismo. No hay imputación de cualquier tropelía al Gobierno de la que no se haga eco Tellado, con independencia del medio que lo publique y de su veracidad. El hombre de confianza de Feijóo lo expresó semanas atrás con claridad ante los micrófonos de Federico Jiménez Losantos (un veterano de las batallas de los 90): “Nuestra obligación es acabar con este Gobierno lo antes posible y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance”. Estas últimas palabras traen a la memoria a Luis María Anson, exdirector de Abc, quien, años después de la ofensiva contra González, confesó que “se rozó la estabilidad del Estado” y se excusó: “No había manera de vencerlo con otras armas”.
Otro que sigue ahí tres décadas después es Miguel Ángel Rodríguez. Hoy en un papel más secundario, aunque suficiente para anunciar con antelación decisiones judiciales o amenazar al fiscal del Estado sin que nadie le tosa. Hasta ha acuñado un grito de guerra: “Pa’lante”.
