El Ayuntamiento de Valencia, dirigido por María José Catalá, del PP, no cerrará de forma inmediata los cuatro locales de la Marina, pero les insta a la entrega voluntaria, mientras tres de estos han pedido una solución consensuada entre las partes al expirar los alquileres y llegar a un acuerdo extrajudicial. La asociación Marina Premium reclama la normalización de la situación.
Los restaurantes de la Marina ubicados en la zona norte han comunicado que las actas de inspección o denuncias interpuestas en mayo por el Ayuntamiento y la Policía Local han quedado anuladas por el consistorio cumpliendo autos de juzgados de lo contencioso-administrativo de Valencia, según informa el bufete Chapapría-Navarro & Asociados, que representa a tres de los cuatro locales afectados.
La asociación empresarial Marina Premium ha indicado que los restaurantes Vlue Arribar, Camarote, Dos Lunas Beach y Destino Puerto podrán continuar con su actividad “sin presión policial”. Según señala esta asociación en un escrito firmado por su presidente, Ángel Brandez, la propuesta del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento “da la razón finalmente” a los locales y reconoce que de momento “son ocupantes legítimos y no okupas”, y asegura que los argumentos jurídicos que van a presentar en la sección Civil “les darán plenamente la razón”.
El Ayuntamiento ordenó el pasado 9 de mayo el cierre de los locales y la recuperación de los locales situados en la cubierta del aparcamiento anexo al edificio Veles e Vents de la Marina, de propiedad municipal, al expirar los contratos de arrendamiento con las mercantiles Restauración y Ocio Marersa S.L., Consuhostel, S.L., Dos Lunas Beach S.L. y Baolí Valencia S.L.
Las arrendatarias recurrieron esta decisión ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de Valencia y pidieron como medida cautelar la suspensión de la ejecución, que el juzgado aceptó al considerar que la actuación ordenada equivalía a “un desahucio administrativo” que no procede al tratarse de bienes de naturaleza patrimonial y la recuperación pretendida debía encauzarse a través de acciones judiciales civiles, según la resolución municipal.
En ella se resuelve que no procede la recuperación de oficio de la posesión de los locales por vía administrativa al tratarse de bienes patrimoniales cuyo contrato de arrendamiento ha expirado, e insta a las mercantiles a entregar de forma voluntaria los locales, con entrega de llaves y previa retirada de los bienes muebles, enseres o elementos instalados de su propiedad.
Marina Premium afirma que lo deseable es que se agilice por el órgano competente el proceso de licitación, “permitiéndoles continuar y pagando sus rentas como están cumpliendo, y evitando la degradación de las instalaciones e inseguridad del entorno”.
En este sentido, la asociación ofrece colaboración en el mantenimiento y la seguridad del entorno instalando cabinas portátiles de wc y reforzando la vigilancia y limpieza en las inmediaciones. Asimismo, espera la normalización de la relación con el Ayuntamiento a la espera de la resolución judicial “firme”.
Por su parte, tres de los cuatro restaurantes (Destino Puerto, Camarote y Dos Lunas) aseguran que seguirán abiertos hasta que un juzgado de lo civil dicte lo considerado oportunamente, y añade que estudian si procede solicitar indemnizaciones al consistorio por los daños causados, las anulaciones de compromisos en los restaurantes con ambientación musical, como así consta en la autorización y no pubs como “indebidamente se están afirmando”.
Agregan que la luz pública de la zona, dependiente del Ayuntamiento, sigue sin funcionar, así como tampoco los ascensores del aparcamiento, gestionado por Aumsa, y las cámaras de vigilancia, y piden se subsanen estas y otras deficiencias, según un escrito remitido a EFE por el bufete de abogados. rest
