El Gobierno da por hecho que el PP no va a facilitar la acogida de los menores migrantes que se encuentran hacinados en Canarias y Ceuta. “Van a dar la batalla. […] No están por la labor […] Esto es obligado, es una ley”, alertaban fuentes gubernamentales el pasado jueves en el Congreso. La solidaridad es, efectivamente, obligatoria por ley, pero la beligerancia de los populares con este asunto ha puesto al Ejecutivo sobre aviso. Tras convalidarse el cambio de la ley la semana pasada en el Congreso, los diferentes ministerios implicados trabajan ahora en el reglamento con el que se definirán las condiciones y el proceso de reubicación de los niños, la letra pequeña de los traslados. Y ese texto, a cuyo borrador ha tenido acceso EL PAÍS, recogerá, según fuentes gubernamentales, los escenarios y las responsabilidades ante posibles incumplimientos.
Varios ministros llevan tiempo advirtiendo de que existen mecanismos de sobra para garantizar que se cumple la ley, pero la realidad es que las casuísticas pueden variar y hay que definir las respuestas para cada una. Por un lado, al menos seis comunidades gobernadas por los populares —Madrid, Galicia, Andalucía, Aragón, Castilla y León y Cantabria— han anunciado recursos de inconstitucionalidad contra la imposición del reparto. Es improbable que ese tribunal dicte medidas cautelares contra el interés de los menores, según fuentes judiciales, pero el recorrido jurídico de estos recursos es incierto. Por otro lado, independientemente de la batalla legal, puede haber incumplimientos que dejarían en un limbo a los menores en pleno traslado, desde que los responsables de la comunidad de destino no se presenten a recoger a los chicos o que no cumplan con las condiciones adecuadas de acogida.
El borrador de ese decreto ley que aprobará el Consejo de Ministros aún es muy preliminar y no contempla cuál será la respuesta si hay comunidades que se declaran en rebeldía, pero fuentes gubernamentales mantienen que esos escenarios, los mecanismos de respuesta y las responsabilidades que conlleva tienen que detallarse por escrito. “Es evidente”, mantienen, “el riesgo de conflictividad” que conlleva la medida.
El Gobierno ya había planteado que una de sus herramientas será la de interponer contenciosos contra las comunidades que se nieguen a asumir la acogida de los menores que les correspondan, pero fuentes gubernamentales también quieren involucrar a la Fiscalía en todo el proceso. El Ministerio Fiscal es el último garante de los derechos de los niños y puede actuar de oficio, la aspiración es que esté presente desde que se decide la reubicación de un menor hasta que llega a su nuevo centro de acogida. Otra cuestión importante para ese nuevo texto legal es plantear esas situaciones hipotéticas en las que la comunidad de destino no reciba al menor al llegar y, en ese caso, definir qué hacer y qué responsabilidad puede exigirse a la correspondiente administración o empleado público.
En los próximos días, los diferentes ministerios implicados (Política Territorial, Interior, Migraciones…) tendrán que enviar al Ministerio de Juventud sus aportaciones al texto. Por el momento, el borrador, de solo seis páginas, prevé que en una situación de contingencia migratoria, cada nuevo menor que llegue deberá ser entrevistado en un plazo de 48 horas por la comunidad autónoma y esta tendrá que elaborar un informe sobre su situación en otras 48 horas. El receptor de ese informe será el delegado o delegada del Gobierno, que será la persona competente para resolver los procedimientos y proponer las comunidades de destino según las plazas que tengan disponibles. La propuesta del delegado no es definitiva, sino que debe escucharse, en un plazo de tres días, al propio menor y a la comunidad a quien se le asignará su tutela. De hecho, es posible que el joven se oponga a esa reubicación y, en ese caso, se debería activar a la Fiscalía para que emita su informe en un plazo máximo de 48 horas.
La carrera de trámites es contra el reloj porque, en teoría, cada nuevo menor que llegue a una comunidad que haya declarado su situación de contingencia migratoria debe ser trasladado en solo 15 días. El resto de niños y adolescentes que ya se encuentren acogidos, pero que serán trasladados hasta que descongestionar la red de acogida, tienen, en cambio, un año de plazo para marcharse.
El borrador también define que la responsable de trasladar a los menores —de uno en uno o en grandes grupos— será de la comunidad que los acoge, aunque este criterio no coincide con conversaciones y acuerdos previos. Así constaba, por ejemplo, en el último acuerdo del Gobierno con Canarias con el que se pretendió aprobar un traslado extraordinario de 4.400 menores, dados los obstáculos para lograr una solución más coyuntural como la que se consiguió el pasado jueves. Está por ver si esa disposición se mantiene como está ahora. Tanto en Madrid como en Canarias se asumía que es el Estado (en este caso el Ministerio de Migraciones) el que tiene mayor capacidad logística para organizar estos viajes, como demuestra con los miles de traslados de migrantes adultos que hace cada año desde Canarias a la Península. Migraciones además mantiene diferentes acuerdos que mantiene con las compañías de transporte tanto aéreas como marítimas.
