El Ayuntamiento de Valencia ha concedido al Valencia CF la licencia de obras para reanudar las obras del nuevo Mestalla pero exigirá al club que se acabe el recinto en un máximo de 30 meses una vez se retomen los trabajos, y toda una serie de condiciones que, si se incumplen, harán que el club pierda los beneficios urbanísticos. La construcción del nuevo estadio se paralizó en 2009, hace 15 años.
El Valencia tiene ahora tres meses para presentar un proyecto de estadio para 70.000 espectadores y, si en seis meses no inicia las obras o una vez iniciadas las interrumpe, deberá presentar una garantía por el coste total de las obras. El Ayuntamiento iniciará además el proceso para caducar las licencias y pedir indemnizaciones por los convenios incumplidos.
El club deberá presentar a los tres meses de recibir la licencia el proyecto de ejecución del estadio visado por el colegio profesional, un estudio seguridad y salud, un escrito en el que se comprometa a no utilizar la construcción hasta que no esté concluida la obra de urbanización, y otro estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.
En el caso de que el club deportivo no constituyera la garantía financiera que pide el consistorio, este iniciará los expedientes administrativos necesarios para acordar la declaración de caducidad y extinción de la licencia de edificación del nuevo estadio; también la derogación del Plan de la Actuación Territorial Estratégica (ATE), aprobado por la Generalitat en 2015.
La derogación del Plan ATE supondrá la “eliminación de las plusvalías urbanísticas que este instrumento de planeamiento atribuyó a los terrenos propiedad del Valencia CF, lo que supondría la vuelta a la anterior ordenación urbanística.
Según fuentes municipales, con esta licencia condicionada se protege el interés de la ciudad por encima de todo y se blinda ante posibles incumplimientos del propietario del club, al tiempo que se evita que el Valencia CF puede aprovechar las plusvalías urbanísticas —que tendría reconocidas después del 3 de agosto— sin cumplir con la finalización de las obras del estadio.
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El club estaba a la espera de que el Ayuntamiento le conceda la licencia de obras que había solicitado para reanudar el estadio. El PP pide desde hace semanas a Vox, su socio en el Gobierno local de Valencia, y a la oposición, que aprueben las fichas para desatascar el problema pero el grupo de extrema derecha las ha rechazado hasta la fecha, y Compromís y PSPV-PSOE las vinculaban a la firma de un convenio y un aval. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) falló recientemente que el club había incumplido las condiciones de la Actuación Territorial Estratégica (ATE), una herramienta urbanística ventajosa para el promotor del proyecto.
