Un cuarto de siglo después, los premios Goya volverán a Barcelona para su edición de 2026. La noticia no debería ser nada excepcional si tenemos en cuenta que tanto la Academia del Cine como el Ministerio de Cultura llevan años defendiendo una descentralización de los principales actos culturales que se celebran en España. Sevilla, Málaga, Valladolid, Granada ya han acogido los últimos años la gala de los premios, así que es lógico que Barcelona pueda hacer lo mismo. El anuncio coincidió ayer con nuevas informaciones sobre los planes del Banco de España para instalar en Barcelona parte de su departamento de Innovación para aprovechar sinergias locales con el Barcelona Supercomputing Center. Que la institución tenga un edificio medio vacío en plena plaza Catalunya de Barcelona no hace más que reafirmar lo lógico de tal apuesta.
Nunca faltan quienes ven en estos movimientos un cierto favoritismo, por no decir privilegio, por el simple hecho de que Barcelona pueda tener instituciones, actos o sedes que en algunas mentes deben estar en Madrid y solo en determinados barrios de Madrid. La consejera de Economía madrileña, Rocío Albert, no tardó ayer en calificar de “tontería” que el Banco de España pueda reforzar su presencia en Barcelona -algo, por cierto, que no está ni mucho menos cerrado- y que la entidad debe estar “donde siempre ha estado”, o sea, en la calle Alcalá de la capital. Estas críticas son muy parecidas a las que se han escuchado cada vez que un gobierno socialista ha abogado, por ejemplo, por trasladar el Senado a la capital de Cataluña para reforzar así su carácter de cámara de representación territorial.
Es evidente que se puede estar a favor o en contra de acoger en Barcelona un acto como los Premios Goya o la sede del Senado. Y es perfectamente defendible que es mejor centralizar todo en favor de una supuesta eficiencia. Pero ello debe estar en consonancia con el discurso que se haya mantenido en el pasado. Si el Partido Popular ha pretendido erigirse como único garante de la sacrosanta españolidad de Cataluña también ahora debería ser coherente y alegrarse porque algo tan español como el banco central pueda tener en Barcelona, segunda ciudad del país, parte de sus servicios.
Pero no hay que pecar de optimistas ni de inocentes. El Partido Popular tiene mucho trabajo por delante si un día decide dejar de ser una mera caja de resonancia de Vox en cuestiones tan lógicas (e inocuas) como que las lenguas propias de Cataluña, el País Vasco o Galicia, y perfectamente reconocidas en la Constitución, puedan ser utilizadas con normalidad en el marco de la Unión Europea. Que el partido de Alberto Núñez Feijóo invierta tiempo y energías en hacer descarrilar en Europa una propuesta de reconocimiento de la diversidad del país que pretende gobernar solo puede enmarcarse en una desorientación política alarmante. Algunos ven estas maniobras como un simple acto de anticatalanismo pero, en el fondo, lo que hay es antipatriotismo. Antipatriotismo español para ser exactos.
