A Jorge Clemente, decano de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (UCM), le van haciendo este miércoles preguntas que aspiran a provocar respuestas concretas. Convocado por el PP, está en la comisión impulsada por Isabel Díaz Ayuso para investigar el supuesto “trato de favor” recibido por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su relación profesional con el centro educativo en el que él trabaja. Pero Clemente se maneja con cautela. La razón, explica, es que ha sido objeto de una denuncia interna por supuesto acoso laboral al “pedir insistentemente información sobre el funcionamiento” de las cátedras extraordinarias que están en el centro de la polémica, y que puede derivar (o no) en que se le abra un expediente disciplinario. Y quizás por eso acaba haciendo dos confesiones que dificultan que el PP use su testimonio para desgastar al Ejecutivo de Sánchez a través de su mujer, investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional en su relación con la UCM.
—¿Tiene alguna relación concreta con el caso que nos ocupa?—, le preguntan, pues los estudios que coordinaba Gómez no están adscritos a su facultad.
—Nada. De ese caso de TSC [Transformación Social Competitiva] no tengo constancia. He preguntado, pero no he tenido respuesta—, contesta el decano, convocado a la comisión por el PP.
—¿Cree que Moncloa ha utilizado la marca UCM para realizar los negocios de Begoña Gómez?—, le insisten.
—Lo que yo crea… No puedo dar fe de lo que no sé—, responde.
Son dos frases que rebajan aún más el poco entusiasmo con el que el PP afronta la segunda jornada de una comisión marcada por su primera sesión, en la que Gómez guardó silencio, y el rector de la UCM, Joaquín Goyache, negó cualquier irregularidad en la relación de la esposa de Sánchez con la UCM.
Porque Clemente es uno de los comparecientes estrella del PP en la comisión. Le avalan, desde la perspectiva de los conservadores, los precedentes: este verano pidió la dimisión del rector de la UCM, Joaquín Goyache, por la falta de transparencia que a su juicio hay en el programa de cátedras extraordinarias, del que participó Gómez, que hasta el curso pasado figuraba en la web del centro educativo como codirectora de un Máster de Formación Permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro y de un Máster en Transformación Social Competitiva. En este último también aparecía como directora de la cátedra.
Pero Clemente arranca su comparecencia con una introducción: anuncia que la víspera ha tenido que declarar ante la Inspección de Servicios del centro universitario tras haber sido denunciado desde el Rectorado por solicitar “insistentemente” información sobre el funcionamiento de las cátedras extraordinarias adscritas a la citada facultad, lo que ha provocado, detalla, una denuncia por “acoso laboral” por parte de un vicerrector que dirige “varias cátedras extraordinarias”.
“Tengo muy claro lo que hay detrás”, dice, sin aventurarse a concretar lo que insinúa, es decir, que se le presiona para que deje de interesarse por cátedras como la que dirigía la mujer de Sánchez. En consecuencia, Clemente se maneja con prudencia. Y apenas deja una lista de peticiones, todas relacionadas con el caso Gómez, ninguna explícitamente vinculada con ella: “Limitar el número de cátedras que puede dirigir una misma persona; especialización del director o codirector; publicación del estado de cuentas y del informe de las cátedras vigentes cada año, que es obligatorio”.
Clemente recuerda que ha reclamado en diversas ocasiones la modificación del reglamento de la universidad en ese sentido. Una petición de reforma del texto vigente que es, por lo tanto, complementaria con las afirmaciones lanzadas por el rector Goyache en la primera sesión de la comisión, donde desmontó una a una las sospechas que vierten el PP y Vox sobre la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva impartida por Gómez (“todo fue absolutamente legal y regular”); negó cualquier trato de favor (“desde luego que no (…) no hubo presión”); y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente.
A la comparecencia del decano le siguen las de Ángel Arias, el rector de la Carlos III, y Amaya Mendikoetxea, la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), a los que llama Más Madrid. Son tres profesionales universitarios. Tres perfiles que alejan el foco de Gómez, y lo acercan al funcionamiento y la falta de financiación de las universidades públicas en Madrid, desdibujando la estrategia del PP de Díaz Ayuso, a falta de cuatro sesiones más (ampliables) para cerrar la investigación.
“Les está haciendo perder el tiempo”, ha lamentado Marta Bernardo, portavoz del PSOE en la comisión.
Una línea argumental que ha seguido la representante de Vox, Ana Cuartero: “Ha sido una sesión realmente perdida (…) Traer aquí rectores de universidades en las que no se conoce ninguna irregularidad relacionada con el caso que nos ocupa es simplemente permitir que se distraiga el objeto de la comisión y que por lo tanto no podamos avanzar en esclarecer los hechos”.
