Cuando España aprobó la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, incluyó una medida para que todos los hijos y nietos de exiliados o emigrantes españoles pudieran acceder a la nacionalidad española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que la ley se aprobaba “para saldar la deuda de gratitud” con quienes se comprometieron con la democracia. “Vamos tarde, demasiado tarde”, afirmó. Dos años y medio después, 680.000 personas han atendido el llamado y han pedido la nacionalidad, principalmente en América Latina y en Miami (EE UU), según las cifras del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero los recursos para gestionarlas han resultado insuficientes y solo el 30% de esas solicitudes (200.364) han sido ya inscritas en los consulados españoles. Unas 3.800 han sido denegadas y el resto, casi 474.000, están pendientes, aunque los expedientes aprobados rozan los 320.000. La espera “superará varios meses y quizás años, ya que el número de solicitudes (…) excede con mucho la capacidad de procesarlas”, se lee en algunas de las respuestas que los consulados envían a los solicitantes. Fuentes de Exteriores alegan que se trata de cifras muy superiores a las presentadas al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007, antecesora de la actual, y que los plazos de tramitación son ahora mucho más reducidos, aunque su gestión suponga “un desafío” para la red consular.
El atasco ha provocado un aluvión de críticas ante el Defensor del Pueblo, como recoge en su último informe, presentado a finales de marzo. Parte del embotellamiento se produce en las inscripciones de los expedientes favorables ante los registros civiles consulares, que han sentido el “impacto” de las solicitudes de nacionalidad derivadas de la ley de 2022, según ese organismo.
Del total de solicitudes, alrededor del 40% se han presentado solo en Argentina, a través de los cinco consulados en ese país. Pero, según ha documentado EL PAÍS, hay dos lugares en los que se acumulan buena parte de los problemas: el consulado en São Paulo (Brasil), que tiene uno de los porcentajes de inscripción más bajos en relación con las peticiones que recibe, y el de La Habana (Cuba), el segundo en el que más peticiones se han presentado (solo superado por el de Buenos Aires).
50.000 solicitudes represadas en São Paulo
Bruno —quien ha pedido que no se publique su verdadero nombre— presentó su solicitud de nacionalidad en noviembre de 2023 en el Consulado General de España en São Paulo. Su padre había obtenido la nacionalidad en virtud de la ley de memoria, que estableció que los hijos de los beneficiarios también tenían derecho a obtenerla. Por ello, precisamente, la norma es conocida como ley de nietos. Pero, más de año y medio después, Bruno no ha obtenido respuesta. De las casi 55.000 solicitudes presentadas allí, apenas se han inscrito alrededor de 2.500, un 4,5%. Consulados que presentan un volumen de solicitudes similar, como el de Ciudad de México o el de Rosario (Argentina), tienen un porcentaje de inscripciones del 45% y 35% respectivamente.
El consulado de São Paulo resuelve las solicitudes en orden cronológico y actualmente está resolviendo las que se presentaron en julio de 2023, según las bases de datos que los solicitantes han ido construyendo a través de grupos en Telegram y de las respuestas que ha dado el consulado a algunos de solicitantes. Es decir, se están tramitando peticiones realizadas hace un año y ocho meses.
Una muestra del nivel de estancamiento son las respuestas que el consulado ha enviado a los interesados. En una de ellas, de mayo de 2023, advertía: “Mientras se mantenga la actual fuerza laboral de este consulado general, [la espera] superará varios meses y quizás años, ya que el número de solicitudes […] excede con mucho la capacidad de procesarlas de este consulado”.
Pero la legación ahondaba más en el problema y se quejaba ante el afectado: “Mientras algunos consulados de España han obtenido autorización para contratar con carácter temporal varias decenas de trabajadores para reforzar su capacidad de gestión de solicitudes, este consulado general ha debido hacer frente al incremento de trabajo con cuatro bajas en su plantilla, que ya era insuficiente antes de la entrada en vigor [de la ley]”. En el mismo correo, el consulado decía que, además de las solicitudes, había que añadir “las innumerables quejas por la lentitud en el procesamiento” de las peticiones.
En otra respuesta, un año después, el 20 de mayo de 2024, el consulado reiteró: “La capacidad [de la] que este consulado dispone para tramitar los expedientes de Registro Civil es infinitamente inferior al actual número de solicitudes de inscripciones”.
La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores,ha respondido al Defensor del Pueblo que este consulado “soporta una enorme presión por el elevado número de solicitudes recibidas” desde la entrada en vigor de la ley, “por lo que no es posible avanzar una fecha exacta para su tramitación”, según se lee en una comunicación enviada por la institución a uno de los afectados. “Sin embargo, [la dirección general] no informa sobre el personal del que se dispone”, afirmaba el Defensor del Pueblo en el documento, fechado este 11 de febrero.
