El Boletín Oficial del Estado publica este lunes la “jubilación forzosa por edad” del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de casos de corrupción como Púnica, Lezo y Villarejo, y otras causas como la recientemente archivada sobre la plataforma independentista catalana Tsunami Democràtic. Este último caso, en el que se investigaba por terrorismo las protestas y disturbios registrados en Cataluña tras la sentencia del procés en octubre de 2019, han marcado la actualidad política y jurídica en los últimos meses. Especialmente desde noviembre de 2023, cuando García-Castellón decidió citar a declarar a los imputados: entre ellos, al expresidente Carles Puigdemont y a Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana. Unas actuaciones que se produjeron en plenas negociaciones sobre la amnistía y que el Gobierno y sus socios tuvieron muy en cuenta a la hora de elaborar esta ley.
La publicación hace efectivo el acuerdo del pasado 20 de junio adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y rubricada por su presidente, Vicente Guilarte. García Castellón, hasta hoy titular del juzgado central de instrucción número 6, cumplirá 72 años el próximo 16 de octubre, pero pidió adelantar su retiro y se ha hecho efectivo este 2 de septiembre. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece la jubilación forzosa de los jueces y magistrados a los 70 años, pero se puede pedir una prórroga de dos años. Y eso fue lo que hizo el magistrado de la Audiencia Nacional en 2022, con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Manuel García-Castellón tiene una dilatada trayectoria en la Audiencia Nacional, a donde llegó en 1993, en sustitución de Baltasar Garzón. Dos años después ordenó la detención del por entonces intocable banquero Mario Conde. En el año 2000 se marchó a Francia como juez de enlace y, tras 12 años en París y otros 5 en Roma ―nombrado primero por el Gobierno del PP y luego mantenido por el PSOE―, volvió a su puesto en Madrid cuando, en 2017, el juez Eloy Velasco pidió irse a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. A partir de ese momento se hizo cargo de importantes causas de corrupción como los casos Púnica, Lezo y Villarejo, en el que ha investigado decenas de piezas relacionadas con los negocios del comisario jubilado de la Policía Nacional José Manuel Villarejo.
También ha estado al frente de diversas causas de terrorismo como en la que propuso el pasado abril juzgar a cuatro exjefes de ETA por su presunta responsabilidad como miembros de la cúpula de la banda en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco en 1997, un crimen que precisamente le tocó investigar en su primera etapa en la Audiencia Nacional.
El pasado mes de julio, García-Castellón archivó el caso seguido por los disturbios de octubre de 2019 atribuidos a Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del procés, en el que figuraban diez personas investigadas, entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El juez acordó dicho archivo tras la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de declarar la invalidez de las diligencias en esta causa desde el 29 de julio de 2021 por un error en la prórroga de la instrucción, al no cumplir los plazos legales por acordarla 24 horas después del tiempo límite. Esto provocó que el Tribunal Supremo archivara la investigación contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg por sus vínculos con dicha organización.
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