El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo ha negado este lunes cualquier tipo de presión por parte del fiscal general del Estado para decidir si acusaba o no por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont dentro del caso Tsunami Democràtic, en el que se investigan las protestas en 2019 contra la sentencia del procés. “Desmiento haber recibido ninguna instrucción del fiscal general en relación con este asunto. Reitero: no recibí, no ya una instrucción, sino siquiera una mínima sugerencia por parte del fiscal general del Estado sobre la postura jurídica que debía asumir”, ha difundido a través de un comunicado.
El fiscal Redondo explica en el escrito cuáles fueron sus pasos para decidir que los hechos “provisionalmente no parecen revestir los elementos objetivos de un delito de terrorismo”, y ha reivindicado su trayectoria de 46 años al servicio del derecho “sin aceptar presión alguna de nadie”. “Este seguirá siendo mi único criterio de actuación”, ha señalado. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también ha desmentido que haya presionado a Redondo, ni a cualquier otro fiscal, y ha anunciado a través de otro comunicado un requerimiento formal a los medios que han difundido informaciones sobre las supuestas presiones “para que rectifiquen inmediatamente”, sin perjuicio de ejercitar otras acciones.
El fiscal Redondo debe pronunciarse sobre este caso después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haya solicitado al Tribunal Supremo que asuma la parte de la investigación que hace referencia a dos personas aforadas: Puigdemont, por su condición de eurodiputado, y Ruben Wagensberg, diputado del Parlament. La decisión que tome el Supremo sobre este asunto puede ser clave en la tramitación de la ley de amnistía y en las negociaciones entre el PSOE y Junts sobre el texto de la norma. De hecho, algunos de los escritos del juez García-Castellón ya han condicionado la redacción de la ley, que se tumbó en la primera votación del Congreso por la exigencia de Junts de amnistiar todos los delitos de terrorismo sin excepción, un extremo al que se opone el PSOE.
Como respuesta a las informaciones que han señalado que el fiscal vio terrorismo en los hechos que atañen a Puigdemont y cambió de criterio tras reunirse con el fiscal general, Redondo asegura que redactó su borrador “varios días antes” de ser recibido “en breve audiencia” por el fiscal general, algo que consta, según sus palabras en su “sistema informático”.
En un escrito de dos páginas, Redondo, fiscal de la sala de lo penal del alto tribunal, relata que recibió el encargo sobre este asunto el 23 de enero y que redactó “un primer borrador interno”, como documento de trabajo, sin carácter de documento procesal. Continúa diciendo que varios días después elaboró un borrador de ponencia para la junta de fiscales, en el que concretaba la posición que iba a sostener: “Los hechos no constituían concretamente un delito de terrorismo”.
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Su relato continúa diciendo que el 30 de enero se reunió en audiencia con el fiscal general del Estado y que le adelantó “someramente” el sentido del borrador de la ponencia. ”Se dio por enterado verbalmente, sin darme ninguna instrucción, y no consideró necesario recibir, como le ofrecí, y era totalmente procedente, siquiera una copia de dicho borrador”, añade.
Ese mismo día, según el fiscal, comunicó a “algunos compañeros” que estaban en la junta semanal ordinaria de la sección penal de la Fiscalía del Supremo que su “impresión jurídica” no coincidía con la del magistrado García Castellón “en dicho punto”, ya que, según las palabras de Redondo, “los hechos no parecen revestir los elementos objetivos de un delito de terrorismo”.
Una vez que supo que el asunto se iba a debatir en la reunión del martes, día 6, Redondo asegura que remitió el borrador por correo oficial a los fiscales de la junta, “como suele hacerse en los casos de extensión o complejidad jurídica”.
“Mi único criterio de actuación es y ha sido siempre la más estricta aplicación de la ley y la promoción de la justicia, desde la más absoluta imparcialidad y sin aceptar presión alguna de nadie, actuando en defensa de la ley, y cumpliendo además con rigor los principios éticos que deben orientar la actuación de los magistrados. Y este seguirá siendo mi único criterio de actuación”, puntualiza.
Los comunicados del fiscal del Supremo y de la Fiscalía General del Estado se han emitido a mediodía, de forma prácticamente simultánea. El texto suscrito por García Ortiz, de apenas media página, también niega “tajantemente” las informaciones que le atribuyen influencia sobre la decisión de Redondo. “El Fiscal General rechaza asimismo con total rotundidad cualquier insinuación que cuestione la profesionalidad y honorabilidad de los dos fiscales que, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, han informado sobre esta causa”, añade.
La Fiscalía General del Estado reclama una rectificación de esas informaciones “en defensa de la institución y de quienes la componen y del derecho fundamental a recibir una información veraz”, sin perjuicio de poder emprender otras acciones que resulten oportunas.
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