Un año de espera para conseguir una cita en La Habana
Cualquier interesado que actualmente envíe al Consulado General de España en La Habana su petición para iniciar el trámite a través del correo electrónico habilitado para ello se encontrará con una respuesta automática: “IMPORTANTE: tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos tiempos de respuesta mayores. Es posible que reciba sus credenciales con una demora de HASTA 10 MESES”. Las credenciales que refiere el correo son un usuario y una contraseña para poder ingresar al sistema de petición de cita para llevar su expediente presencialmente al consulado.
Estela Marina Pérez, presidenta de la Asociación de Descendientes Españoles en el Mundo (ADEM), que ha seguido de cerca la situación en el consulado de La Habana, la considera “crítica”. “Estamos hablando de que las personas en Cuba están tardando un año en adquirir esa clave, para beneficiarse de una ley que es restringida, que tiene dos años de vigencia y que ya se ha prorrogado un año”. Esas personas que no han obtenido las credenciales ni siquiera están reflejadas aún en las 678.000 solicitudes que registra Exteriores, explica la abogada, pues no han podido formalizar su petición al no contar con una cita.
En seis meses, el 22 de octubre, finalizará el plazo para presentar las peticiones, que el Consejo de Ministros prorrogó un año en octubre de 2024, aunque el Ministerio de Exteriores explica que se ha desarrollado una herramienta que permite acreditar que la solicitud de cita previa se ha producido dentro del plazo de vigencia de la ley, con independencia de cuándo se produzca la comparecencia presencial ante la oficina consular. Esta herramienta se está aplicando en los consulados de Bogotá, Miami, Monterrey y Montevideo y está prevista su próxima implantación en La Habana, México y São Paulo, mientras que Buenos Aires dispone de su propio sistema, según las mismas fuentes.
La organización que preside Pérez ha presentado peticiones y quejas en ante distintos organismos. El 27 de junio pasado envió una carta al Consejo de Ministros en la que alertaba de la situación, cuando las demoras rondaban los siete meses de espera para la asignación de las credenciales. En el documento, la asociación denunciaba que había surgido “un mercado informal de venta de citas” con un valor que oscilaba entre 80 y 200 euros, llevado a cabo por presuntos gestores que “presumiblemente disponen de algún mecanismo o contacto que les permite hacerlo con facilidad”. Además, ADEM sostenía que la situación derivaba en “familias separadas e hijos que no pueden presentar sus credenciales”.
A las demoras se suma que hay al menos un millar de personas que habían presentado sus solicitudes entre enero y febrero de 2024, pero que por un fallo en el sistema no obtuvieron sus credenciales y la plataforma que las asigna las saltó para seguir con las solicitudes presentadas después. Este colectivo de afectados ha reclamado ante el consulado, pero este responde que no diseñó el sistema de citas “ni es competente para modificar su funcionamiento”, dice una de las respuestas. Por su parte, la gestora del sistema de citas, Bookitit, les ha respondido por correo electrónico: “Nosotros desarrollamos el software, pero no tenemos nada que ver con su configuración, ni gestión, ni nada tiene que ver con el envío de credenciales”.
La Subsecretaría de Exteriores ha asegurado al Defensor del Pueblo que una nueva herramienta informática “destinada a mejorar el sistema de solicitud de cita telemática para la presentación de solicitudes” está próxima a ponerse en marcha. Según ese departamento, la plataforma ya está en fase de pruebas en el consulado de España en Costa Rica.
La respuesta da cuenta también de que el consulado de La Habana ha cubierto “casi la totalidad” de las 42 plazas de personal existentes y ha incrementado entre 2024 y 2025 un 35% el número de efectivos que prestan servicio. “No obstante”, replica el Defensor del Pueblo, “a la vista de las numerosas quejas que continúan recibiéndose, se comprueba que el citado consulado sigue enfrentando problemas de carácter estructural que imposibilitan la resolución en tiempo y forma del número de solicitudes que se presentan”. Pese a ello, el consulado en La Habana ha logrado inscribir en los registros civiles consulares el 56% de las alrededor de 87.000 peticiones que ha recibido, el porcentaje más alto entre los que más solicitudes reciben.
Fuentes de Exteriores aseguran que las oficinas consulares más afectadas por la ley de Memoria Democrática se han reforzado con 150 plazas y se han creado tres puestos de cónsul adjunto para La Habana, México y Buenos Aires, medidas que se mantienen en la actualidad.
