Con el marchamo de país irreformable, Francia abre de nuevo el camino. Ya lo ha hecho múltiples veces en el pasado, desde que los afanes modernizadores de España se mimetizaron con París. Quizás vuelva el tiempo de los halcones, con sus exigencias de austeridad fiscal. Las fiestas se pagan y Francia parece haber llegado al límite de su grandeur. Con un déficit del 5,8% del PIB en 2024 y una deuda pública que alcanza el 114% del PIB –3.345 billones de euros, creciendo a 5.000 euros por segundo–, el Gobierno de François Bayrou propone un ajuste de 43.800 millones de euros. El plan incluye congelar pensiones; eliminar 3.000 empleos públicos; recortar gastos en sanidad, cultura y entes locales, además de suprimir festivos como el 8 de mayo, conmemoración de la victoria contra el nazismo.
El desdén de Trump hacia Europa también hay que pagarlo y, en este caso, obliga a un incremento del gasto en defensa de 3.500 millones, consecuencia de las crecientes tensiones globales. No me parece mal. Lo mínimo que hay que pedirle a unas fuerzas armadas es que sean operativas. Conflictos como el Ucrania con Rusia y el de Oriente Próximo justifican los profundos cambios que van a tener que asumir a todos los niveles –también industriales– los ejércitos occidentales. En un largo reportaje publicado en el último número de la revista The New Yorker, Dexter Filkins se preguntaba si los Estados Unidos están preparados para afrontar una guerra. Su análisis no invita al optimismo.
Francia –decía antes– abre el camino. España, con una deuda aproximada del 110% del PIB y un déficit proyectado del 3,5 % para 2025, parece encontrarse en una posición menos crítica. Pero es importante que nos fijemos en el verbo parece. Sin presupuestos públicos desde el arranque de la legislatura y con el anuncio de un acuerdo fiscal con Cataluña, esta aparente calma sólo puede definirse como engañosa. La presión demográfica sobre las pensiones, el elevado desempleo estructural y la vigilancia de Bruselas sugieren que los plazos se agotan. El presupuesto francés, diseñado para reducir el déficit al 4,6% en 2026 y al 2,8% en 2029, es un espejo en el que podemos vislumbrar nuestro futuro. Se acaba el tiempo de bonanza, con la sensación de vivir en una sociedad lastrada por las inercias de sus propias disfunciones.
En el norte, se augura un otoño caliente. España lleva años en estado de shock, enlazando una crisis política con otra, mientras se desmantelan las grandes infraestructuras de Estado. La llegada de recortes presupuestarios supondría una tormenta perfecta. La congelación de las pensiones, la simplificación administrativa y la reducción de las subvenciones son los pasos necesarios que sólo puede asumir un gobierno dispuesto a sacrificarse en el altar de la política. Aciertan los libertarios que exigen un ministerio dedicado exclusivamente a la desregularización de la economía. La austeridad y el reformismo deben ir siempre de la mano de la inteligencia y de un cierto sentido prudencial. Pero la ventana de oportunidad se acerca a su fin.
«La tentación de posponer lo inevitable es fuerte, como ha demostrado Sánchez en su afán por mantener el poder»
Por supuesto que la tentación de posponer lo inevitable es fuerte, como ha demostrado Sánchez en su afán por mantener el poder y contrarrestar las presiones de una coalición inestable. El mayor peligro no es tanto el económico como sus efectos en la identidad de una nación que ha aprendido a convivir con la ambigüedad moral y la precariedad.
El anuncio de la llegada de la austeridad en Francia no es una profecía, pero puede ser un presagio. Las decisiones que se tomen hoy en Madrid –reformas audaces o inercia– determinarán si el futuro traerá una corrección ordenada o una dolorosa fractura.
