El Tribunal Constitucional ha evitado comprometer su criterio sobre la ley de amnistía en el encuentro que han mantenido su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y el secretario general, Andrés Gutiérrez, con la delegación de la Comisión de Venecia que hoy ha concluido su visita a España. El encuentro duró más de una hora y abordó numerosas cuestiones planteadas por los juristas de dicha comisión, que mostró tener un conocimiento detallado de los debates generados por la mencionada proposición de ley. Conde-Pumpido, en todo caso, dejó claro a la delegación que no se podía anticipar opinión alguna sobre aspectos de la ley que pudiera comprometer la actuación del tribunal, máxime en un momento en el que la redacción final de dicha iniciativa parlamentaria puede teóricamente sufrir cambios, ya que aún no ha sido aprobada y sigue su tramitación parlamentaria.
Los miembros de la Comisión —un órgano consultivo dependiente del Consejo de Europa— preguntaron entre otras cuestiones si el tribunal ha seguido con alguna preocupación las discusiones sobre la existencia o no de episodios de lawfare o utilización política e la justicia. La respuesta fue que esta cuestión forma parte del debate político en torno a la ley, algo en lo que el Constitucional no va a entrar. Se estableció en esto una diferencia con el Consejo del Poder Judicial, que ha hecho varios comunicados sobre el asunto y prepara un informe sobre la ley a petición del Senado. La delegación también quiso saber si el tribunal de garantías va a resolver en breve el recurso presentado contra la reforma del reglamento de esta cámara, promovida por el PP con el objetivo de no aplicar el trámite de urgencia. La contestación fue que muy probablemente la sentencia llegue cuando la ley ya haya pasado por el Senado, porque ahora acaban de iniciarse los pasos previos a la resolución, como la petición de informes a las partes.
El tribunal proporcionó a la Comisión una exhaustiva explicación sobre los recursos legalmente posibles contra la ley. En primer lugar, el recurso de inconstitucionalidad, contra todo su contenido, o contra aspectos concretos del texto. En segundo término, a partir de la cuestión de inconstitucionalidad, que pueden presentar los jueces que tengan en sus manos actuaciones derivadas del procés y que alberguen dudas a la hora de aplicar la ley. Los representantes de la comisión quisieron saber si una cuestión de inconstitucionalidad podría paralizar la aplicación de la ley. La respuesta fue que paralizaría el proceso que hubiera provocado la consulta, no todos los que estuvieran planteados sobre otros aspectos. Menos detallada fue, en cambio, la contestación a otra pregunta sobre los efectos que pudiera tener sobre los beneficiarios de la ley la hipótesis de que una vez aplicada prosperase algún recurso, porque no hay precedentes equiparables que ahora puedan ser tomados como referencia.
También preguntó la delegación sobre el recurso de amparo, en especial si lo planteara, por ejemplo, un ciudadano que hubiera sido lesionado por la Policía, en el caso de que el beneficiado por la amnistía fuera el agente que le hubiera provocado las lesiones. Quedó claro a este respecto que el amparo protege frente a la vulneración de los derechos propios, no como recurso para impugnar los beneficios que una determinada legislación pueda suponer para terceros. Esta figura es la que en la jerga del tribunal se suele conocer como contraamparo.
El Constitucional mantiene una intensa relación de intercambios con la Comisión de Venecia, sobre todo con respecto a la futura celebración del VI congreso internacional de órganos constitucionales. Este congreso tendrá lugar en España en 2025, con la participación de más de cien países.
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