Resulta inquietante que el Congreso se empecine en ningunear al Senado, cuando no en usurpar directamente sus funciones, para salvar a toda costa la tramitación de la ley de amnistía en los plazos que mejor puedan complacer a Pedro Sánchez y al separatismo catalán. El conflicto de atribuciones planteado por la Cámara Alta contra la arbitrariedad del Congreso de tramitar la amnistía como una proposición de ley, y no como un proyecto de ley –que habría sido lo lógico por el alcance de la cuestión– está causando un choque institucional inédito en democracia.
El Congreso está bordeando sistemáticamente la legalidad, y así lo constatan informes de la mayoría de sus letrados y la unanimidad de los del Senado. Pero el Gobierno ha decidido utilizar al Congreso como ariete contra toda aquella institución que cuestione o dude de la legalidad de la tramitación de la amnistía o de esa medida en sí. Es la enésima prueba del desprecio del Gobierno por la separación de poderes.
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