Los gobiernos central y canario fijaron este jueves los criterios para un reparto extraordinario de 4.500 menores extranjeros que permanecen hacinados en las islas y en la ciudad autónoma de Ceuta desde hace meses, tras el fracaso en la modificación de la ley de extranjería por parte de ambos ejecutivos con la que pretenden hacer obligatorio estos repartos voluntarios entre las comunidades autónomas. Este nuevo acuerdo, sin embargo, ha vuelto a generar polémica porque incluye una nueva fórmula que tiene en cuenta el esfuerzo que la comunidad ha realizado para la acogida de menores no solo en la actualidad, también en los últimos años, lo que dejaría prácticamente fuera del reparto al País Vasco y Cataluña, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE.
Hasta ahora, los criterios que aplicaba el Ministerio de Infancia para la distribución de menores eran los que se aprobaron en la Conferencia Sectorial de 2022: población, renta per capita, el paro, el esfuerzo y la dispersión de la población. En el nuevo pacto, no obstante, se han incluido algunas de las medidas que los canarios acordaron con el PNV para fijar otro modelo de reparto. Aunque todavía no se han concretado cuáles serán finalmente, lo más seguro, según relatan las mismas fuentes, es que caiga el criterio de dispersión y se incluya un paquete en el que se tenga en cuenta lo que los vascos denominan el ‘efecto acogida’, esto es, la media de menores que tienen por cada 100.000 habitantes, y el ‘efecto solidaridad’, el histórico de acogida de los jóvenes extranjeros.
Unos cálculos que no excluirían totalmente a regiones como el País Vasco o Cataluña, pero sí dejarían el reparto de menores en algo testimonial, es decir, en un número muy pequeño de niños. Todo ello en un momento en el que el Gobierno necesita los apoyos parlamentarios de sus socios, PNV y Junts, no solo para aprobar esta iniciativa, sino muchas otras, tan importantes como sacar adelante los presupuestos generales. Por lo que desde la oposición, el Partido Popular, interpreta esta medida como un espaldarazo del Gobierno a vascos y catalanes, y ya han advertido de que no apoyará el modelo por ser «asimétrico e injusto».
«Se utilizan criterios políticos»
«Se utilizan criterios políticos para un reparto como si País Vasco y Cataluña no fueran España», critican los de Nuñez Feijóo. Este viernes, precisamente, la secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López, ha reivindicado el acuerdo justificando excluir a las dos comunidades autónomas porque, según ha dicho, los criterios planteados tienen en cuenta el número de menores que ya hay en los diferentes territorios. Sobre el rechazo del PP al modelo, López ha criticado que «no están para hablar» y ha vuelto a defender que el acuerdo con Canarias tiene en cuenta la cantidad de menores que ya hay en otros territorios de forma preexistente para que el reparto final «sea justo».
Lo cierto es que, dejando a un lado el plano político, los datos oficiales revelan que estas dos comunidades autónomas son las que han hecho un mayor esfuerzo para la acogida de menores en los últimos años, cuando no son territorios de entrada de la inmigración irregular. Cataluña, por ejemplo, cuenta con 4.000 plazas de acogida para menores, un millar más de lo que le corresponde. Del mismo modo, el País Vasco, con 1.500, tendría también 500 plazas por encima. De seguirse este criterio, Baleares sería otra de las regiones beneficiadas. Su sistema de acogida también se ha visto tensionado en los últimos años tras el aumento de las llegadas de Argelia. Los flujos migratorios se han triplicado en el último año.
En cualquier caso, el acceso a los datos sobre las plazas que tiene cada comunidad autónoma siempre han sido objeto de polémica por su difícil acceso. En principio, el Ministerio de Infancia tiene los datos actualizados de la capacidad que tiene cada región, pero siempre surgen conflictos sobre estos datos entre el gobierno central y los ejecutivos autonómicos. Por otro lado, antes de que se realice el reparto, el Gobierno también tendrá que decidir que porcentaje de importancia le da a cada criterio, es decir, si le da más importancia, como parece, a los criterios impuestos por el PNV o, por ejemplo, a la tasa de paro o a la renta per capita.
